El Gobierno lleva al Constitucional el impuesto medioambiental de Aragón

El Consejo de Ministros decidió ayer plantear un recurso de inconstitucionalidad contra el impuesto que aprobó el Gobierno de Aragón el pasado 30 de diciembre para penalizar los efectos medioambientales de las grandes superficies de distribución, los hipermercados. Los daños se refieren a la gran concentración de coches en los alrededores de los grandes centros.

El Gobierno considera que ese impuesto no se ajusta a la Constitución y estima que las actividades comerciales de los grandes centros no generan por sí mismas daños medioambientales.

Fuentes de la Asociación nacional de G...

El Consejo de Ministros decidió ayer plantear un recurso de inconstitucionalidad contra el impuesto que aprobó el Gobierno de Aragón el pasado 30 de diciembre para penalizar los efectos medioambientales de las grandes superficies de distribución, los hipermercados. Los daños se refieren a la gran concentración de coches en los alrededores de los grandes centros.

El Gobierno considera que ese impuesto no se ajusta a la Constitución y estima que las actividades comerciales de los grandes centros no generan por sí mismas daños medioambientales.

Fuentes de la Asociación nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged) señalaron ayer que este impuesto de Aragón "es inconstitucional, recaudatorio, sancionador, confiscatorio y daña gravemente la competitividad de las empresas". Según esas fuentes, es inconstitucional porque el hecho imponible coincide con el IBI (la denominada contribución) y el IAE (impuesto de actidades económicas).

Según entiende Anged, no se pueden fijar impuestos sobre hechos imponibles ya gravados por el Estado, ni en materia reservadas a las Corporaciones Locales. Según la patronal de grandes superficies, la figura inpositiva que intenta poner Aragón es discriminatoria ya que grava a las grandes superficies por la afluencia de vehículos pero se excluyen otros tipos de comercio y actividades en las que concurren las mismas circunstancias de concentración de vehículos.

No es el primer problema que tienen los Gobiernos autónomos en este terreno de los impuestos que tratan de implantar en sus territorios. Hasta ahora hay aprobado impuestos especiales para grandes superficies en Cataluña, Navarra y Asturias. En los tres casos hay planteados recursos ante el Constitucional que han sido admitidos a trámite. En Navarra, aunque se aprobó, no se aplica. Sí se aplica en Cataluña y Asturias. Según fuentes de Anged, la tributación adicional que soportan las empresas de gran distribución en Cataluña y Asturias superan los 20 millones de euros al año. El impuesto de Aragón ofrece la novedad de que aduce motivos medioambientales.