IU se querella por el derribo de un palacio en El Puerto
Los tres concejales de IU en el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María (Cádiz, 80.000 habitantes) presentaron ayer en el Juzgado número 3 de esta localidad una querella contra el alcalde, Hernán Díaz Cortés, y el concejal de urbanismo, Juan Carlos Rodríguez, ambos de Independientes Portuenses (IP), por presunto delito contra el patrimonio histórico. La acción judicial responde a que, a juicio de IU, ambos ediles, entre otros, permitieron, el pasado mes de agosto, el derribo parcial del palacio de Vizarrón, una construcción del siglo XVII que goza de un nivel de protección integral.
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Los tres concejales de IU en el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María (Cádiz, 80.000 habitantes) presentaron ayer en el Juzgado número 3 de esta localidad una querella contra el alcalde, Hernán Díaz Cortés, y el concejal de urbanismo, Juan Carlos Rodríguez, ambos de Independientes Portuenses (IP), por presunto delito contra el patrimonio histórico. La acción judicial responde a que, a juicio de IU, ambos ediles, entre otros, permitieron, el pasado mes de agosto, el derribo parcial del palacio de Vizarrón, una construcción del siglo XVII que goza de un nivel de protección integral.
La querella de los ediles de la coalición de izquierdas incluye también a las dos empresas que ejecutaron el derribo y a dos técnicos municipales.
La acción judicial de IU se produce una semana después de que la Consejería de Cultura sancionase con 150.000 euros al consistorio y, con la misma multa, al propietario del edificio, el empresario inmobiliario Rufino Naves, y obligase al gobierno local portuense a reconstruir el edificio hasta recuperar "su estado original".
Este palacio, conocido como la Casa de las Cadenas y que fue utilizado por los cargadores de Indias a finales del siglo XVII y principios del XVIII, se incorporará, en breve, al catálogo de Bienes de Interés Cultural de Andalucía, según la Junta.
La concejala de IU Pepa Conde mostró su esperanza en que esta querella "no se eternice" y la justicia "actúe con rapidez" para demostrar que el Consistorio portuense "incumplió la ley al derribar un inmueble protegido sin permiso".