El fiscal recurre la absolución del alcalde de Castril por atentar contra el patrimonio
La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha recurrido la sentencia absolutoria dictada por un juzgado de Granada a favor del ex alcalde de Castril, Joaquín Fernández Romero (PSOE) y siete de sus concejales, quienes estaban acusados de un delito contra el patrimonio artístico por autorizar unas obras en un castillo que, supuestamente, afectaron a un yacimiento arqueológico. En su escrito de acusación, el fiscal insiste en que los daños causados en la zona son "irreparables y de trascendencia penal".
Los hechos se remontan a 1999, cuando el edil del Grupo Independ...
La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha recurrido la sentencia absolutoria dictada por un juzgado de Granada a favor del ex alcalde de Castril, Joaquín Fernández Romero (PSOE) y siete de sus concejales, quienes estaban acusados de un delito contra el patrimonio artístico por autorizar unas obras en un castillo que, supuestamente, afectaron a un yacimiento arqueológico. En su escrito de acusación, el fiscal insiste en que los daños causados en la zona son "irreparables y de trascendencia penal".
Los hechos se remontan a 1999, cuando el edil del Grupo Independiente Juan José López denunció al equipo de gobierno por adjudicar unas obras para la construcción de un mirador y un paseo en un castillo medieval protegido. Los trabajos, según la denuncia, carecían de licencia municipal y no contaban con la autorización de la Consejería de Cultura. Pero en su sentencia absolutoria, el juez señalaba que los informes realizados por expertos de la Universidad de Ganada, la Diputación y la Consejería de Cultura no arrojaban "como resultado concluyente" que las obras dañaran el yacimiento.
El fiscal, que pedía año y medio de prisión para los acusados, señala, sin embargo, que tanto la necesidad de protección del entorno como la intervención de todos los ediles como autores de los hechos ha quedado "suficientemente acreditada". El fiscal recuerda que el gobierno aprobó anular el expediente de declaración de Bien de Interés Cultural de la zona. El Ministerio Público advierte, además, que el asunto cobra una "especial gravedad" dada la "innecesariedad y falta de sentido de la obra".