La polémica de los estudios y sondeos

80.000 viviendas públicas

Adigsa es la empresa pública que gestiona las viviendas sociales del Gobierno catalán. El parque de que dispone ahora es de 80.000 pisos. En buena parte, sus bloques proceden de los traspasos a la Generalitat de las viviendas del Gobierno central, no siempre construidas a gusto de sus habitantes.

El traspaso de Adigsa al Gobierno catalán se produjo en 1985. El parque de viviendas era entonces de 60.000 y se ha ampliado con las construidas desde entonces por el Instituto Catalán del Suelo (Incasol).

Un informe de la propia Adigsa señala que una parte importante de estas viviendas ...

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Adigsa es la empresa pública que gestiona las viviendas sociales del Gobierno catalán. El parque de que dispone ahora es de 80.000 pisos. En buena parte, sus bloques proceden de los traspasos a la Generalitat de las viviendas del Gobierno central, no siempre construidas a gusto de sus habitantes.

El traspaso de Adigsa al Gobierno catalán se produjo en 1985. El parque de viviendas era entonces de 60.000 y se ha ampliado con las construidas desde entonces por el Instituto Catalán del Suelo (Incasol).

Un informe de la propia Adigsa señala que una parte importante de estas viviendas se hallaban en una situación de deterioro creciente debido al paso del tiempo, pero también a los deficientes materiales utilizados en su construcción y a la falta de un mantenimiento adecuado.

En 1997, los responsables de Adigsa consideraron que las actuaciones necesarias exigirían, como poco, una inversión de unos 472 millones de euros. Ese mismo año se firmó un convenio con diversas asociaciones de vecinos para llevar a cabo esas inversiones.

Pero las deficiencias eran también de otro tipo. Había un grave déficit de equipamientos y de servicios en los polígonos donde se erigían los bloques, además de una notable falta de transporte público. En algunos casos el proceso de urbanización no había sido completado y en otros era casi inexistente.

Para colmo de males, no había un control jurídico ni económico de las viviendas, de modo que era muy difícil recuperar las que quedaban vacías. Con frecuencia se constataba la existencia de un mercado negro del que la Administración quedaba al margen por pura ignorancia.

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La vivienda dependía, en el organigrama de los gobiernos de CiU, del Departamento de Política Territorial, pero las de Adigsa, es decir, la vivienda social, fue a parar a Bienestar Social, cuyo titular, Antoni Comas, y un entonces joven pero decidido director general, Felip Puig, asumieron el papel de promover la penetración de CiU en los barrios obreros más deprimidos a golpe de convenio. Cuando Felip Puig fue nombrado consejero de Política Territorial, Adigsa se fue con él a ese departamento.

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