El Gobierno admite que Cataluña tiene "insuficiencia financiera"

El Gobierno y los partidos catalanes afrontan esta semana el momento clave del futuro del proyecto de Estatuto catalán con la negociación de la financiación. El Ejecutivo no presentará una contrapropuesta al texto que el vicepresidente económico, Pedro Solbes, hizo llegar a los partidos catalanes el pasado 17 de diciembre. Negociará "a partir de él" y está dispuesto a reconocer que Cataluña tiene "insuficiencia financiera".

El Gobierno mantiene el objetivo de cerrar un acuerdo político con los partidos catalanes sobre el Estatuto antes de que termine enero y de que el texto inicie, por ...

El Gobierno y los partidos catalanes afrontan esta semana el momento clave del futuro del proyecto de Estatuto catalán con la negociación de la financiación. El Ejecutivo no presentará una contrapropuesta al texto que el vicepresidente económico, Pedro Solbes, hizo llegar a los partidos catalanes el pasado 17 de diciembre. Negociará "a partir de él" y está dispuesto a reconocer que Cataluña tiene "insuficiencia financiera".

El Gobierno mantiene el objetivo de cerrar un acuerdo político con los partidos catalanes sobre el Estatuto antes de que termine enero y de que el texto inicie, por tanto, su tramitación en la Comisión Constitucional del Congreso en febrero, cuando comience el nuevo periodo de sesiones. E incluso pretende poder presentar un preacuerdo antes del próximo día 21, fecha en que se reúne el Comité Federal del PSOE, máximo órgano del partido entre congresos.

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, y el secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, llevarán el peso de la negociación socialista con los representantes de los partidos catalanes, a través de reuniones bilaterales, que tratarán de confluir en un segundo encuentro multilateral, y que se moverá sobre cuatro ejes.

El Gobierno mantendrá el principio de que habrá un único modelo de financiación para todas las comunidades autónomas, con la excepción, reconocida por la Constitución, del País Vasco y Navarra, según fuentes de la negociación.

Agencia Tributaria

Junto a ello, defenderá el principio de los "espacios fiscales propios" de las comunidades autónomas y el Estado, que el vicepresidente económico, Pedro Solbes, dio a conocer en septiembre. Como consecuencia, el Estado mantendrá su Agencia Tributaria en Cataluña, que recaudará los impuestos estatales. Este será un principio irrenunciable del Gobierno, que defiende el texto que Solbes entregó a los partidos catalanes el 17 de diciembre, y que cuestiona una pieza básica de la propuesta de financiación del Estatuto: la recaudación por parte de Cataluña de todos los impuestos.

El margen de negociación que el Gobierno está dispuesto a conceder a los partidos catalanes se centra en una mayor autonomía fiscal para la comunidad, con una mayor porcentaje en los impuestos transferidos -se habla de un aumento del 33% al 50% del IRPF como mínimo-, así como en una mayor capacidad normativa. El Gobierno explica que "el volumen de gastos de Cataluña y otras comunidades autónomas es superior al de los ingresos".

La puesta en marcha de la Agencia Tributaria de Cataluña y la forma de coordinarse con la agencia estatal es otra de las cuestiones que el Gobierno está dispuesto a negociar.

Finalmente, el Gobierno admitirá la "insuficiencia financiera" de Cataluña en la negociación con los partidos catalanes, lo que tendrá una traducción en la reducción de los gastos o el aumento de ingresos. Dicha "insuficiencia financiera", que ahora tendrá traducción práctica, y que es extensible a otras comunidades autónomas, como Madrid o Baleares, ha sido reconocida en el discurso político del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y del vicepresidente económico, Pedro Solbes.

Las fuentes de la negociación argumentan que en la "insuficiencia financiera" de Cataluña radica los cambios en el modelo de financiación que hubo en España. El primero se produjo, en 1993, cuando gobernaba Felipe González en España y Jordi Pujol presidía la Generalitat catalana, y acordaron la cesión del 15% del IRPF; y el segundo, en 1996, cuando el presidente José María Aznar pactó con Pujol el aumentó de dicha participación del IRPF hasta el 33%.