Estatut, recta final
Una de las amenazas que hoy se ciernen sobre el proceso de reforma política es que no se consiga vertebrar una propuesta de amplio apoyo parlamentario en el mismo Parlament. La preocupación de que esto ocurra crece cuando no sólo hay ciertas dudas sobre la participación de los populares en el acuerdo de reforma estatutaria y del modelo de financiación, sino que por motivos opuestos estas dudas se trasladan también a la capacidad de alcanzar acuerdos entre todos los partidos que de manera evidente podemos relacionar con el catalanismo político. Es cierto que un proceso político como el que nos ...
Una de las amenazas que hoy se ciernen sobre el proceso de reforma política es que no se consiga vertebrar una propuesta de amplio apoyo parlamentario en el mismo Parlament. La preocupación de que esto ocurra crece cuando no sólo hay ciertas dudas sobre la participación de los populares en el acuerdo de reforma estatutaria y del modelo de financiación, sino que por motivos opuestos estas dudas se trasladan también a la capacidad de alcanzar acuerdos entre todos los partidos que de manera evidente podemos relacionar con el catalanismo político. Es cierto que un proceso político como el que nos ocupa es muy relevante, no en vano estas reformas no se llegaron a plantear con anterioridad en los 25 años de autogobierno, y que de esa relevancia se pueden desprender consecuencias para cada uno de los partidos políticos en función del resultado final. Entra dentro de los cálculos razonables el pensar que la posición que cada formación política mantenga en referencia al proceso de elaboración del Estatut puede tener efectos en la capacidad de retener, incrementar o reducir apoyos electorales. La evidencia de ese dato tiene el riesgo de que se sobrevalore el cálculo de costes y beneficios posibles para cada formación, y se minimicen los efectos que el proceso va a producir en el conjunto del país en función de cuál sea el resultado del mismo.
Es razonable que en el momento de la discusión aparezcan matices y puntos de vista distintos -no en vano la pluralidad política de la sociedad catalana es notable, y una prueba de ello es que se expresa en cinco formaciones parlamentarias-, pero otra cosa muy distinta es que en esas posiciones se hinchen los cálculos sobre el rédito futuro que se espera obtener. En ese sentido, no dejan de sorprender determinadas posiciones de apariencias maximalistas entre quienes durante más de dos décadas de mayoría parlamentaria sometieron la política catalana al pragmatismo más extremo. No es fácil encontrar un hilo conductor entre la estrategia del peix al cove que permitió a Pujol desarrollar todas sus capacidades dialécticas y políticas, y la actual posición que CiU mantiene, en muchos sentidos de clara inspiración confederal y de difícil encaje sin una reforma radical -harto improbable, por otra parte- de la Constitución española.
Es evidente que CiU está tejiendo una red que persigue, por una parte, limitar electoralmente el terreno a ERC; por otra, encontrar fisuras en la mayoría gubernamental, y finalmente, hacer entrar en contradicción al Gobierno español y a quienes le apoyan -entre otros los mismos que sustentan el Gobierno catalán- ante lo que fueron sus promesas sobre las reformas en Cataluña y lo que finalmente van a realizar. La única precaución que CiU debe tener es la de no quedar atrapada en esa misma red que teje para otros. Sería terrible para sus intereses que la opinión pública retuviera que el consenso en Cataluña se resquebraja por la posición maximalista que la federación nacionalista mantiene o simplemente que ganase cuerpo la idea de que CiU está dispuesta a sacrificar espacios de acuerdo o de retrasarlos simplemente en beneficio propio.
En otro contexto podemos detectar otra de las amenzas que se intuyen hoy contra el buen fin del proceso de reforma estatutaria y de financiación: la posibilidad de que una mayoría parlamentaria española rechace una parte relevante de las propuestas que le plantee el Parlament. Es indiscutible que las posiciones que así se expresan han crecido en las últimas semanas, especialmente en referencia a la propuesta de financiación autonómica realizada por el Gobierno catalán. Una prueba de que el camino de la propuesta catalana no va ser un paseo triunfal por la capital del Estado son las reuniones que delegaciones del PSC y del PSOE estan celebrando, con cierta discreción, para evaluar los puntos de discordia e intentar minimizarlos buscando elementos de concordia. Lógicamente, la peor parte en esta jugada se la puede llevar el PSC, ya que su margen de maniobra es especialmente estrecho. Lo que finalmente se apruebe en el Parlament no depende sólo de su voluntad. Hay mayorías alternativas a las que se supone que son las naturales dadas las circunstancias de gobierno en Cataluña. De la confluencia de esa posibilidad y de la reflexión anterior puede emerger el peor de los escenarios posibles para el PSC, la capacidad de CiU de arrastrar a ERC e ICV en propuestas por encima de lo que presumiblemente el Parlamento español está en disposición de apoyar.
Lógicamente, ése no es el único escollo para que llegue a buen puerto el Estatut, y tampoco sé si es el más probable. Lo cierto es que las semanas que quedan para cerrar una propuesta en Cataluña pueden ser consideradas, por razones obvias, unas de las más importantes desde la transición política. La responsabilidad es de todos ellos, pero eso no impide que finalmente a cada cual se le puedan pedir responsabilidades por sus posiciones y conductas. Un fracaso político de estas dimensiones tendría consecuencias a largo plazo. Por eso es razonable exigir de nuestra clase política todo su esfuerzo para hacer que esta travesía llegue a buen puerto. Lamentablemente, la propuesta que se haga desde Cataluña no es una condición suficiente para tener nuevo Estatut, pero sí una condición necesaria. No se trata de rebajar posiciones, sino de situarlas en el nivel máximo de lo que es razonable y posible. Éste es el encaje que nuestros parlamentarios deben realizar. Ni más ni menos.
Jordi Sánchez es profesor de Ciencia Política