¿Es Cuba un país justo?
El aparato de legitimación simbólica del régimen cubano descansa sobre la idea de que la libertad política debe sacrificarse en aras de la soberanía nacional y la justicia social. El castrismo, en una perfecta instrumentación del "estado de emergencia" descrito por Giorgio Agamben, difunde la certeza de que la penalización de los derechos de asociación y expresión es, para un pequeño país fronterizo del Caribe como Cuba, el costo de la preservación de la independencia y del desarrollo de estrategias equitativas de distribución del ingreso.
Dejemos para otra entrega el tema de la soberan...
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El aparato de legitimación simbólica del régimen cubano descansa sobre la idea de que la libertad política debe sacrificarse en aras de la soberanía nacional y la justicia social. El castrismo, en una perfecta instrumentación del "estado de emergencia" descrito por Giorgio Agamben, difunde la certeza de que la penalización de los derechos de asociación y expresión es, para un pequeño país fronterizo del Caribe como Cuba, el costo de la preservación de la independencia y del desarrollo de estrategias equitativas de distribución del ingreso.
Dejemos para otra entrega el tema de la soberanía nacional y concentrémonos, por ahora, en la cuestión de la justicia social. Durante décadas, muchos intelectuales orgánicos (Cintio Vitier, Eusebio Leal, Roberto Fernández Retamar, Armando Hart, Fernando Martínez, Abel Prieto) han presentado la revolución y el socialismo como cristalizaciones políticas de una tradición ideológica "cubana", originada en el republicanismo cristiano del siglo XIX (Varela, Luz, Mendive, Martí) y continuada por políticos nacionalistas o comunistas del siglo XX (Mella, Martínez Villena, Guiteras, Castro), que anteponían los valores de igualdad y justicia a los de libertad y la democracia.
La joven historiografía de la isla y la diáspora ha criticado ese discurso oficial por sus tres mayores limitaciones: el excepcionalismo nacionalista en que se inspira, la visión unilateral y excluyente de la historia intelectual de Cuba que transmite y la subestimación de los valores liberales y democráticos que esa misma tradición republicana y revolucionaria produjo en los dos últimos siglos. Hoy por hoy, ese discurso de legitimación histórica del castrismo está prácticamente agotado. Sin embargo, el mito de que Cuba es un país justo persiste en una zona considerable de la imaginación iberoamericana.
Al desgaste de esa noción castrista de la justicia ha contribuido, en buena medida, la indigencia teórica de sus postulados. El campo intelectual de la isla, a pesar de estar sometido al bombardeo constante de la propaganda justiciera e igualitaria del régimen, ha estado al margen de la gran revolución teórica producida por los libros del gran filósofo liberal norteamericano John Rawls, fallecido en 2002. Me refiero, sobre todo, a Teoría de la justicia (1971) y Liberalismo político (1993), dos volúmenes en los que se observa cómo, en las dos décadas que median entre el esplendor y la caída del campo socialista, el concepto liberal de justicia evolucionó de la idea de "imparcialidad" a la idea de "equidad".
Como ha documentado Roberto Gargarella, todas las corrientes contemporáneas de la filosofía de la justicia definen sus posiciones frente al legado de Rawls: libertarios y utilitaristas, conservadores y liberales, republicanos y demócratas, socialistas y comunitarios, feministas y neomarxistas, Nozick y Dworkin, Walzer y Sen, MacIntyre y Habermas, Taylor y Sandel, Gutman y MacKinnon. Todos los teóricos actuales del derecho, lo mismo para refrendarla que para cuestionarla, parten de la obra de Rawls, y coinciden con él en un punto inaceptable para el castrismo: que el poder político es, como el ingreso o los servicios, una esfera más de la justicia y que también debe ser distribuida.
En Cuba, a diferencia de la mayoría de los países iberoamericanos, esa filosofía contemporánea de la justicia no se estudia, ni se edita, ni se comenta. No sólo porque el campo académico e intelectual de la isla -a pesar de la flexibilización involuntaria que ha experimentado en los últimos años- sigue estando regido por la ortodoxia nacionalista, sino porque, en su aldeana arrogancia, los líderes cubanos suponen que, en un país "igualitario", el problema de la justicia social, como el de la raza, la homosexualidad o el género, ha sido resuelto y no debe ser debatido.
A pesar de la precariedad teórica del debate intelectual cubano, en los últimos años varios sociólogos y economistas de la isla y la diáspora han comenzado a cuestionar el mito de Cuba como "país justo". Las investigaciones más recientes de Carmelo Mesa Lago, Jorge I. Domínguez, Omar Everleny Pérez Villanueva, Haroldo Dilla, Mayra Espina Prieto, Viviana Togores, Anicia García, Lorena Barbería, Mirem Uriarte, Mauricio de Miranda, Luisa Íñiguez Rojas y Lía Añé nos describen una sociedad caribeña con una creciente disparidad en la distribución del ingreso, pronunciadas desigualdades regionales, acceso inequitativo a los servicios públicos y reestratificación racial, sexual, genérica y migratoria de la ciudadanía.
Algunos datos aportados por esos estudios nos ayudan a comprender mejor el mapa de la nueva segmentación social cubana. Cerca de un 80% de la población cubana gana menos de 300 pesos mensuales, lo que equivale a unos 20 euros -compensados, naturalmente, por los subsidios estatales-. Pero hay, por lo menos, un 1,5% de la población, mayoritariamente blanco, con acceso a remesas o empleado por el Gobierno y las firmas extranjeras, que gana entre 1.000 y más de 6.000 pesos mensuales. De acuerdo con estos estudios, en Cuba, el salario mínimo ha decaído de poco menos de 150 pesos en 1985 a poco más de 50 en 2002.
En los últimos 15 años, esa reestratificación social no sólo ha afectado a grupos vulnerables como las mujeres, los negros, los homosexuales y los migrantes internos, sino que ha acentuado los desequilibrios regionales. El nivel de desarrollo humano de ciudades más o menos integradas a la parcela del mercado internacional que le toca a Cuba, como las que pertenecen a las viejas provincias del norte occidental de la isla (La Habana, Matanzas, Las Villas), es mayor que el de las relativamente integradas (Pinar del Río, Camagüey, Holguín, Ciego de Ávila, Santiago de Cuba) y bastante superior al de regiones del sur oriental como Las Tunas, Granma o Guantánamo. En esta zona se concentran los 36 municipios más pobres de la isla, algunos de los cuales, según los estudiosos, reportan indicadores sociales críticos, propios de cualquier país caribeño, y producen una cuantiosa emigración hacia las provincias occidentales.
En el último informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Cuba aparece como uno de los países latinoamericanos con mayores índices de distribución equitativa del ingreso. Lo que no refleja dicho informe es que la equidad, sin crecimiento económico ni integración plena al comercio mundial, sin desregulación estatal de la producción ni desarrollo pleno del mercado interno, se vuelve inequidad o, más exactamente, parcelación regional y estratificación social del ingreso. Como pensaba Rawls, la justicia y la igualdad, sin libertad, producen un nuevo tipo de segmentación de la sociedad, más difícil de erradicar que la que caracteriza a una economía de mercado emergente.
Rafael Rojas es escritor y ensayista cubano, codirector de la revista Encuentro.