El juez suspende de nuevo las actividades de Batasuna y prohíbe su congreso

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska borró de un plumazo todas las especulaciones sobre el congreso de Batasuna. En una resolución de 35 folios, el magistrado suspendió de nuevo las actividades de Batasuna -por un periodo máximo de dos años- y prohibió expresamente la celebración del congreso que el partido ilegalizado proyectaba realizar en el Bilbao Exhibition Centre de Barakaldo (Vizcaya). Previamente, Jone Goirizelaia, en nombre de Batasuna, había presentado una querella contra el juez por prevaricación y le había recusado por parcialidad.

Tras recibir la convoc...

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska borró de un plumazo todas las especulaciones sobre el congreso de Batasuna. En una resolución de 35 folios, el magistrado suspendió de nuevo las actividades de Batasuna -por un periodo máximo de dos años- y prohibió expresamente la celebración del congreso que el partido ilegalizado proyectaba realizar en el Bilbao Exhibition Centre de Barakaldo (Vizcaya). Previamente, Jone Goirizelaia, en nombre de Batasuna, había presentado una querella contra el juez por prevaricación y le había recusado por parcialidad.

Tras recibir la convocatoria de Grande-Marlaska que hacía referencia al artículo 129 del Código Penal -el de la suspensión de actividades-, los letrados de Batasuna ya imaginaron que el magistrado iba a ser el auténtico escollo a superar.

Las dudas de la Fiscalía sobre la legalidad de suspender las actividades de un partido ilegalizado y disuelto no sólo no les inquietaron, sino que incluso les han servido de argumento para defender su postura ante el juez.

Batasuna no defraudó. Su abogada más emblemática, Jone Goirizelaia, lejos de aguardar acontecimientos y esperar a ver qué resolvía el magistrado, decidió atacar.

Ayer por la mañana presentó en el Tribunal Supremo una querella por prevaricación contra Grande-Marlaska, alegando que el magistrado "actúa por impulsos ajenos a su propia función (...) y se deja llevar por una campaña iniciada por un partido político y determinadas asociaciones, de la que se hacen eco y amplían algunos medios de comunicación".

La querella parecía tener carácter preventivo, puesto que fue presentada por la mañana y el juez decidió suspender las actividades de Batasuna y prohibir el congreso por la tarde.

Con la querella ya presentada, y nada más comenzar la vista en la que se debía decidir sobre la suspensión de actividades, Goirizelaia presentó una recusación contra el juez por supuesta parcialidad. En el escrito, aludía a que la "actividad judicial se había puesto en marcha tras una campaña de prensa orquestada por determinado partido político", y añadía que "el juez se ha convertido en defensor en el proceso de su propia actuación". "A la vista de una presión política inaceptable que le exigía actuar, ha sido consciente del error cometido [no haber prorrogado la suspensión de Batasuna en su día] y ha decidido actuar de forma impropia en claro fraude de ley y abuso de derecho", señalaba en el escrito.

Rechazo de plano

El juez no se inmutó. Aunque una de las causas de recusación es "estar o haber sido denunciado o acusado por alguna de las partes como responsable de algún delito o falta", la última reforma de la ley incluyó una condición: que esa denuncia hubiera dado lugar a la incoación de un procedimiento penal. Y aunque la querella por prevaricación está presentada, lo cierto es que el Tribunal Supremo no la ha admitido a trámite, al menos de momento, y no se ha iniciado ningún proceso penal contra el juez.

Por ello, el magistrado rechazó de plano la recusación, por entender que no es él sino Batasuna la que ha actuado con "manifiesto abuso de derecho y fraude procesal", ya que a su juicio es evidente que la presentación al mismo tiempo de querella y recusación tiene como objetivo una "instrumentalización arbitraria".

Batasuna trataba de que al menos fuera admitida a trámite la recusación para que el sustituto legal del juez se hiciera cargo del caso, suponiendo que cualquier otro sería menos severo que Grande-Marlaska, pero éste no dejó lugar a dudas. Él va a resolver.

Resueltas las cuestiones procesales, se entró en el fondo de la cuestión y los fiscales Juan Moral y Jesús Alonso reclamaron la suspensión de actividades de Batasuna porque, a pesar de que existen dudas sobre la legalidad de suspender jurídicamente una organización que no existe, esa organización está funcionando de hecho y sigue produciendo los efectos criminales que determinaron en su momento la suspensión.

"Forma parte de ETA"

Batasuna "forma parte de la organización terrorista ETA con el apoyo logístico y operativo de sus propósitos según las directrices generales de la organización como elemento fundamental para aterrorizar a la población y la consecución de sus fines", precisaron. Ha convocado un congreso y como los efectos de la ilegalización deberían ser que Batasuna no pudiera actuar, instaron la suspensión de las actividades y la celebración del congreso previsto para el próximo día 21, sea en Barakaldo o donde quieran celebrarlo.

La Asociación de Víctimas del Terrorismo se adhirió a la petición del fiscal y reclamó la detención de los promotores del acto. La asociación de víctimas Dignidad y Justicia planteó las mismas peticiones que el fiscal aunque con una duración de cinco años, máximo previsto en la ley.

Goirizelaia, en nombre de Batasuna, se opuso a todas las peticiones de las acusaciones. Alegó cuestiones formales como que Batasuna no existe y que, por tanto, no puede suspenderse las actividades de algo que no existe.

El juez acordó suspender por dos años todas las actividades de Batasuna por entender que sus dirigentes no se dedican a una actividad pública más o menos amparada en la libertad de expresión, sino que pretenden conformar un congreso político, que es conclusión de un proceso iniciado hace cuatro meses y "dirigido a fijar su estrategia, nunca ajena a las directrices de ETA". Prueba de ello, agregó, es que sólo hay una ponencia, la oficial, a diferencia de procesos previos en 2000 y 2001 que permitieron la exclusión de los disidentes. La celebración ahora de un congreso para elegir Comité Ejecutivo, denominado Mesa Nacional, tiene para el juez Marlaska la misma significación cualitativa que presentarse a las elecciones.