Servicios de atención y 25.000 millones hasta 2015
La Ley de Dependencia creará un sistema de atención para las personas que no se valen por sí mismas, ahora más de un millón. La mayoría supera los 65 años. Este grupo de edad ya es más numeroso que el de los menores de 15 (17,1% de la población y 14,5%, respectivamente) en un país que envejece de forma creciente por el aumento de la longevidad y la escasa fecundidad. Ahora, el cuidado de las personas dependientes recae sobre todo en los parientes, especialmente en las mujeres. Sólo el 6,5% de las familias cuidadoras recibe ayuda social.
El sistema de atención incluirá servicios ya exist...
La Ley de Dependencia creará un sistema de atención para las personas que no se valen por sí mismas, ahora más de un millón. La mayoría supera los 65 años. Este grupo de edad ya es más numeroso que el de los menores de 15 (17,1% de la población y 14,5%, respectivamente) en un país que envejece de forma creciente por el aumento de la longevidad y la escasa fecundidad. Ahora, el cuidado de las personas dependientes recae sobre todo en los parientes, especialmente en las mujeres. Sólo el 6,5% de las familias cuidadoras recibe ayuda social.
El sistema de atención incluirá servicios ya existentes que habrá que multiplicar. Se trata de la ayuda a domicilio (ahora dispone de ella en torno al 3,1% de las personas mayores que la necesitan para el cuidado personal y del hogar, según los datos de 2004), la teleasistencia (cubre al 2%), las residencias (3,6%) y los centros de día (0,4%) y noche. Las personas con gran dependencia podrán contar con un asistente personal. La norma también prevé la posibilidad de que los cuidadores familiares perciban un sueldo por su trabajo, para lo que deberán darse de alta en la Seguridad Social.
En términos generales, todos los beneficiarios deberán abonar parte del coste de su atención. La ley, cuya entrada en vigor se prevé para 2007, estará plenamente operativa en 2015. Para esa fecha, se habrán desembolsado 25.000 millones de euros. Saldrán, a partes iguales, de los Presupuestos Generales del Estado y los de las comunidades autónomas, que podrán ampliar los servicios incluidos en la ley.
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