El Gobierno disuelve el Ayuntamiento de Marbella por "gestión gravemente dañosa"

Nueve días después de que la Operación Malaya contra la corrupción llevara a la cárcel a la alcaldesa, a la primera teniente de alcalde y al asesor de urbanismo de Marbella, entre otras personas, el Consejo de Ministros aprobó ayer un real decreto por el que se disuelve ese Ayuntamiento. El Gobierno justifica la decisión, sin precedentes en la España constitucional, en las "sistemáticas" ilegalidades urbanísticas y en la judicialización de la política marbellí. La medida entrará en vigor hoy mismo con la publicación del decreto en el Boletín Oficial del Estado.

La Ley de Bases de...

Nueve días después de que la Operación Malaya contra la corrupción llevara a la cárcel a la alcaldesa, a la primera teniente de alcalde y al asesor de urbanismo de Marbella, entre otras personas, el Consejo de Ministros aprobó ayer un real decreto por el que se disuelve ese Ayuntamiento. El Gobierno justifica la decisión, sin precedentes en la España constitucional, en las "sistemáticas" ilegalidades urbanísticas y en la judicialización de la política marbellí. La medida entrará en vigor hoy mismo con la publicación del decreto en el Boletín Oficial del Estado.

La Ley de Bases del Régimen Local contempla la disolución de ayuntamientos "en el supuesto de gestión gravemente dañosa para los intereses generales", y la Ley Orgánica de Régimen Electoral General establece que, tras la disolución, una Comisión Gestora nombrada por la Diputación provincial regirá el municipio, en este caso hasta las próximas elecciones municipales del 27 de mayo de 2007. No obstante, hasta que se designe a los miembros de este órgano de excepción, la actual Corporación gobernará en funciones, aunque sólo podrán ocuparse de los asuntos de gestión ordinaria de la ciudad.

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, consideró ayer que lo ocurrido en Marbella "además de intolerable es realmente penoso porque erosiona la tarea de los servidores públicos", aunque subrayó que lo que sucede en el municipio "no es general, sino excepcional". El proceso de disolución del Ayuntamiento de Marbella se inició el pasado martes a petición del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía y cuenta con el visto bueno unánime del Senado y de la Comisión Nacional de Administración Local.

Ilegalidad sistemática

El Ejecutivo se apoya en tres argumentos para tomar esta drástica medida. En primer lugar, considera que la actual Corporación contraviene de forma "sistemática" la legalidad en el otorgamiento de licencias urbanísticas y muestra una "absoluta falta de colaboración" con la Junta de Andalucía al "desatender sus numerosas solicitudes y requerimientos".

El segundo motivo que aduce el Consejo de Ministros es "la inactividad del Ayuntamiento ante los distintos requerimientos judiciales para la paralización de obras [ilegales]". Además, se citan otras "irregularidades" como permutas y enajenaciones de inmuebles contrarias a la legalidad.

El tercer pilar de disolución es la "compleja y delicada situación" provocada por la judicialización de la vida política de Marbella. El Gobierno recuerda que en los quince años en que el GIL ha regido la localidad, dos alcaldes (Jesús Gil y Julián Muñoz) y varios concejales han sido inhabilitados para cargo público.

Finalmente, la operación Malaya ha precipitado todo. En esta actuación policial se destapó una trama de corrupción municipal supuestamente encabezada por el ex gerente de Urbanismo, Juan Antonio Roca, y en la que, según la Policía, participaban la alcaldesa, Marisol Yagüe; la primera teniente de alcalde, Isabel García Marcos; y el concejal de Tráfico, Victoriano Rodríguez, todos ellos en prisión. Además, otros ocho imputados están encarcelados y otras trece personas se encuentran en libertad con cargos, seis de ellas bajo fianza. La investigación, iniciada en noviembre de 2005, por el magistrado Miguel Ángel Torres, sigue abierta. Desde 1992, Juan Antonio Roca ha amasado una fortuna difícil de calcular, pero que el ministro del Interior, José Antonio Alonso, cifró en 2.400 millones de euros. La Agencia Tributaria ya analizó en 2003 las cuentas de Roca, después de que la Fiscalía Anticorrupción percibiera que su patrimonio era sospechosamente extenso, pero no encontró nada irregular.

El presunto cerebro de la red de favores y comisiones urbanísticas solicitó ayer al Juzgado número cinco de Marbella, que instruye el caso, permiso para salir de prisión y poder acudir al sepelio de su padre, que murió ayer sobre las cinco de la madrugada, informa Tono Calleja.

Juan Roca padre falleció en Valencia como consecuencia de una larga enfermedad, según confirmaron fuentes cercanas a la familia. Al cierre de esta edición, la dirección de la cárcel de Alhaurín de la Torre estaba a la espera de recibir el permiso de salida de Juan Antonio Roca y sus medidas de custodia.