El acuerdo eleva la cesta de impuestos y redefine la solidaridad

Mayores porcentajes de los grandes impuestos para las comunidades -y, por tanto, más autonomía tributaria-, cambios en la solidaridad interterritorial y mayores inversiones del Estado en Cataluña. Ésas son las grandes novedades en materia de financiación autonómica que se incluirán en el Estatuto catalán. El acuerdo supone una vuelta de tuerca al actual sistema: el Estado cede a Cataluña un porcentaje superior de IRPF (del 33% actual al 50%), IVA (del 35% al 50%) e impuestos especiales (del 40% al 58%) y redefine algunos aspectos de los mecanismos de solidaridad para impedir que el modelo alte...

Mayores porcentajes de los grandes impuestos para las comunidades -y, por tanto, más autonomía tributaria-, cambios en la solidaridad interterritorial y mayores inversiones del Estado en Cataluña. Ésas son las grandes novedades en materia de financiación autonómica que se incluirán en el Estatuto catalán. El acuerdo supone una vuelta de tuerca al actual sistema: el Estado cede a Cataluña un porcentaje superior de IRPF (del 33% actual al 50%), IVA (del 35% al 50%) e impuestos especiales (del 40% al 58%) y redefine algunos aspectos de los mecanismos de solidaridad para impedir que el modelo altere, después de su aplicación, el ranking de renta per cápita entre comunidades.

Mayor participación de Cataluña en los principales impuestos y una agencia tributaria catalana para los impuestos que ya gestiona, relacionada con la estatal por la vía del consorcio. Esas son las líneas maestras del nuevo sistema de financiación que se incluirá en el Estatuto catalán, amén de una redefinición de los criterios de solidaridad entre las comunidades autónomas y de una mayor inversión estatal en Cataluña para paliar el actual déficit en infraestructuras.

La cesta de impuestos cedidos se eleva en los casos del impuesto sobre la renta (que pasa del 33% al 50%), el IVA (del 35% al 50%) y los impuestos especiales (del 40% al 58%), pero finalmente no incluirá el impuesto de sociedades, a diferencia de lo que reclamaba la redacción inicial del proyecto estatutario. Los porcentajes de estos impuestos cedidos se incluirán en una disposición adicional para que cualquier modificación no obligue a reescribir el Estatuto. El incremento en los porcentajes "permitirá a Cataluña gestionar la mayoría de los impuestos que se recaudan en la comunidad", a diferencia de lo que ocurría hasta ahora, coincidieron ayer el líder de CiU, Artur Mas, y el consejero de Economía de la Generalitat, Antoni Castells.

Esos cambios se traducirán en 4.180 millones de euros más para las arcas de la Generalitat -con datos de 2005 y, por tanto, sin tener en cuenta la reforma fiscal anunciada por el Gobierno, que rebajará la recaudación del IRPF-, aunque esa cifra se verá reducida sensiblemente por el fondo de suficiencia, el mecanismo de solidaridad del actual modelo de financiación autonómica. Cataluña, que recibió una transferencia de 2.263 millones de euros en 2005 del fondo de suficiencia, pasará ahora a pagar por este concepto, como ya hacen hoy Madrid y Baleares.

En virtud del pacto alcanzado, las comunidades que reciban transferencias procedentes del fondo de suficiencia sólo podrán destinarlo a inversiones en servicios básicos: educación, sanidad y servicios sociales.

El acuerdo entre el Gobierno y CiU confirma el llamado principio de ordinalidad, que aparecía en el borrador y figura en la mayor parte de los modelos federales de financiación, como el alemán. A saber: los mecanismos de solidaridad no pueden alterar, tras su aplicación, el orden de renta per cápita entre comunidades autónomas. Para ello, los mecanismos de nivelación entre comunidades incluirán criterios como la población inmigrante o los denominados costes diferenciales, es decir, la diferencia en el coste de la vida entre las autonomías. Actualmente, Cataluña pasa del quinto al octavo puesto por renta per cápita después de la aplicación del sistema de financiación.

Frente a los acuerdos globales en estos ámbitos, la definición de la agencia tributaria incluida en el proyecto de Estatuto aprobado por el Parlamento autónomo que atribuía a la Generalitat la recaudación de absolutamente todos los impuestos soportados en Cataluña, se convirtió en uno de los principales escollos de la negociación.

Finalmente, Cataluña creará su propia agencia para la gestión y recaudación de sus tributos propios -los principales son el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y el de sucesiones y donaciones-, y establece la creación de un consorcio en un plazo máximo de dos años en los impuestos compartidos con el Estado: IRPF, IVA y especiales. La propuesta de consorcio fue formulada por el consejero Castells, frente al modelo de concierto a la vasca defendido inicialmente por Mas.

Estado recaudador

"El Estado seguirá recaudando sus impuestos en Cataluña", insistieron ayer fuentes del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. La capacidad de decisión del Ejecutivo autónomo será muy reducida o nula en el caso del IVA, de los impuestos especiales de fabricación y del impuesto de sociedades, a pesar de las pretensiones iniciales del Gobierno catalán y de CiU.

El pacto mantiene la referencia del proyecto al déficit de inversión estatal en infraestructuras de Cataluña, al que inicialmente el PSOE planteaba reticencias. El Estado se compromete a invertir en Cataluña una cantidad equivalente al peso de la economía catalana en el conjunto del Estado: el 18,5% del producto interior bruto (PIB). Con más precisiones. "Si no se alcanza esa cifra, el Estado se compromete a aportar una cantidad adicional que oscilará entre los 2.500 y los 3.000 millones de euros en el plazo de siete años", explicó ayer Mas, quien insistió en que esta medida permite "reducir el abultado déficit fiscal catalán".

El Estado podrá llevar a cabo directamente esas inversiones -previo acuerdo con el Gobierno autónomo- o traspasar los fondos a la Generalitat para que sea ésta quien las realice. El importe, además, podrá dedicarse a reducir o rescatar totalmente los peajes de las autopistas catalanas, según habían propuesto CiU y Esquerra.

El pacto deja abiertas varias posibilidades para la fijación definitiva de los mecanismos de solidaridad interterritorial, que se concretarán en las negociaciones multilaterales del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Este organismo, en el que participan tanto el Gobierno como los Ejecutivos de todas las comunidades autónomas, empezará este año a debatir los cambios en el modelo de financiación, tras el primer paso que supone el Estatuto catalán. El anterior sistema, pactado por el PP y CiU en 2001, empezó a aplicarse en 2002. El nuevo modelo se pondrá en marcha en enero de 2008.

Tanto Mas como el consejero de Economía y Finanzas, Antoni Castells, se mostraron ayer satisfechos con el acuerdo alcanzado finalmente: éste fue fraguado técnicamente por el vicepresidente económico del Gobierno, Pedro Solbes, y su equipo, en ocho reuniones con Castells. El encuentro entre Zapatero y Mas ha permitido perfilar algunos flecos pendientes.

"En el Estatuto catalán hay una referencia al único modelo de financiación que va a existir en España: un solo modelo que aplicarán todas las comunidades autónomas", concluyó ayer el portavoz del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba.