Los mayores verdugos del mundo
China, Irán y Vietnam son, por delante de EE UU, los países con más sentencias de muerte
Una noticia buena y otra mala. La buena es que cada vez hay más países donde no se firman sentencias de muerte. En 1977, sólo 16 Estados habían abolido la pena de muerte para todo tipo de crímenes. Hoy son ya 86 los que la han abolido y 24 (entre ellos Rusia, Argelia y Marruecos) donde no se ejecutan a prisioneros desde los últimos diez años, aunque la ley lo permita.
Y la mala es que allá donde se matan prisioneros, las ejecuciones se suelen efectuar con el máximo secretismo, a excepción de Estados Unidos. Los países donde se firman el 94% de las sentencias mortales caben en los dedos ...
Una noticia buena y otra mala. La buena es que cada vez hay más países donde no se firman sentencias de muerte. En 1977, sólo 16 Estados habían abolido la pena de muerte para todo tipo de crímenes. Hoy son ya 86 los que la han abolido y 24 (entre ellos Rusia, Argelia y Marruecos) donde no se ejecutan a prisioneros desde los últimos diez años, aunque la ley lo permita.
Y la mala es que allá donde se matan prisioneros, las ejecuciones se suelen efectuar con el máximo secretismo, a excepción de Estados Unidos. Los países donde se firman el 94% de las sentencias mortales caben en los dedos de una mano, según un informe de Amnistía Internacional elaborado con datos de 2004. Son China (3.400 ejecuciones al año), Irán (159), Vietnam (64) y Estados Unidos (59).
"Conseguir las cifras no es tarea fácil", señala Jean Díaz Guijarro, de Amnistía Internacional. "En China las ejecuciones son secretos de Estado. Con lo cual no existen cifras oficiales. Hay fuentes que nos informan de unas 10.000 ejecuciones al año".
En Irán, Amnistía ha documentado la ejecución de al menos 10 menores de edad desde 1990.
En Vietnam, rige el sistema del pelotón de fusilamiento. "Y en los últimos años se ha ejecutado a bastante gente por tráfico de droga y delitos económicos", indica Tim Goodwin, coordinador de Amnistía en Australia y especialista en las penas capitales de los Gobiernos asiáticos.
Asia es el continente donde más gente muere en el patíbulo. Tim Goodwin señala que Singapur (4,4 millones de habitantes) es el país donde más penas de muerte se firman en relación con el número de habitantes. "Desde 1991 han ejecutado a 420 personas", señala Goodwin. "Los cuelgan siempre con el máximo secreto y de madrugada".
Los regímenes democráticos asiáticos también se resisten a abolir la pena capital. En Afganistán, después del régimen de los talibanes hay constancia de una ejecución en abril de 2004. En Japón, entre 1993 y 2003 las autoridades sentenciaron a 37 personas. En India, hay 50 prisioneros en el corredor de la muerte cuya posibilidad de salvarse depende de que el presidente del país, Abdul Kalam, vaya otorgando el perdón a quien considere merecedor del mismo.
Desde 1947, año de la independencia en India, se han matado a 55 prisioneros en este país, según Amnistía. "Sin embargo", aclara la ONG, "el grupo de derechos humanos de India PUDR señala que, según un informe de una comisión legal, al menos 1.422 personas fueron ejecutadas sólo entre 1953 y 1983".
Españoles en el corredor
En la actualidad hay tres españoles en el corredor de la muerte. Pablo Ibar, nacido en Estados Unidos en 1972 y de padres vascos, se encuentra desde hace cinco años en la cárcel de Starke (Florida), acusado de asesinar a tres personas durante un robo.
En Yemen, país donde se ejecutaron al menos a 30 personas en 2003, el español de origen sirio Nabil Manakli, de 50 años, corre riesgo inminente de ejecución, inculpado junto a otros 27 detenidos de planear actos de sabotaje y asesinatos con bombas ocurridos en la ciudad de Yanen en 1997.
En Filipinas, Estado donde se restableció la pena capital en 1993, seis años después de que se convirtiera en el primer país de toda Asia en abolirla, el español Francisco Larrañaga, de 27 años, lleva desde los 19 en la cárcel acusado de secuestro, violación y muerte de dos mujeres. El año pasado, el Tribunal Supremo de Filipinas le revisó la sentencia y le aumentó su condena a pena de muerte.
"Ni en Estados Unidos ni en ninguna otra parte del mundo se ha probado que la pena de muerte sirva para resolver los problemas por los que se aplica", concluye Jean Díaz Guijarro, de Amnistía Internacional.