López Aguilar afirma que Justicia defenderá el alejamiento de los terroristas de sus víctimas

El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, aseguró ayer, a preguntas de este periódico, que su departamento tomará en consideración la petición del alto comisionado de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, Gregorio Peces-Barba, e interesará del Ministerio Fiscal una política criminal de aplicación de medidas de alejamiento que en lo sucesivo impida que los terroristas puedan residir cerca de sus víctimas. López Aguilar comentó que la sugerencia de Peces-Barba, como tiene su origen en las demandas de las víctimas del terrorismo, es "doblemente valiosa".

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El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, aseguró ayer, a preguntas de este periódico, que su departamento tomará en consideración la petición del alto comisionado de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, Gregorio Peces-Barba, e interesará del Ministerio Fiscal una política criminal de aplicación de medidas de alejamiento que en lo sucesivo impida que los terroristas puedan residir cerca de sus víctimas. López Aguilar comentó que la sugerencia de Peces-Barba, como tiene su origen en las demandas de las víctimas del terrorismo, es "doblemente valiosa".

El ministro de Justicia destacó el "papel muy relevante" que tiene el alto comisionado en su doble función de escuchar a las víctimas y hacer sugerencias por lo que, en general, sus propuestas "deben ser tenidas en cuenta y miradas con la mayor atención". "Pero en este caso concreto", añadió López Aguilar, "como se trata de instar del fiscal una línea de actuación uniforme, sobre una determinada interpretación del Código Penal, la propuesta será tomada en consideración por el Ministerio de Justicia".

La sugerencia de Peces-Barba, expuesta en sendas cartas remitida el pasado día 5 al Ministro de Justicia y al fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, consiste en instar de los fiscales que cuando eleven sus conclusiones definitivas ante las distintas secciones penales de la Audiencia Nacional pidan las penas accesorias de alejamiento previstas en el artículo 48 del Código Penal, para que los terroristas no puedan residir o trabajar cerca de sus víctimas.

Según Peces-Barba, se trata de evitar "situaciones difícilmente soportables" como la de la viuda de Ramón Baglietto -asesinado por ETA en 1980- que tiene que aguantar que el homicida de su marido, Kandido Azpiazu, haya instalado una cristalería bajo su vivienda.

López Aguilar precisó que el Gobierno no se relaciona con el fiscal a través de órdenes o instrucciones, pero que sí puede "interesar" del Ministerio Fiscal una determinada línea de actuación en defensa del interés público y "un vector fundamental", dijo, "es la mejor protección de las víctimas del terrorismo".

El ministro agregó que la sugerencia de Peces-Barba es "perfectamente válida", y que ahora de lo que se trata es de buscar el modo de instrumentar la acción.

Conde-Pumpido tomará conocimiento de la propuesta de Peces-Barba a partir de su regreso de la República Popular China, donde ha asistido a la primera reunión de fiscales generales de Europa y Asia que se ha celebrado en la ciudad de Shenzhen. Ayer se encontraba en Pekín.

Sin embargo, fuentes fiscales indicaron que si el Gobierno se dirige al fiscal interesando una actuación de política criminal, éste tendrá que convocar a la Junta de Fiscales de Sala, según el artículo 8 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. En ese caso, el Fiscal, oída la Junta, "resolverá sobre la viabilidad o procedencia de las actuaciones interesadas y expondrá su resolución al Gobierno de forma razonada". El acuerdo que se adopte "se notificará a quien haya formulado la solicitud".

No obstante, las mismas fuentes apuntaron una previsible respuesta positiva de la Fiscalía a la solicitud de Peces-Barba, puesto que "no se trata más que de recordar que existe un artículo del Código Penal que no se está aplicando". Respecto a por qué no se utiliza, las fuentes consultadas indicaron que las medidas de alejamiento estaban consideradas como herederas de las penas de destierro o confinamiento del Código Penal del régimen franquista, y al ser bastantes excepcionales, nunca tuvieron mucha aplicación.

A partir de que el Gobierno decidió combatir por todos los medios la violencia de género, la pena de alejamiento volvió a "ponerse de moda", sobre todo como medida preventiva. Pero no podrá aplicarse a las causas ya falladas, sino sólo a las que que se enjuicien a partir de ahora. Por tanto, no tendrá eficacia hasta que los terroristas condenados a partir de ahora cumplan su sentencia.