El fin del modelo de presa y trasvase

Más allá de la polémica generada en torno al trasvase del Ebro, derogado por el Gobierno tras un debate envenenado en el choque de intereses territoriales, estamos asistiendo en España al abandono del modelo de gestión de los recursos hidráulicos que Joaquín Costa -todo un mito en la historia de la política hidráulica española- impulsó a finales del siglo XIX. Ese modelo, que tuvo su apogeo en la posguerra franquista -la típica imagen del dictador inaugurando pantanos-, se sustentaba en la idea de aprovechar al máximo el agua existente para producir energía eléctrica y asegurar el abastecimien...

Más allá de la polémica generada en torno al trasvase del Ebro, derogado por el Gobierno tras un debate envenenado en el choque de intereses territoriales, estamos asistiendo en España al abandono del modelo de gestión de los recursos hidráulicos que Joaquín Costa -todo un mito en la historia de la política hidráulica española- impulsó a finales del siglo XIX. Ese modelo, que tuvo su apogeo en la posguerra franquista -la típica imagen del dictador inaugurando pantanos-, se sustentaba en la idea de aprovechar al máximo el agua existente para producir energía eléctrica y asegurar el abastecimiento de la población y el regadío en un país atrasado, mayoritariamente agrícola.

Presas, pantanos, embalses, conducciones y centrales eléctricas han constituido a lo largo de ese largo siglo la tarea ciclópea de un Estado convencido de que el dominio de las aguas abría paso al progreso, como así fue. "Al margen de la falta de legitimidad del régimen franquista, hay que reconocer que ese modelo de fuertes inversiones estatales y de subvenciones públicas contribuyó a un patrimonio de infraestructuras que es lo que nos permite hoy dar el paso a una gestión sostenible. Fue eficaz en su tiempo, aunque en las últimas décadas haya tenido una evolución puramente vegetativa", apunta el director de la empresa pública Acuamed, Adrián Baltanás. De hecho, las curvas de productividad y rentabilidad, tanto de las obras de producción de energía hidroeléctrica como las de embalse y trasvase realizadas en los últimos tiempos marcan una clara tendencia descendente.

"La totalidad de las presas previstas en el Plan Hidrológico Nacional (130) van a ser sometidas a un filtro de rentabilidad económica y social, y me atrevo a pensar que la gran mayoría no superarán ese filtro", afirma la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona. "Nos hemos encontrado con embalses que no tienen a quién abastecer porque se iniciaron cuando existía una demanda que ha desaparecido y con presas terminadas hace 10 años que están a la espera de que se hagan las conducciones. El sistema no da más de sí, lo estamos viendo nosotros y nos lo dice la Unión Europea y la comunidad científica", sostiene la ministra.

Las dificultades del cambio de modelo

Aunque, entre los especialistas, casi nadie rechaza el recurso a nuevos embalses -"la presa no es buena, ni mala, depende"-, parece claro que la vieja política del regeneracionista Joaquín Costa debe dar paso a una nueva. "El sueño de la razón produce monstruos", cabría decir, a tenor de la mirada crítica con que se analiza la realidad presente. Después de haber compartido esa misma utopía -el anteproyecto de Plan Hidrológico de Josep Borrell de 1993 contemplaba, incluso, la interconexión de cuencas-, los socialistas españoles han despertado bruscamente a la necesidad de cambiar la política del agua tras el timbrazo de alarma que han hecho sonar los organismos internacionales y, particularmente, tras la "directiva comunitaria 2000/60", adoptada por España. Sin prácticamente debate interno, los socialistas han tenido que familiarizarse a marchas forzadas con términos y conceptos como "ecohidrología", "principio de no deterioro", "régimen ambiental mínimo", "sostenibilidad hidrológica", "biodiversidad", que son de uso corriente entre los expertos. "Nos hemos acostado trasvasistas y nos hemos levantado medioambientalistas", reconoce un militante socialista vinculado a la gestión política del agua.

