Las constructoras catalanas lograron menos obras públicas en 2004 que en época de CiU
Las facturas de los trabajos encargados por GISA tienen una desviación al alza del 6,89%
Comapa es una constructora catalana que ocupa el puesto 115º por facturación entre todas las españolas. Pero en la época de CiU sus contratos con el Gobierno catalán sumaban el 4,62% del total, lo que la convertía en la novena empresa adjudicataria del Ejecutivo autonómico. Eso fue hasta 2003. En 2004, pasó del puesto noveno al vigesimosegundo. En la misma línea, pierden peso Copisa, Copcisa y, en general, las empresas catalanas, mientras que las grandes constructoras españolas (Obrascón, Necso y ACS) ganan posiciones. El sector ya ha expresado su preocupación por ello.
Ramon Serra, pre...
Comapa es una constructora catalana que ocupa el puesto 115º por facturación entre todas las españolas. Pero en la época de CiU sus contratos con el Gobierno catalán sumaban el 4,62% del total, lo que la convertía en la novena empresa adjudicataria del Ejecutivo autonómico. Eso fue hasta 2003. En 2004, pasó del puesto noveno al vigesimosegundo. En la misma línea, pierden peso Copisa, Copcisa y, en general, las empresas catalanas, mientras que las grandes constructoras españolas (Obrascón, Necso y ACS) ganan posiciones. El sector ya ha expresado su preocupación por ello.
Ramon Serra, presidente dimisionario de la empresa pública GISA, que gestiona y licita la mayor parte de la obra pública del Gobierno catalán, reconoció hace unos días en el Parlamento de Cataluña que los constructores se habían quejado por un cambio en el sistema de contratación que ha tenido una consecuencia clara: las empresas catalanas consiguen menos obras que antes.
Serra reveló a los diputados que los constructores entienden que el Gobierno catalán debería apoyar a las empresas locales ya que eso es lo que hacen, afirman esos empresarios, el resto de las comunidades autónomas. El problema es que tener la sede en la comunidad autónoma convocante de un concurso no es un mérito que figure en el pliego de cláusulas, de modo que es irregular tenerlo en cuenta.
Que CiU lo hacía está fuera de duda. El ex consejero de Obras Públicas Felip Puig lo reconoció el pasado miércoles tras su comparecencia ante la comisión parlamentaria que investiga el hundimiento del Carmel y las posibles irregularidades en la concesión de obras.
Los datos muestran, sin embargo, que algo ha cambiado. En la época de CiU, la capacidad del Ejecutivo para decidir qué empresa se llevaba el concurso era enorme ya que las ofertas que se separaran más del 1% de la media por arriba o por abajo quedaban casi excluidas. De modo que los aspectos técnicos, en los que la valoración es más discrecional, puntuaban al máximo. El sistema actual admite variaciones de hasta el 5% respecto a la oferta media, de modo que amplía el número de empresas con posibilidades de ganar y da mayor peso a la oferta económica.
El resultado es que una empresa como ACS, que con los gobiernos de CiU prácticamente no obtenía ningún concurso, ha pasado a convertirse en la décima, con el 2,53% de las obras adjudicadas. Obrascón (OHL), otra de las grandes constructoras españolas, también aumenta su presencia en Cataluña.
En paralelo, pierden presencia las estrictamente catalanas: Copcisa, Copisa, Comapa, Rubau y Sorigué. Salvo Copcisa, que hace unos años acometió un proceso de diversificación que la ha llevado a ganar diversos concursos en el resto de España, las otras empresas forman parte de las estrictamente habituales en los concursos de la Generalitat. El caso más llamativo es el de Scrinser, perteneciente al grupo Sacyr, que en los años anteriores casi no aparecía y en 2004 pasó a convertirse en la cuarta y a hacerse con el 5,69% de las obras licitadas por GISA.
Inspección exhaustiva
La empresa pública catalana, en el ojo del huracán ya que era la que adjudicó y supervisaba las obras del túnel hundido en el barrio barcelonés del Carmel, está siendo analizada en todos sus extremos. Hay uno en el que, no obstante, sale bien parada. Mientras que la firma Adigsa tiene desviaciones de coste que superan el 8% (y rondan el 20% si se tienen en cuenta sólo las obras con desvío presupuestario), las de GISA son claramente inferiores y se sitúan en el 6,89%.
Ese porcentaje ha caído ligeramente. En 2003 fue del 6,93%, pero ese año se había disparado desde el 4,09% de 2002. La explicación para estos aumentos es el notable incremento de actuaciones de esta empresa, que pasó de adjudicar obras por una media de 350 millones hasta 2000 a multiplicar casi por siete esa misma cifra en 2003, sin que a la vez se adecuaran sus estructuras de control sobre las empresas que realizaban los trabajos.
La empresas catalanas beneficiadas en los concursos de la época de CiU se sitúan en la banda alta en las desviaciones al alza en el periodo 2001-2004: Comsa, en el 5,3%; Teyco, en el 6,3%; Copisa, en el 4%. Dragados, en cambio, sólo tuvo una desviación del 0,4%.