Los alcaldes exigen más competencias en el nuevo Estatut

El nuevo Estatut tiene que ser la oportunidad de una segunda descentralización hacia los ayuntamientos. El principio es asumido por muchos alcaldes y los hay que concretan más. Joan Clos y Ángel Ros, alcaldes de Barcelona y Lleida, respectivamente, plantean que los servicios de enseñanza primaria y de bienestar social, por ejemplo, estén gestionados íntegramente por los ayuntamientos con la correspondiente financiación. Esa reivindicación se apoya en la realidad de que los consistorios -especialmente los de las medianas y grandes ciudades- destinan un tercio del gasto a atender servicios cuyas...

El nuevo Estatut tiene que ser la oportunidad de una segunda descentralización hacia los ayuntamientos. El principio es asumido por muchos alcaldes y los hay que concretan más. Joan Clos y Ángel Ros, alcaldes de Barcelona y Lleida, respectivamente, plantean que los servicios de enseñanza primaria y de bienestar social, por ejemplo, estén gestionados íntegramente por los ayuntamientos con la correspondiente financiación. Esa reivindicación se apoya en la realidad de que los consistorios -especialmente los de las medianas y grandes ciudades- destinan un tercio del gasto a atender servicios cuyas competencias no les son propias pero que tienen que afrontar porque son la Administración más cercana al ciudadano; por tanto, la que tiene que responder.

Un estudio de las liquidaciones de los presupuestos de los ayuntamientos catalanes incluido en el documento marco de la convención municipal del PSC que se celebra hoy concreta cuál es el gasto no obligatorio. La media de los gastos por habitante para afrontar los servicios que no competen estrictamente a los ayuntamientos es de 244,70 euros. El 23,4% corresponde a cultura; seguridad y protección civil se llevan el 18,8%; la promoción social, el 10,7%; la vivienda y el urbanismo, el 8,3%, y la educación, el 8%. Esos gastos se financian a través de las transferencias de otras administraciones y por ingresos propios -tasas y tributos municipales-, pero entre todo sólo se cubren dos tercios.El porcentaje de participación de los ayuntamientos en el gasto público se ha mantenido prácticamente estancado en torno al 13% desde hace 20 años. El reparto que se pide es del 40% a cargo del Estado, 30% de la Generalitat y 30% de la Administración local.

El alcalde de Lleida, Àngel Ros (PSC), puntualiza: "Yo creo que uno de los ejemplos más claros es la política de inmigración. Son competencias que no son propias de los ayuntamientos y a las que nos vemos obligados a hacer frente. Otro caso: los ayuntamientos hemos asumido las escoles bresol y pensamos que forman parte de la primaria, y estamos en perfectas condiciones de asumir toda la red de primaria". Acerca del nuevo Estatut, Ros afirma que debe reconocer la autonomía municipal y la suficiencia financiera.

Clos reclama que el Estatut se haga "a favor" de los ayuntamientos. "Si de verdad creemos que Cataluña es municipalista y falta una segunda descentralización, el Estatut debe dar ejemplo con la descentralización hacia los ayuntamientos", puntualiza. El alcalde de Barcelona reclama para los ayuntamientos, además de la gestión de la enseñanza primaria y la red íntegra de bienestar social, el fomento del empleo y las políticas de trabajo, y las competencias de medio ambiente y vivienda. "Así funcionan en muchos países centroeuropeos en los que los ayuntamientos asumen directamente las competencias de las cuestiones más próximas al ciudadano. Pero, naturalmente, con la suficiente financiación".

Otra voz, de signo político diferente y de una ciudad mediana, la de Lluís Tejedor, alcalde de El Prat del Llobregat, sostiene que la descentralización desde la Generalitat hacia los ayuntamientos es necesaria, pero que será imposible conseguirla si la financiación de la Generalitat es la que es. "Hace falta un nuevo marco de financiación del Estado hacia la Generalitat". En cuanto a la autonomía financiera y la provisión de recursos de los ayuntamientos, Tejedor considera que es un contrasentido que la Administración local reciba transferencias principalmente del Gobierno central por competencias que éste ya ha traspasado a la Generalitat. El alcalde de El Prat cree que la Administración local podría obtener ingresos con un impuesto nuevo que gravaría las infraestructuras de telecomunicaciones.

La ponencia del Estatut recoge en el artículo 38 las competencias y la financiación local. Se trata de una descripción de las materias que son competencia de los ayuntamientos, bien por potestad directa, bien por principio de subsidiariedad.

CiU considera excesivamente prolija la regulación de las competencias locales y se muestra a favor de una "mención breve" en el titulo preliminar del Estatut. Desde las ciudades, las cosas se ven de otra manera. Así, el convergente Joan Miquel Nadal, alcalde de Tarragona, cree que el Estatut debe recoger "las competencias que corresponden a la Generalitat y a los ayuntamientos".

La alcaldesa de Girona, Anna Pagans (PSC), también es partidaria de ampliar el ámbito competencial de los ayuntamientos: "Es la Administración más cercana, con mejor conocimiento, y por tanto la que puede ser más eficaz en la gestión. Pero eso es imposible sin más recursos".

Cesta de impuestos

El capítulo cuarto de ese mismo artículo entra en el talón de Aquiles de la autonomía local: su financiación. Es aquí donde hay más matices entre los grupos que integran el tripartito. Por ejemplo, el PSC e ICV consideran que, además de los recursos propios, los ayuntamientos deben percibir ingresos a cargo de los presupuestos de la Generalitat o del Estado. Por el contrario, Esquerra Republicana otorga en exclusiva a la Generalitat esa capacidad, así como la de establecer los criterios de reparto de recursos. La oposición (CiU y el PP) manifiesta su reserva a la inclusión de ese artículo.

El alcalde de L'Hospitalet del Llobregat, Celestino Corbacho (PSC), se opone a que la Generalitat ejerza "tutelaje" sobre los ayuntamientos: "No estoy en contra de que parte de la financiación venga de los presupuestos de la Generalitat, pero sin que ello suponga que intervenga discrecionalmente", y sin exclusión de la participación de los presupuestos del Estado. En todo caso, Corbacho demanda criterios claros de participación en los presupuestos de la Generalitat "para evitar que puedan variar de forma arbitraria".

La ponencia marco de la convención municipal del PSC propone mantener la participación en la "cesta de impuestos" de la Administración central, pero aumentando los porcentajes de cesión. Eso sí, de salida, la ponencia sugiere que esos ingresos "sean percibidos a traves de la Generalitat".

En la convención del PSC también se discutirá la propuesta de que los ayuntamientos participen en los ingresos tributarios de la Generalitat en un porcentaje concreto del total de sus ingresos. El resultado de esa participación tendría que ser equivalente al rendimiento de la participación de los ingresos del Estado. Actualmente, el conjunto de las transferencias del presupuesto de la Generalitat a las administraciones locales representa el 3,70% del gasto consolidado.