Múgica pide a los proveedores de Internet que retengan los datos más de un año

El Defensor del Pueblo ha pedido al Gobierno que obligue a los proveedores españoles de servicios de Internet (ISPs) a retener durante al menos un año los datos de conexión y tráfico generados por las comunicaciones de sus usuarios, para facilitar así la investigación de los cuerpos policiales frente a delitos de pornografía infantil.

Esta petición se suma a la propuesta pactada el martes en Granada por los ministros del Interior de España, Francia, Reino Unido, Alemania e Italia para preservar estos mismos datos con objeto de emplearlos en investigaciones antiterroristas. En una recome...

El Defensor del Pueblo ha pedido al Gobierno que obligue a los proveedores españoles de servicios de Internet (ISPs) a retener durante al menos un año los datos de conexión y tráfico generados por las comunicaciones de sus usuarios, para facilitar así la investigación de los cuerpos policiales frente a delitos de pornografía infantil.

Esta petición se suma a la propuesta pactada el martes en Granada por los ministros del Interior de España, Francia, Reino Unido, Alemania e Italia para preservar estos mismos datos con objeto de emplearlos en investigaciones antiterroristas. En una recomendación remitida al ministro de Industria, Turismo y Comercio, José Montilla, el Defensor del Pueblo advierte de las dificultades que añade en la lucha contra la pornografía infantil el carácter transnacional de Internet y su complejidad técnica, que facilita el anonimato.

Sobre esa base, Múgica pide al Gobierno medidas que contribuyan a identificar a las personas que se sirven de la Red para intercambiar material, de forma que se guarden los datos de conexión y tráfico de los internautas para "facilitar las investigaciones".

Por el contrario, el Defensor defiende que este artículo puede ser de "gran utilidad" para luchar contra la pornografía infantil en la Red y considera que un año es el "periodo mínimo" que debería imponerse.

Dar datos a la policía

Asimismo, la institución encabezada por Múgica pide que el futuro desarrollo reglamentario de la ley recoja que la entrega de esos datos a los Cuerpos y Seguridad del Estado "se efectúe cuando éstos actúen en cumplimiento de las funciones de carácter preventivo que legalmente tienen asignadas, sin que sea necesario en todos los casos que actúen en funciones de policía judicial".

En la misma línea, exige que "se incluya la obligación de identificar al usuario de las redes IRC" -sistema de conversación multi-usuario, donde la gente se encuentra en canales para hablar en grupos o privadamente- por parte del proveedor de servicios, "haciendo recaer sobre ellos la obligación de comunicar" a los Cuerpos de Seguridad "la existencia de cualquier contenido de carácter delictivo que detecten en sus servidores".

Múgica también defiende que estos prestadores dispongan de "al menos" un registro de comunidades, grupos o páginas que se creen o alojen en sus espacios gratuitos. Y aboga además por que "todos aquellos establecimientos denominados cibercafés o cibercentros lleven un control de los usuarios" que usan sus servicios, "registrando al efecto el DNI de la persona que utiliza el puesto de acceso a Internet, y la franja horaria que utilizó".