Bruselas da tres semanas para cambiar la ley urbanística valenciana
La nueva norma que se tramita en la Cámara autónoma tampoco se ajusta a las directivas
Bruselas concedió ayer a España un plazo de tres semanas (15 días laborales) para adecuar la ley urbanística valenciana a la legislación comunitaria. La Comisión Europea considera que la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística, promulgada en 1994 y aún vigente en la Comunidad Valenciana, no cumple con las garantías de publicidad que la UE exige para los contratos públicos. Bruselas estima además que la nueva ley que se tramita en el Parlamento autónomo a propuesta del Ejecutivo de Francisco Camps (PP), la Ley Urbanística Valenciana, tampoco se ajusta a las directivas comunitarias.
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Bruselas concedió ayer a España un plazo de tres semanas (15 días laborales) para adecuar la ley urbanística valenciana a la legislación comunitaria. La Comisión Europea considera que la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística, promulgada en 1994 y aún vigente en la Comunidad Valenciana, no cumple con las garantías de publicidad que la UE exige para los contratos públicos. Bruselas estima además que la nueva ley que se tramita en el Parlamento autónomo a propuesta del Ejecutivo de Francisco Camps (PP), la Ley Urbanística Valenciana, tampoco se ajusta a las directivas comunitarias.
"La Comisión toma nota de que las autoridades españolas no han cumplido con la advertencia y de que el proyecto de ley enviado a la Comisión no es suficiente para poner fin a la infracción en varios aspectos", indicó Bruselas en un comunicado.
Esta segunda llamada de atención a España por las deficiencias de la Ley Urbanística Valenciana, se produce un día después de que el Parlamento Europeo aprobara el Informe Fourtou que pide una moratoria urbanística que ponga fin a los abusos que se cometen en la comunidad, según el texto europeo. La Comisión de peticiones de la Eurocámara recibió unas 15.000 quejas de ciudadanos, que alegan haber visto mermados sus derechos como propietarios, por la construcción de urbanizaciones en la Comunidad Valenciana.
El dictamen motivado que la Comisión Europea envió ayer a España supone un segundo paso en los procedimientos de infracción. El Gobierno español deberá justificar en el plazo fijado el cumplimiento de las leyes europeas, y si el Ejecutivo comunitario no recibe una respuesta satisfactoria en la que se garantice la subsanación de los defectos, Bruselas podría elevar el caso al Tribunal de Justicia de Luxemburgo. Poner el caso en manos de los jueces supone el tercer y último paso en el caso de infracción de los procedimientos de licitación.
"La idea es encontrar una solución con los Estados miembros antes de llegar a los tribunales", explicó ayer Oliver Drewes, portavoz europeo de Mercado Interior. Drewes precisó que los incumplimientos se refieren a cuatro cuestiones: la falta de transparencia y publicación de las licitaciones en el diario oficial de las comunidades europeas, falta de objetividad en los criterios de selección de los contratistas, falta de claridad en el presupuesto de los contratos y ausencia de igualdad oportunidades de los contratistas interesados. "La situación sobre el terreno no ha cambiado, por eso hemos enviado la carta", indicó Drewes.
Rafael Blasco, consejero de Territorio de la Generalitat Valenciana, acusó ayer al Gobierno central de eludir su responsabilidad ante la Comisión al renunciar a defender una norma fundada sobre leyes de ámbito estatal.
Eugenio Burriel, secretario de Territorio de los socialistas valencianos, aseguró que Bruselas "condena la reclasificación masiva de suelo no urbanizable al margen de los planes generales aprobados por cada municipio" que ha autorizado el Gobierno autónomo.
Alfonso Perales, responsable de Política Autonómica del PSOE, por su parte, reclamó a los máximos responsables del PP "medidas disciplinarias contra" los populares valencianos.