Sentencia histórica

El capitán de corbeta retirado Adolfo Scilingo, uno de los oficiales argentinos asignados a la Escuela de Mecánica de la Armada en los años en que se convirtió en principal centro de tortura de la dictadura militar (1976-1983), fue condenado ayer por un tribunal español a 640 años de prisión por los delitos de lesa humanidad, detención ilegal y torturas. Se trata del primer caso de un represor condenado en presencia por un tribunal extranjero y también la primera vez en que la justicia española condena a un imputado por crímenes de este tipo cometidos en el extranjero. Es, por ello, una senten...

El capitán de corbeta retirado Adolfo Scilingo, uno de los oficiales argentinos asignados a la Escuela de Mecánica de la Armada en los años en que se convirtió en principal centro de tortura de la dictadura militar (1976-1983), fue condenado ayer por un tribunal español a 640 años de prisión por los delitos de lesa humanidad, detención ilegal y torturas. Se trata del primer caso de un represor condenado en presencia por un tribunal extranjero y también la primera vez en que la justicia española condena a un imputado por crímenes de este tipo cometidos en el extranjero. Es, por ello, una sentencia que marca un hito en la lucha de la justicia contra la impunidad y contra las fronteras nacionales en la persecución de los delitos de lesa humanidad. Tales delitos son definidos en el Estatuto de la Corte Penal Internacional como los "actos inhumanos que causen intencionadamente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental".

Scilingo ha sido considerado culpable de un delito de ese tipo por su participación en el asesinato de 30 personas que fueron arrojadas vivas al mar, tras ser drogadas, en los llamados vuelos de la muerte, en el verano de 1977. Una singularidad de este caso es que fue el propio Scilingo quien confesó o relató su participación en esos crímenes en una entrevista periodística realizada en su país en 1995. Nunca han estado claros los motivos de esa confesión, aunque en un escrito posterior, el prólogo a una especie de memorias, dijo que lo había hecho "presionado por mi propia conciencia". Sin embargo, es muy probable que esa conciencia estuviera aliviada por la sensación de impunidad que proporcionaron a los antiguos torturadores los límites impuestos por las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, aprobadas por las autoridades democráticas argentinas bajo chantaje militar, a mediados de los ochenta, y sólo recientemente abolidas.

No lo estaban cuando Scilingo reiteró su confesión en un programa de TVE, tras cuya emisión fue llamado a declarar por el juez Garzón, quien ordenó su detención en el curso mismo del interrogatorio. Garzón invocó la competencia que la Ley del Poder Judicial atribuye a la Audiencia Nacional para perseguir determinados delitos cometidos fuera del territorio nacional susceptibles de ser tipificados según la legislación española como delitos de genocidio, terrorismo y tortura. Las resistencias de algunos fiscales de la Audiencia y la escasa colaboración de las autoridades argentinas no impidieron que el sumario progresara hasta culminar en el juicio. Las imágenes de Scilingo al llegar a la sala arrastrándose, como si estuviera drogado, representando lo que los médicos forenses consideraron ejercicio de simulación, retratan la indignidad en estado puro. Quien había simbolizado la omnipotencia más execrable del ser humano, la del torturador frente al torturado, apareció representando la suma impotencia.

Como dijo ayer el representante de Amnistía Internacional en España, se trata de una sentencia que "marca una nueva era en la defensa de los derechos humanos".