La subida del IBI de 1997 en Galapagar es ilegal, según el Supremo
El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento (gobernado por el PP) contra una sentencia dictada en 1998 que declaró nulo el acuerdo por el que se incrementó el impuesto de bienes inmuebles (IBI) del 0,62% al 0,82% en 1996. El PSOE mantiene que esta decisión obligará al Ayuntamiento de Galapagar a devolver unos dos millones de euros de este impuesto cobrados de forma indebida a los vecinos entre los años 1997 y 1998.
El alcalde del municipio, José Tomás, aclara en un comunicado que la sentencia no ordena al Ayuntamiento reintegrar parte del IB...
El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento (gobernado por el PP) contra una sentencia dictada en 1998 que declaró nulo el acuerdo por el que se incrementó el impuesto de bienes inmuebles (IBI) del 0,62% al 0,82% en 1996. El PSOE mantiene que esta decisión obligará al Ayuntamiento de Galapagar a devolver unos dos millones de euros de este impuesto cobrados de forma indebida a los vecinos entre los años 1997 y 1998.
El alcalde del municipio, José Tomás, aclara en un comunicado que la sentencia no ordena al Ayuntamiento reintegrar parte del IBI de esos dos años. "No obstante, el Ayuntamiento acata la sentencia, y la ejecutará escrupulosamente, reconociendo y liquidando, si así procediera, el derecho de cualquier vecino que se encuentre amparado por ello", añade el regidor.
El PSOE ha iniciado una campaña de información para dar a conocer a los ciudadanos la sentencia. Al mismo tiempo, les facilitará un recurso tipo para exigir la cantidad que les corresponda. "El incremento del impuesto supuso en términos generales una subida del 40,22%. Nuestro grupo entiende que el municipio tiene que devolver el dinero que ingresó de forma indebida, pero no sabemos cuál va a ser su postura", explica la portavoz socialista, Carmen Toledano.
En el pleno extraordinario de 31 de diciembre de 1996 el Ayuntamiento, gobernado por el PP, aprobó definitivamente la subida del IBI, una vez finalizado el periodo de presentación de alegaciones. El grupo socialista local votó en contra de la medida, e interpuso un recurso contencioso-administrativo basado en que no se había respetado el plazo de alegaciones.