Recuperar el Consell de Cent, una deuda pendiente
Pasados más de seis años desde que el Parlament aprobó la Carta de Barcelona, parece que su ratificación en Madrid está más cerca que nunca. Recientemente, el ministro Jordi Sevilla ha declarado que la negociación está prácticamente cerrada sugiriendo que el reconocimiento oficial de la singularidad de Barcelona es inminente. No obstante, el hecho de que la futura Carta no incluya de forma expresa los criterios de financiación, ha generado desconfianza. Cabe recordar que en la actualidad el conjunto de municipios del entorno inmediato de Barcelona, con una población equivalente a la de la ciu...
Pasados más de seis años desde que el Parlament aprobó la Carta de Barcelona, parece que su ratificación en Madrid está más cerca que nunca. Recientemente, el ministro Jordi Sevilla ha declarado que la negociación está prácticamente cerrada sugiriendo que el reconocimiento oficial de la singularidad de Barcelona es inminente. No obstante, el hecho de que la futura Carta no incluya de forma expresa los criterios de financiación, ha generado desconfianza. Cabe recordar que en la actualidad el conjunto de municipios del entorno inmediato de Barcelona, con una población equivalente a la de la ciudad de Madrid (3.150.000 habitantes), recibe unos 60 millones de euros menos de la Participación de los Ingresos del Estado (PIE). Sin embargo, en el acuerdo alcanzado, la evaluación de esos costes de capitalidad, que se concretarán en forma de convenios quinquenales, se deja para una negociación ulterior. El Gobierno de Rodríguez Zapatero, a pesar de reconocer el trato discriminatorio hacia Barcelona, no parece dispuesto a incluir esa deuda en la PIE, puesto que a su parecer representaría un trato singular hacia la capital catalana: son los municipios los que reciben el subsidio del Estado, y el municipio de Barcelona, con sólo 1.580.000 habitantes, no puede disponer, basándose en la PIE, de los mismos recursos que Madrid, con cerca del doble de población. Para el Gobierno central, por tanto, sólo será posible la plena equivalencia de ingresos entre Madrid y Barcelona una vez sea reconocida en la nueva organización territorial de Cataluña el Área Metropolitana.
La discriminación que padece Barcelona se ha mantenido fruto de un pacto de silencio entre la derecha nacional española y la catalana
El fondo de la cuestión no es económico. Tiene una naturaleza claramente política. La discriminación financiera que padece Barcelona es resultado directo de la fragmentación de su territorio. Fragmentación que, hace falta recordarlo, es el resultado de una acción de guerra. La guerra de Sucesión, con los hechos del 11 de septiembre de 1714, representó la pérdida, además de las instituciones de la Generalitat, de las del gobierno de la ciudad: el Consell de Cent, principal baluarte de la defensa de las libertades catalanas. Este castigo de guerra representó la desmembración del ámbito de jurisdicción de la capital del Principado: el Pla de Barcelona, es decir, el territori ample delimitado por el cerro de Montgat, Collserola y el macizo del Garraf. El nacimiento de los municipios de los valles del Llobregat y del Besòs que hoy conocemos, creados fruto de la aplicación del Decreto de Nueva Planta, son el resultado de este acto de guerra.
De esta discriminación hacia Barcelona no quedó libre de culpa, ni mucho menos, el franquismo. La reforma del mapa municipal, entre 1947 y 1954, es una prueba: en este periodo, mientras que el municipio de Madrid pasaba de 66 kilómetros cuadrados a los 606 actuales, a Barcelona sólo se le reconocía una comarca de planeamiento urbanístico común de 478 kilómetros cuadrados, compuesta por 27 municipios y tutelada por el Gobierno central. Con el franquismo no sólo permaneció, sino que se ahondó, el agravio a Barcelona. Lo más preocupante, sin embargo, no es que el Gobierno central nunca haya reconocido esta deuda (política) pendiente. Aún es peor que aquí, en nuestra propia casa, no se haya planteado como una cuestión central en el proceso de reconstrucción nacional la recuperación del territorio y de la capacidad de gobierno del cap i casal de Cataluña. El ideario nacional hegemónico elaborado a partir de la Renaixença olvidó de forma escandalosa la defensa de Barcelona, quizá excesivamente izquierdista y progresista, de tal manera que ya nunca más se reivindicó la recuperación del Consell de Cent, ni la plena jurisdicción del Pla de Barcelona. En este contexto cultural dominante, la ponencia para la división territorial, nombrada por la Generalitat en 1932, olvidaría el Pla de Barcelona confirmando así la fragmentación del territorio barcelonés mediante la creación de la minimalista comarca del Barcelonès.
