El Gobierno catalán acoge con cautela el plan de financiación de CiU, similar al cupo vasco

El Gobierno catalán recibió ayer con suma cautela la "última" propuesta de financiación de Convergència i Unió (CiU) al apreciar algunos elementos de "difícil encaje" constitucional. El Ejecutivo que preside Pasqual Maragall eludió entrar en detalles a la espera de estudiarla con detenimiento. El texto se acerca al modelo de financiación pactado por el tripartito en los aspectos relativos a la capacidad normativa. En cambio, mantiene algunos artículos que han sido considerados inconstitucionales por la mayoría del Consejo Consultivo y se acerca al concierto económico vasco, según Artur Mas....

El Gobierno catalán recibió ayer con suma cautela la "última" propuesta de financiación de Convergència i Unió (CiU) al apreciar algunos elementos de "difícil encaje" constitucional. El Ejecutivo que preside Pasqual Maragall eludió entrar en detalles a la espera de estudiarla con detenimiento. El texto se acerca al modelo de financiación pactado por el tripartito en los aspectos relativos a la capacidad normativa. En cambio, mantiene algunos artículos que han sido considerados inconstitucionales por la mayoría del Consejo Consultivo y se acerca al concierto económico vasco, según Artur Mas.

CiU dio a conocer ayer su cuarta propuesta sobre financiación autonómica, calificada por su líder, Artur Mas, como la "última y definitiva" en el proceso de negociación estatutaria. Del rechazo o aceptación de la misma por parte de las fuerzas de izquierda dependerá el voto final de los nacionalistas al Estatuto, imprescindible para su aprobación. Ayer, Mas ya advirtió de que se opondrá a cualquier modificación sustancial de su modelo que, afirmó, mantiene la "matriz" del concierto económico, una fórmula que el Consejo Consultivo consideró inconstitucional.

El nuevo plan de los convergentes llegó a manos del tripartito catalán a primera hora de ayer: Artur Mas se lo remitió a Pasqual Maragall en una carta en la que apeló a su responsabilidad. El líder de los nacionalistas pidió al Gobierno catalán que mire "con calma" la propuesta y que no se "precipitase" en sus valoraciones.

Esa fue la actitud que mantuvo el tripartito. El primer consejero del Gobierno catalán, el republicano Josep Bargalló, aplaudió la predisposición de CiU a no dar por encallado el Estatuto y presentar alternativas. Sobre el modelo de financiación Bargalló apreció elementos "fácilmente encajables" en la propuesta del tripartito, pero otros de "difícil" articulación. No concretó ninguno de ellos, pero auguró que las negociaciones "serán duras".

El primer consejero dio a entender que el Gobierno catalán no rehúsa prolongar las conversaciones hasta el último momento, siempre y cuando se respete el calendario fijado por el Parlamento autonómico. Es decir, celebración del pleno a finales de septiembre.

Bargalló evitó entrar en concreciones, alegando que el Gobierno sólo ha realizado una lectura rápida del documento. De esa lectura se deduce, según expertos próximos al tripartito consultados por este periódico, que la propuesta mantiene algunos puntos que ya fueron considerados inconstitucionales por el Consultivo, y otros de dudosa aplicación tanto legal como políticamente.

Para los expertos, la propuesta de CiU es similar a la del tripartito en lo relativo a la capacidad normativa, pero se aleja de los modelos federales de financiación y recoge la filosofía del cupo vasco. CiU elude separar la cuota de contribución a los servicios que el Estado presta en Cataluña y la aportación para la solidaridad. La propuesta calcula la cuota, que incluye la solidaridad, como un porcentaje sobre los impuestos, la misma fórmula que se aplica en las comunidades forales, según uno de los expertos.

Además, establece que el primer año de aplicación del modelo, Cataluña se garantiza ingresos en función de un porcentaje de los ingresos del Estado. Los nacionalistas cifran en unos 6.000 millones estos ingresos.

Al margen de la inspiración en el concierto vasco, los técnicos consideran de dudosa constitucionalidad varios preceptos. Por un lado, CiU persigue que el Estado ceda a Cataluña la gestión, recaudación, liquidación e inspección de todos los impuestos, pero no su titularidad. Esta fórmula recibió el beneplácito del Consejo Consultivo. Pero los nacionalistas exigen que los impuestos estatales de nueva creación se cedan a la comunidad de forma automática y desde el primer día. Los expertos opinan que haría falta una ley estatal en cada nuevo tributo.

CiU recoge las recomendaciones de los juristas y elimina del texto la partícula la referida a la capacidad normativa de la Generalitat sobre los impuestos estatales. Sin embargo, describe con todo detalle las competencias normativas, lo que, según los expertos, acaba produciendo el mismo efecto que la fórmula declarada inconstitucional por el Consultivo.

Agencia Tributaria

El modelo de CiU, al igual que el del tripartito que figura en el proyecto estatutario, otorga a la Agencia Tributaria catalana competencias sobre la gestión, recaudación, liquidación e inspección de todos los impuestos, una fórmula que ha recibido ya el visado del Consultivo. Este organismo recomendaba, sin embargo, la vía del consorcio en las relaciones con la agencia estatal para evitar cualquier atisbo de inconstitucionalidad. CiU propone el sistema de la "colaboración", que ya se recogía en el Estatuto de 1979 y que coincide con los últimos planteamientos de ERC. Sin embargo, algunos de los expertos sostienen que el término sobre la relación entre las dos agencias es excesivamente ambigua.

CiU sigue otorgando la competencia exclusiva a la Generalitat en materia de financiación local, a pesar del dictamen del Consultivo declara inconstitucional este punto.