Ciertamente, la Ley de Aguas de 1985 que sustituyó a una legislación centenaria, ya incorporó la necesidad de proteger los recursos hídricos y condujo, de hecho, a la anulación de algunos de los grandes proyectos por su elevado impacto ambiental, pero ese cambio legislativo apenas se tradujo en medidas concretas. La poderosa inercia del viejo modelo ha seguido pesando en los Gobiernos españoles y es ahora con el ensayo de aplicación de la directiva europea 2000/60 cuando empieza a producirse el cambio, un cambio radical. "Al igual que otros países de características similares a las nuestras: California, Portugal, Chile, Grecia o Australia, llevamos ya varios años a caballo entre dos modelos de gestión de recursos hídricos", indica Adrián Baltanás. "Y nuestro problema", subraya, "es cómo hacer este tránsito, cómo pasar de un modelo a otro". No puede decirse que la sequía esté contribuyendo precisamente a facilitar las cosas. "El reto del agua en España es también desdramatizar la situación, tenemos recursos suficientes para asegurar el suministro urbano y una legislación que, al contrario que la estadounidense, nos permite dar prioridad al suministro de las ciudades", apunta el director de Acuamed.

El profesor de Economía de Zaragoza Pedro Arrojo subraya, por su parte, que de lo que se trata es de gestionar y repartir la escasez, no la abundancia. "Seguir con la política de más y más presas sin preguntarse por su utilidad y rentabilidad real es como regalar monederos a los pobres, entre otras razones, porque, como se está viendo", dice, "tampoco hay agua con que llenar esos embalses". Frente al modelo clásico desarrollista español que fía la solución del problema a los embalses y trasvases, sin preguntarse demasiado por el impacto medioambiental, la directiva europea establece que el agua es el soporte indispensable de la biodiversidad y de los ecosistemas a proteger, al tiempo que emplaza a los Gobiernos a asegurar el abastecimiento sin dañar la vida de los ríos, de los acuíferos y de los deltas. La fórmula de las autoridades comunitarias para conseguir un uso eficiente del agua es que el consumidor pague el coste de la conducción y el coste ambiental.

Debate territorial, más que ideológico

La realidad de la situación ilustra bien tanto sobre los límites del viejo modelo, ya superado, como sobre las insuficiencias actuales del modelo alternativo que acaba de nacer. Así, las aportaciones del trasvase Tajo-Segura han posibilitado una agricultura altamente productiva, pero no han impedido el consumo por encima de los recursos disponibles ni el agotamiento progresivo de embalses y aguas subterráneas. "En mi cuenca, el déficit hídrico ha aumentado en los últimos 10 años de forma escandalosa por las urbanizaciones y el aumento de los regadíos", dice el comisario del Segura, Miguel Aldeguer. "La situación ha llegado al punto", enfatiza, "de que en la zona de Calasparra, por ejemplo, se están utilizando una veintena de pozos para poder beber".

Hay dos planteamientos de fondo que pugnan en el tránsito de uno a otro modelo: el que juzga prioritario llevar el agua al terreno en el que se genera la riqueza, y el que considera que cualquier proyecto económico debe asentarse previamente sobre sus propios recursos. Son planteamientos condicionados por la opinión comúnmente aceptada de que la Administración no se puede desentender de los cultivos agrícolas más rentables, ni tampoco ignorar que el aumento del precio del agua a su coste arruinaría a gran parte de la agricultura menos rentable y contribuiría a la despoblación rural. Como tampoco se puede obviar que las comunidades autónomas de aguas arriba se resisten a traspasar a zonas más ricas un recurso escaso y revalorizado que necesitan utilizarlo para su propio desarrollo. Pese a la intensa polarización política y a la confrontación existente entre las comunidades gobernadas por el Partido Popular y el Ejecutivo central, éste es un debate más territorial que ideológico.

El agua, en manos de los ingenieros

En su libro Ideas y propuestas para una nueva política del agua en España, el especialista en planificación ambiental Antonio Estevan y el premio Nacional de Economía y Medio Ambiente 2000 José Manuel Naredo afirman que la esencia del cambio inspirado por la directiva marco europea es el tránsito desde una política sectorial "extractiva", como la minería o la pesca, hacia una política de carácter, primero ambiental y luego sectorial. "La política del agua", indican, "va ganando cada vez más un carácter territorial, y adquiriendo la transversalidad propia de este tipo de políticas".

