El PSE ofrece a Madrazo pactar las ayudas a las víctimas de Franco

El parlamentario socialista Jesús Loza retiró ayer la proposición no de ley que había presentado en comisión su partido sobre las ayudas a las víctimas del franquismo con el objetivo de que el Departamento de Asuntos Sociales, que dirige Javier Madrazo, se avenga a negociar las "líneas maestras" que regulen estas ayudas. Ese pacto, que flexibilizaría los requisitos en el caso de los represaliados que estuvieron en batallones de trabajo, haría innecesario redactar un nuevo decreto, cuya tramitación obligaría a retrasar el cobro de las indemnizaciones a un colectivo formado por personas muy mayo...

El parlamentario socialista Jesús Loza retiró ayer la proposición no de ley que había presentado en comisión su partido sobre las ayudas a las víctimas del franquismo con el objetivo de que el Departamento de Asuntos Sociales, que dirige Javier Madrazo, se avenga a negociar las "líneas maestras" que regulen estas ayudas. Ese pacto, que flexibilizaría los requisitos en el caso de los represaliados que estuvieron en batallones de trabajo, haría innecesario redactar un nuevo decreto, cuya tramitación obligaría a retrasar el cobro de las indemnizaciones a un colectivo formado por personas muy mayores.

Loza realizó este "gesto de buena voluntad", como lo definió, en la Comisión de Trabajo y Acción Social de la Cámara vasca, para que el nuevo decreto garantice "la dignidad" de este colectivo y, sobre todo, permita a las víctimas cobrar cuanto antes las ayudas comprometidas para quienes acrediten haber estado en batallones de trabajo durante la dictadura franquista.

El parlamentario socialista, ya en los pasillos de la Cámara, lamentó que pese a los 10,2 millones de euros reservados en los presupuestos de 2006 para este objetivo, "después de un mes aún no se haya puesto en práctica" la concesión de las ayudas.

El decreto que Asuntos Sociales aprobó a finales de 2002, ejecutado en dos fases, alcanzó a un total de 3.064 personas de los más de 8.000 solicitantes, con un importe global de indeminizaciones de 24.910.200 euros. El 14 de diciembre pasado, el Parlamento vasco aprobó una proposición no de ley con los votos del tripartito, Aralar y EHAK para exigir al Gobierno central que indemnice por los batallones de trabajo.