La eólica está que arde
Las autonomías quieren más parques de molinos de los que el sistema puede soportar
El sector eólico arde por todos sus costados. Las comunidades autónomas han descubierto los parques como semilleros de desarrollo rural. Quieren más de lo que el sistema eléctrico es capaz de soportar. Los promotores, que obtuvieron sustanciosos ingresos en 2005, están inquietos ante la actualización de las primas a esta energía que Industria prepara para antes de fin de año.
El 27 de junio de 2005, un tornado que atravesaba la Península entre Andalucía y Cataluña tumbó dos torres de alta tensión sobre la autovía Madrid-Valencia a la altura de Motilla del Palancar (Cuenca). Los sistema...
El sector eólico arde por todos sus costados. Las comunidades autónomas han descubierto los parques como semilleros de desarrollo rural. Quieren más de lo que el sistema eléctrico es capaz de soportar. Los promotores, que obtuvieron sustanciosos ingresos en 2005, están inquietos ante la actualización de las primas a esta energía que Industria prepara para antes de fin de año.
La generación por viento en 2005 tuvo un sobrecoste de 740 millones debido a la sequía, las paradas nucleares y la subida del crudo
El 27 de junio de 2005, un tornado que atravesaba la Península entre Andalucía y Cataluña tumbó dos torres de alta tensión sobre la autovía Madrid-Valencia a la altura de Motilla del Palancar (Cuenca). Los sistemas de seguridad de los parques eólicos de esa zona cortaron la corriente y la red eléctrica nacional se encontró súbitamente con una caída de tensión de 1.300 megavatios, el equivalente a dos centrales de generación. Media España se libró de quedar a oscuras porque una de las escasas interconexiones con Francia lo evitó.
El episodio fue el primer gran aviso de los parques eólicos al sistema eléctrico nacional. Son extremadamente sensibles y ante una pequeñísima alarma se desconectan de la red para proteger los aerogeneradores.
Cuando la potencia eólica era irrelevante la red lo aguantaba. Pero el año pasado fue excepcional. Los molinos de viento peninsulares sumaban más de 9.800 megavatios de potencia instalada y generaron 20.921 gigavatios/hora de energía, con un sobrecoste (por los incentivos a energías renovables) de 740 millones de euros debido a la sequía, las paradas de centrales nucleares y el incremento del coste de combustibles importados. Aportaron el 20% de la energía consumida. Fue el mejor año de la historia para sus promotores, pero ha desembocado en una crisis del sector que en estos momentos se encuentra al rojo vivo ante los criterios que fijará el Gobierno para la actualización de las primas y las protestas de las comunidades autónomas.
El modelo de fijación de precios previsto por el Gobierno del PP para el mercado energético se fue al garete con la subida del precio del crudo. Calculaba que los 36 euros serían el techo máximo del megavatio/hora cuando el coste real fue de 55, y es sobre ese precio sobre el que se fijan las primas de la eólica, que acude al mercado incentivada.
Simultáneamente, las comunidades autónomas de Cataluña, Andalucía y Galicia, todas gobernadas por el partido socialista, se han soliviantado contra el Ministerio de Industria, al que reprochan en público haber cercenado sus planes de expansión eólicos.
20.000 MW de más
El primer plan de promoción a las energías renovables elaborado por el PP se marcó como objetivo alcanzar 13.000 MW de potencia eólica instalada para el año 2010. La actualización de ese plan, aprobada por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero en agosto del año pasado, eleva el techo a 20.000 megavatios con una distribución indicativa y flexible por autonomías, en función de las disponibilidades técnicas de la red eléctrica y el desarrollo regional del sector. Como resultado de ese reparto, donde Cataluña preveía 3.000 MW, el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (dependiente de Industria) ha anotado 1.000; los de Galicia se reducían de 6.300 a 3.400 y los de Andalucía de 4.000 a 2.200. Las previsiones sumadas de los planes autonómicos superan los 40.000 MW, el doble de lo contemplado en el Plan de Energías Renovables.
Ante este diferencial, el secretario de Energía, Antonio Fernández Segura, declaraba el pasado día 10 en el Congreso que "los parques eólicos generan problemas a la estabilidad del sistema eléctrico que hay que tener en cuenta y que llevan a adoptar medidas para hacer compatible la incorporación masiva de estos parques como pretende la planificación (pasar de 13.000 a 20.000 MW en cinco años), con el funcionamiento seguro y fiable del sistema eléctrico". Fernández Segura cree que hay que resolver con urgencia la falta de tolerancia de las tres cuartas partes de los aerogeneradores a los huecos de tensión (su adaptación será obligatoria para los nuevos molinos) para poder llegar a los 20.000 previstos del plan.
Y en relación con las demandas de autonómicas, con las que se han mantenido tensas reuniones sin llegar a ningún acuerdo, afirmaba que es necesario corregir el "mal diseño" del sistema jurídico de autorizaciones. "Si no lo hacemos, no se podrán integrar en el sistema en 2011 esos 20.000 MW y, lo que es peor, pueden aparecer compromisos patrimoniales de las comunidades autónomas que no se podrán satisfacer con los promotores de energía eólica". En el uso de sus competencias, añadía, las autonomías pueden autorizar instalaciones que, agregadas, suponen cifras superiores a las que técnica y económicamente pueden asumirse, "pero no pueden decidir porque no ponen las primas. Si hay alguna comunidad u operadores que tienen interés en desarrollar proyectos eólicos no acogidos al sistema de prima, nada les impide que lo hagan".
Rezagadas
Las autonomías han descubierto en los molinos semilleros de puestos de trabajo y un acicate para el desarrollo rural, sin coste alguno. Algunas han tomado ventaja, como Galicia, Navarra o Castilla-La Mancha, y últimamente la Comunidad Valenciana. Andalucía se ha quedado rezagada mientras elaboraba su plan eólico y otras han rechazado los molinos de viento por su impacto visual, como Extremadura, Cantabria o Cataluña durante la etapa de Jordi Pujol.
Para los ayuntamientos es una fuente de riqueza sobrevenida. Aunque las cifras varían, cada molino de 1,5 MW supone unos ingresos medios de 4.734 euros anuales en concepto de arrendamiento durante 75 años (para un particular que cede el terreno algo menos de 4.000), sin contar con la primera licencia de instalación, que ronda los 3.000 euros por unidad.
El ejecutivo de una promotora eólica admite que el nuevo marco retributivo establezca un techo máximo a condición de que incluya también un límite por abajo. Reconoce que 2005 fue un año excepcional, sobre todo si se compara con 2004, que fue malo, pero advierte que hay que hacer inversiones para adaptar los viejos y cada vez funcionarán menos horas.