El presidente del Colegio de Geólogos, Luis Eugenio Suárez, atribuye a ese carácter sectorial la ignorancia existente en nuestro país sobre las aguas subterráneas. "Aunque la cuenca del Júcar es deficitaria, la mitad de sus acuíferos están por estudiar y la otra mitad mal estudiados. El problema de fondo", dice, "es que la política de Aguas se ha confundido con la política de Obras. De hecho", añade, "hasta hace ocho años, la Dirección General de Aguas estaba en el Ministerio de Obras Públicas y por esa misma razón el 75% de los funcionarios superiores y medios del Ministerio de Medio Ambiente son ingenieros". En su opinión, las confederaciones hidrográficas y la política de Aguas deben ser reformadas para dotarlas de un carácter pluridisciplinar. "Hay que poner un caudalímetro en cada pozo y estudiar y controlar las aguas subterráneas para acabar con la sobreexplotación y la contaminación", concluye.

A caballo entre dos modelos, los expertos medioambientalistas españoles analizan las experiencias obtenidas en países con problemas parecidos que se han colocado a la vanguardia del cambio. "En California, un país similar a España, el modelo de las grandes infraestructuras hidráulicas financiadas con dinero público fue puesto en crisis precisamente por los responsables económicos", explica el presidente de la Fundación Nueva Cultura del Agua, Pedro Arrojo. "Sacaron las cuentas y vieron que en la mayoría de los casos esa estrategia de grandes inversiones públicas no era rentable porque los gastos no se compensaban ni con la electricidad ni con los beneficios de los regadíos. En zonas saturadas como Los Ángeles, el criterio imperante", señala, "es que cualquier proyecto que pretenda ponerse en marcha ha de tener asegurado el suministro suficiente de agua por sus propios medios, porque la Administración no va a facilitársela. Han llegado a la conclusión de que sólo les interesa el desarrollo sostenible que aporta calidad de vida".

El uso útil del río

Según Pedro Arrojo, el nuevo modelo implica un gran cambio de mentalidad. "En EE UU, muchos ríos han pasado a ser considerados parques fluviales y en algunos sitios se están desmontando presas, devolviendo al río su curso original. En esas áreas protegidas, el concepto de uso útil ha cambiado radicalmente porque", dice, "ahora el uso útil del río se basa precisamente en ser río, y se genera riqueza gracias a la pesca y al turismo que busca los parajes limpios y gratificantes. Han comprendido que al cargarse los ríos y los bosques se estaban cargando las gallinas de los huevos de oro. De la misma manera que aquí no se nos ocurre ver en la playa de La Concha de San Sebastián una gran cantera de arena, allí han dejado de mirar al río como a un simple canal de agua".

Al otro lado del debate, la portavoz del Partido Popular en la Comisión de Medio Ambiente, María Teresa de Lara, establece un paralelismo, que otros juzgan ya imposible, entre el reparto del agua y la distribución de energía eléctrica. "En España hay regiones que producen energía y otras que no, pero la energía llega a todas partes. Pues con el agua debería ser igual", sostiene. Es un discurso que da prioridad absoluta al desarrollo -"antes que desarrollo sostenible debe haber desarrollo", apunta- y que se fundamenta en la idea de que hay agua para todos, y sin necesidad de subir los precios. "No estoy a favor del incremento de los precios del agua porque eso supondría colocar al campo español en inferioridad de condiciones", indica.

Frente a quienes con argumentos económicos, sociales y medioambientales descalifican el proyecto de trasvase del Ebro descartado por el actual Gobierno, la diputada del PP sostiene que esa obra resolvía eficazmente parte de los problemas. "Se está creando una tensión social enorme", comenta, "porque los agricultores del Levante han invertido mucho dinero en los riegos por aspersión y en la modernización, y ahora ven que el porvenir no se les presenta muy halagüeño".

Tampoco Francisco Cabezas, principal valedor técnico del trasvase del Ebro en el anterior Ejecutivo, cree que el déficit hídrico del Levante se resolverá con las medidas adoptadas por el actual Gobierno. "Estoy a favor de la desalación, la modernización de los regadíos, la reutilización de las aguas y el ahorro, pero eso", asegura, "no resolverá el déficit existente. La gente está angustiada por miedo a que se pierda la industria agroalimentaria de la zona y yo creo que tarde o temprano habrá que hacer el trasvase si se pretende dotar de agua al Levante". Ex subdirector general de Planificación Hidrológica en el anterior Gobierno, Francisco Cabezas es partidario, sin embargo, de detener la expansión de los regadíos, así como del incremento de los precios del agua. "Pero no se puede cobrar el agua a su coste total, eso no se hace en ninguna parte", sostiene.

