Álava y la 'acción directa' del Gobierno

La diputada de Asuntos Sociales alavesa, Ainhoa Domaica (PP), fue ayer especialmente crítica con la "invasión de competencias" que acusó al Gobierno de practicar al amparo de la denominada acción directa, una previsión de la Ley de Territorios Históricos, que usa "de modo expansivo", sin coherencia ni motivo, dijo, salvo el de "dar competencias" al departamento que dirige Javier Madrazo (IU).

Domaica exigió que la nueva ley clarifique el margen de intervención de la administración general y prevea además un mecanismo efectivo de consulta previa a las administraciones foral y loca...

La diputada de Asuntos Sociales alavesa, Ainhoa Domaica (PP), fue ayer especialmente crítica con la "invasión de competencias" que acusó al Gobierno de practicar al amparo de la denominada acción directa, una previsión de la Ley de Territorios Históricos, que usa "de modo expansivo", sin coherencia ni motivo, dijo, salvo el de "dar competencias" al departamento que dirige Javier Madrazo (IU).

Domaica exigió que la nueva ley clarifique el margen de intervención de la administración general y prevea además un mecanismo efectivo de consulta previa a las administraciones foral y local cuando pretenda ejercer la acción directa de ejecución en materias que no le son propias. La responsable alavesa demandó también que incluya "compromisos financieros claros, suficientes y estables" para gastos, como el sanitario de la red social, que financian hoy en solitario las diputaciones.

Aunque en un tono menos reivindicativo, la diputada foral de Política Social, Esther Larrañaga, coincidió en las críticas generalizadas a la actual ley, de 1996, y a los decretos que la desarrollaron, considerados insuficientes. La ley, dijo, "ha tenido un escaso desarrollo" y las instituciones competentes han padecido una situación de "vacío legal que hemos ido llenando con actuaciones propias". Ello ha generado diferencias notables entre territorios. También destacó como "chocante" que se dé tanta importancia a los servicios sociales de base, prestados por los ayuntamientos, pero falte un decreto que los desarrolle, una responsabilidad del Gobierno.

Larrañaga pidió que la ley que se elabore vaya acompañada de una memoria económica que cuantifique su coste y la aportación de cada administración, cosa que no ocurrió con la ley vigente de 1996 ni con los decretos posteriores. La diputada citó como ejemplo que el decreto del Gobierno de adecuación de los centros residenciales ha costado a su territorio 52 millones de euros.