Contra el acoso escolar
Ha sido muy oportuna la circular de la Fiscalía General del Estado por la que se establecen criterios de actuación de los fiscales en los procesos que tienen que ver con el preocupante y cada vez más extendido fenómeno del acoso escolar. La iniciativa coincide con la decisión de la Audiencia de Guipúzcoa de internar durante un año en un centro educativo (corrigiendo una vez más a la juez de Menores de San Sebastián) a los siete menores condenados por acosar a Jokin, el adolescente de 14 años que se quitó la vida en Hondarribia el 21 de septiembre de 2004, víctima de una depresión reactiva a la...
Ha sido muy oportuna la circular de la Fiscalía General del Estado por la que se establecen criterios de actuación de los fiscales en los procesos que tienen que ver con el preocupante y cada vez más extendido fenómeno del acoso escolar. La iniciativa coincide con la decisión de la Audiencia de Guipúzcoa de internar durante un año en un centro educativo (corrigiendo una vez más a la juez de Menores de San Sebastián) a los siete menores condenados por acosar a Jokin, el adolescente de 14 años que se quitó la vida en Hondarribia el 21 de septiembre de 2004, víctima de una depresión reactiva a la situación de hostigamiento a que le sometieron sus compañeros de instituto.
El suceso es, quizás, un caso extremo de matonismo juvenil en el ámbito educativo, pero posiblemente repetible si instituciones educativas y judiciales no toman en serio este tipo de conductas. El activismo y actitud vigilante frente al acoso escolar que el fiscal del Estado reclama a los fiscales de menores es capital para erradicar comportamientos de esta clase. Recientes informes señalan que el 8% de los alumnos de ESO reconocen que acosan a sus compañeros de escuela, el 3% confiesan haber sido víctimas de forma continuada y un 15% de manera episódica.
Las instrucciones de la Fiscalía no sólo pretenden una respuesta activa incluso frente a hechos en principio leves, pero habituales y reiterados, sino también una comunicación permanente con los centros escolares y con los padres de menores implicados en algún supuesto de acoso. A los primeros, para que tomen medidas de protección de las víctimas y de vigilancia de los victimarios, y a los segundos para que tengan una información exacta de la situación en la que vive su hijo. Especial relevancia adquiere la recomendación de solicitar la medida cautelar de libertad vigilada como una forma de alejamiento entre víctima e infractor, adelantándose a la previsión de la reforma de la ley de Menores. Como lo es que se instruya a los fiscales para que pidan la responsabilidad civil de los centros por los hechos de esta naturaleza cometidos por sus alumnos.
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