CiU planeó una campaña para mejorar resultados en barrios con inmigración
El proyecto, de 1993, no cuajó, aunque se realizó una encuesta a 3.000 ciudadanos
El Gobierno de CiU, preocupado por atraer los votos de los barrios de Cataluña de mayoría inmigrante, encargó en 1993 la elaboración de una estrategia para mejorar sus resultados electorales en esas zonas. El proyecto, que suponía un gasto de más de 20 millones de pesetas, no cuajó, pero dos años después -en 1995- se realizó un sondeo de gran envergadura en los barrios con presencia de Adigsa, la empresa de gestión de la vivienda pública.
Los barrios catalanes de mayoría inmigrante -Sant Roc, en Badalona; Arraona, en Sabadell; Sant Cosme, en El Prat; Torreforta, en Tarragona; Salipota, ...
El Gobierno de CiU, preocupado por atraer los votos de los barrios de Cataluña de mayoría inmigrante, encargó en 1993 la elaboración de una estrategia para mejorar sus resultados electorales en esas zonas. El proyecto, que suponía un gasto de más de 20 millones de pesetas, no cuajó, pero dos años después -en 1995- se realizó un sondeo de gran envergadura en los barrios con presencia de Adigsa, la empresa de gestión de la vivienda pública.
Los barrios catalanes de mayoría inmigrante -Sant Roc, en Badalona; Arraona, en Sabadell; Sant Cosme, en El Prat; Torreforta, en Tarragona; Salipota, en Súria, y Trinitat Nova, Governador, Polvorí, el Turó de la Peira y la Via Trajana, en Barcelona- tenían preocupados a los gobiernos de Convergència.
Los ejecutivos de Jordi Pujol efectuaron allí, a lo largo de los ochenta y los noventa, inversiones considerables en la construcción, administración y gestión de la vivienda pública. Inversiones que hubieran deseado ver recompensadas en votos.
Algo no iba bien pues, en febrero de 1993, el departamento de Presidencia del Gobierno catalán encargó a una consultora la elaboración de un proyecto para mejorar su presencia en esos barrios catalanes. El presupuesto de la iniciativa rozaba los dos millones de pesetas por barrio o distrito, lo que hubiera costado a las arcas públicas más de 20 millones. Finalmente, el proyecto no se aprobó.
El planteamiento del estudio establecía la voluntad de "evaluar" el impacto de la inversión de "cantidades importantes de recursos" en aquellos barrios que nacieron en torno a la inmigración de los sesenta. Los ejecutivos de CiU tenían en cuenta que en ellos las fuerzas políticas que gobernaban la Generalitat habían tenido "menos apoyo que otras fuerzas". El proyecto tenía la vista puesta en la siguiente cita electoral.
El estudio pretendía determinar en cada barrio el grado de popularidad de las acciones del Gobierno, las simpatías políticas de sus habitantes y el sentimiento ciudadano respecto a las instituciones, con el fin de elaborar un plan estratégico de penetración ideológica. También resultaba fundamental conocer las impresiones sobre la imagen tanto del presidente Pujol como del resto de su Gabinete.
3.000 encuestados
El proyecto se frustró, pero en julio de 1995 se elaboró un estudio sociológico de gran envergadura de los barrios gestionados por Adigsa, con una muestra telefónica de 3.000 personas.
Según se detalla, el 50% de los encuestados no habían nacido en Cataluña. De éstos, el 28,5% eran naturales de Andalucía. Casi el 70% de estos inmigrantes aseguraban desear retornar a su lugar de origen, por añoranza de los familiares que dejaron allí y por considerar que la calidad de vida era inferior en Cataluña.
Muy pocos de los que habitaban estos barrios marginales tenían el catalán como lengua materna, lo que podía suponer un problema para la cristalización del ideario nacionalista de CiU: concretamente el 18,4%. El 67,4% restante se expresaba siempre en castellano, mientras que el 13,9% utilizaba ambas lenguas indistintamente sin problemas. La cuestión lingüística se cerraba con la pregunta de si la lengua representa un problema en la convivencia: el 77,3% opinaba que no y el 18% que sí.
Aunque el 50% de los vecinos de estos barrios habían nacido en Cataluña, tan sólo el 10,3% se consideraban únicamente catalán. La mayoría, el 39,7%, se sentían tan españoles como catalanes.
Con vistas a las elecciones autonómicas también se rastreó la intención de voto. El 44,4% de los consultados no sabían si acudirían a las urnas o no tenían el voto decidido. El 19,4% pensaba votar a CiU, el 14,9% al PSC, y el PP sólo recogía el 3,9% de los votos.
La institución más valorada por los encuestados era la Generalitat, con una nota media de 7. Tanto el Gobierno central como los sindicatos recibían un suspenso. Pasqual Maragall se revelaba como el líder político más apreciado, seguido de Jordi Pujol.