España, en red

Dada la estrecha relación entre la densidad de las infraestructuras públicas de un país y su grado de competencia económica y bienestar, los gobiernos deben renovar y mejorar periódicamente sus propuestas de inversión pública. El Plan de Infraestructuras 2005-2020, presentado ayer por Rodríguez Zapatero, cubre la necesidad de ordenar un ambicioso programa de inversiones en carreteras, ferrocarril, aeropuertos y puertos que compromete nada menos que 249.000 millones de euros en 15 años. Marca también un cambio estratégico al situar en primer plano la integración del conjunto del territorio medi...

Dada la estrecha relación entre la densidad de las infraestructuras públicas de un país y su grado de competencia económica y bienestar, los gobiernos deben renovar y mejorar periódicamente sus propuestas de inversión pública. El Plan de Infraestructuras 2005-2020, presentado ayer por Rodríguez Zapatero, cubre la necesidad de ordenar un ambicioso programa de inversiones en carreteras, ferrocarril, aeropuertos y puertos que compromete nada menos que 249.000 millones de euros en 15 años. Marca también un cambio estratégico al situar en primer plano la integración del conjunto del territorio mediante una malla de comunicaciones que rompe la clásica estructura radial del viejo Estado centralista y sitúa todos los núcleos de población importantes al alcance de las principales infraestructuras viarias y del ferrocarril de alta velocidad.

Los objetivos son multiplicar por diez la línea ferroviaria cubierta por el AVE, ampliar las autovías desde los 6.000 kilómetros actuales a 15.000 y duplicar la capacidad de los aeropuertos. Para agilizar la aplicación de las inversiones en carreteras y ferrocarriles, Zapatero ha anunciado la creación de la Sociedad de Infraestructuras de Transporte Terrestre, una de las agencias estatales que pretende privilegiar el Gobierno.

Poco cabe objetar sobre estos grandes objetivos y enormes presupuestos para gastar en cemento y hierro. Habrá que evaluar las consecuencias de esa voluntad expresa de satisfacer peticiones políticas que pueden chocar con criterios de racionalidad del gasto, manifiesta por ejemplo en el deseo de que "todas las capitales de provincia tengan acceso al AVE".

Tendría interés, más allá de la credibilidad que susciten planes a tan largo plazo, que se precisara cuál puede ser la participación del capital privado en este megaplán; recuérdese que un informe de la CEOE, la gran patronal española, calculaba recientemente que la iniciativa privada podía cubrir unos 22.000 millones de euros hasta el año 2012. Pero esa precisión no se ha hecho, prueba de que los contactos con las empresas no han terminado de cuajar.

Para los ciudadanos y las empresas, el plan suscitará más confianza si se le dota de sistemas de seguimiento sobre el grado de aplicación anual de las inversiones. Y esa confianza resulta esencial, porque el empuje y el entusiasmo de la sociedad son los motores de la voluntad política para aproximar las infraestructuras españolas a la media europea y disolver así uno de los obstáculos que se oponen a la modernidad económica.