La tecnología abre una ventana

En cualquier caso, el progreso en las técnicas de desalación de aguas salobres o de agua de mar ha abierto un ventanal a la esperanza que ni los más acérrimos trasvasistas se atreven hoy a negar. Descartada hasta hace unos años por su elevado coste, la desalación se presenta como una alternativa posible a los trasvases gracias al abaratamiento espectacular de la producción conseguido últimamente con la técnica de ósmosis inversa. "Si en el año 70 gastábamos 22 kilovatios por cada metro cúbico, ahora desalamos normalmente con 3,5 kilovatios por metro cúbico y en algunos sitios hemos conseguido ya producir a 2,6 kilovatios", subraya el presidente de la Asociación Española de Desalación y Reutilización, José Antonio Medina. El precio del agua desalada, un dólar por metro cúbico hasta hace unos años, oscila actualmente, entre 0,45 euros y 0,71 euros por metro cúbico, incluyendo las amortizaciones, señala José Antonio Medina. Este precio sigue siendo superior al establecido en el proyecto del trasvase del Ebro, aunque no pocos expertos opinan que las cifras anunciadas por el anterior Ejecutivo estaban lejos de corresponderse con la realidad.

Sea como fuere, la desalación es la alternativa, complementaria o no, que la nueva política ofrece a las comunidades con déficit hídrico, muy particularmente a las que vieron en el trasvase del Ebro la panacea que iba a resolver sus problemas. De hecho, el programa Actuaciones para la Gestión y la Utilización del Agua (AGUA) fía a la desalación la obtención y recuperación anual de unos 600 hectómetros cúbicos anuales, más de la mitad del objetivo (1.060 hectómetros cúbicos), establecido en un plan que cuenta igualmente con las aportaciones derivadas de la modernización de regadíos (190 hectómetros cúbicos) y de la reutilización de las aguas depuradas (140 hectómetros cúbicos). A la espera de que los costes lleguen a reducirse todavía más, los expertos reconocen que, hoy por hoy, la desalación únicamente resulta rentable para el suministro de agua en puntos situados en una cota inferior a los 400 metros.

No deja de ser paradójico que un país como España, no caracterizado precisamente por su inversión tecnológica, se haya convertido en pionero en las técnicas de desalación, además de situarse en la vanguardia de las energías alternativas. "Tenemos 10 grandes empresas con un potente capital tecnológico, cosa que no existe en ninguna otra parte del mundo, tampoco en EE UU", indica José Antonio Medina. "Nuestras empresas están ganando contratos en medio mundo: en EE UU, en China, en India, en Argelia, en México, en el Reino Unido..., porque estamos a la cabeza de las técnicas de desalación y reutilización". España es el primer país en desalar agua para la agricultura y el quinto en desalar agua de mar, una clasificación que encabezan Arabia Saudí y los Emiratos Árabes.

Actualmente, las 900 desaladoras existentes, en su mayoría de reducido tamaño, producen 1,6 millones de metros cúbicos de agua al día, el 2,3% de la que se utiliza en el conjunto de España, pero esta cifra debería aumentar notablemente cuando entren en funcionamiento -no será antes de 2007- las 15 grandes plantas en proyecto. El problema de los vertidos de las salmueras, la concentración de sales que implica el proceso de desalación, parece haberse resuelto satisfactoriamente con los emisarios submarinos que las reparten lejos de las praderas de algas poseidonias, tan importantes para garantizar la reproducción pesquera. Estimuladas por una realidad que obliga a hacer de la necesidad virtud, las empresas españolas -la asociación del sector cuenta con 58 firmas, algunas especializadas en el bombeo y la distribución- han encontrado en el mar el recurso ilimitado que puede paliar el déficit hídrico del arco mediterráneo y contribuir a que España afronte el futuro del agua con mayor optimismo.