Los ecologistas denuncian que la fiebre urbanística amenaza todo el litoral
Greenpeace calcula que se están construyendo 1,5 millones de viviendas en la costa española
A veces parece que en la costa española no cabe un alfiler, pero según Greenpeace está en marcha la construcción de al menos 1,5 millones de nuevas viviendas. En su informe anual sobre las costas españolas, la organización ecologista subraya que la fiebre urbanística en el litoral sigue desbocada -este año se han concedido el doble de licencias que el año anterior- y amenaza todo el litoral, que cuenta con 286 "puntos negros". Después de recorrer los 8.000 kilómetros de costa que bañan el país, Greenpeace considera que "ninguna Administración pone coto a tanto desmán".
Costas indefensas...
A veces parece que en la costa española no cabe un alfiler, pero según Greenpeace está en marcha la construcción de al menos 1,5 millones de nuevas viviendas. En su informe anual sobre las costas españolas, la organización ecologista subraya que la fiebre urbanística en el litoral sigue desbocada -este año se han concedido el doble de licencias que el año anterior- y amenaza todo el litoral, que cuenta con 286 "puntos negros". Después de recorrer los 8.000 kilómetros de costa que bañan el país, Greenpeace considera que "ninguna Administración pone coto a tanto desmán".
Costas indefensas, enfangadas de aguas residuales y ahogadas en cemento y ladrillo. Es el diagnóstico de urgencia que ofrece Greenpeace en su último informe sobre el litoral español. El informe hace hincapié en la pobreza de medios para frenar la contaminación en un sector amenazado por la fiebre especuladora. La organización ecologista recuerda que el litoral español "se encuentra muy lejos de cumplir los requisitos que impone la directiva europea sobre depuración de aguas residuales. Ciudades como Ferrol, Algeciras o Benalmádena carecen de depuradora", sostiene María José Caballero, responsable de Costas de Greenpeace. Pero estas carencias no son privativas de un puñado de poblaciones. Forman parte de una realidad común que engloba a 99 localidades con vertidos contaminantes en su litoral. Un paisaje discontinuo "en el que el 13% de las aguas residuales urbanas e industriales se vierten al mar sin ningún tipo de depuración", denuncia Caballero. Precisamente es esta basura arrojada al mar, junto a otros factores, lo que explica el anunciado aumento de medusas en el Mediterráneo.
La Comunidad Valenciana y Andalucía son las que menos cuidan su costa "Y Murcia avanza también en una senda peligrosa. A pesar de que su parte sur tiene tramos no urbanizados, su Gobierno está impulsando planes de interés regional en zonas protegidas".
Greenpeace señala 286 puntos negros que amenazan con desfigurar completamente la costa. La Comunidad Valenciana concentra 57 puntos negros, Galicia 46 y Andalucía 40. El 90% de estos puntos negros lo constituyen agresiones urbanísticas. "Nos vendemos a base de sol y playa, sin incidir en la contaminación", afirma Caballero. "Por eso pedimos que no se aprueben planes urbanísticos sin cubrir antes sus necesidades de depuración".
En Destrucción a toda costa 2006, título del informe, los autores denuncian un crecimiento urbanístico "desaforado" que se extiende hasta el litoral gallego. El informe señala que en el último año se ha duplicado el número de viviendas previstas en la costa. Greenpeace ha contabilizado la aprobación de 1.479.000 nuevas viviendas, la mayoría de ellas (1.200.000), en la Comunidad Valenciana, Andalucía, Murcia y Galicia. Al mismo tiempo, rechaza la creación de 303 nuevos campos de golf, "convertidos en herramienta de la especulación", sostiene Caballero, "al estimarse que las viviendas en este entorno se revalorizan entre un 14 y un 40%", añade. Lo curioso es que "los males del Mediterráneo" y "la marbellización llegan a Galicia. Al amparo de la ley del Suelo aprobada en el periodo Fraga se han proyectado 600.000 nuevas viviendas, una desmesura. La Xunta anunció que revisará los planes, pero aún no lo ha hecho", sostiene Caballero. Sobre los 116 nuevos puertos deportivos proyectados o en ampliación, Greenpeace pide una moratoria mientras no existan documentos de planificación autonómicos visados por el ministerio de Medio Ambiente.