La parte hegemónica del catalanismo político no ha sido, por tanto, indiferente al agravio a Barcelona. Al contrario, lo ha fomentado y profundizado. Ha contrapuesto Cataluña a Barcelona, olvidando de forma irresponsable que Cataluña nada sería sin Barcelona, de la misma manera que Barcelona no existiría sin Cataluña. Esta oposición ficticia llegó a su paroxismo con la desaparición, el año 1987, de la Corporación Metropolitana: las nuevas comarcas nacían de la mano de la desapoderación a Barcelona de su único (y muy limitado) instrumento de gestión del entorno inmediato.
El agravio a Barcelona se ha mantenido, por tanto, fruto de un pacto de silencio entre la derecha nacional española (que no acepta, bajo ninguna condición, la equiparación entre Madrid y Barcelona) y la catalana (temerosa de que el poder de Barcelona pusiera en entredicho su hegemonía política). 1714, acción de guerra, y 1987, acto democrático, vienen así indisolublemente vinculados.
El agravio a Barcelona continúa sin ser reparado. No se trata sólo de una reivindicación sentimental, ni de la defensa de un simple instrumento funcional, de gestión metropolitana (cuando la metrópoli se ha extendido mucho más allá de los confines de ese territorio). No se trata sólo de financiación. Es mucho más que esto. Es el reconocimiento político de la capacidad de gobierno de Barcelona sobre su territorio. Es la reafirmación del derecho del cap i casal a continuar siendo el motor de Cataluña. Y es la vindicación del derecho de los ciudadanos de Barcelona, sin distinción del municipio de pertenencia, a vivir en una ciudad habitable y sostenible. El gobierno de la ciudad tiene que poder proyectar el futuro de la Barcelona real. Debe tener, en definitiva, territorio y poder. Territorio que no puede ser otro que el histórico: el Pla de Barcelona, y poder que sólo puede ser ejercido de forma democrática; es decir, por la vía de la elección directa del alcalde del cap i casal (junto a los alcaldes y concejales de los municipios que conforman el territorio de Barcelona). El alcalde de Barcelona, la del territori ample del Consell de Cent, tiene que basarse en un poder electivo directo de todos. Esta Barcelona ha de representar una entidad territorial plena, no una unidad funcional como hasta 1987 era la Corporación Metropolitana. Una entidad específica, propia de la capital de Cataluña, del estilo de Greater London, donde la unidad jurisdiccional y representativa del conjunto de la ciudad real de Londres acompaña un estricto respeto de las competencias y la personalidad de los 33 boroughs que la conforman.
La articulación de distritos y municipios en este nuevo Consell de Cent no será cosa fácil. Juega en contra una tradición demasiado arraigada de carácter particularista resultado de la fragmentación municipal de la Nueva Planta. La actual Carta Municipal, impulsada cuando los nacionalismos conservadores catalán y español estaban en el poder, puede ser un primer paso en este camino, pero todavía es insuficiente: fue redactada en función de la correlación de fuerzas de aquel momento, contrario al reconocimiento de la singularidad barcelonesa. Es preciso dar un paso adelante en la resolución de la injusticia cometida en 1714 (y ratificada y ampliada en 1987). El actual Gobierno de la Generalitat tiene, por primera vez en la historia reciente de Cataluña, la sensibilidad de ver en Barcelona no una opositora, sino una aliada: la fuerza que representa el apoyo y el sostén del cap i casal. La nueva organización territorial que se anuncia tiene la oportunidad de reparar, de forma definitiva, el viejo agravio a Barcelona, y el Gobierno del Estado también puede contribuir a superar este viejo contencioso. En palabras de Laureano Figuerola, ministro de Hacienda (1869) cuando se devolvieron a la ciudad los terrenos de la Ciutadella: "Cabe compensar a Barcelona". Este es el reto pendiente.
arquitecto y director del Centro de Política del Suelo y Valoraciones.
Josep Roca Cladera es