El Gobierno de CiU ignoraba cuánta gente trabajaba en sus empresas y lo que cobraban

Los últimos días del pujolismo fueron de una "actividad frenética" nunca vista. El informe sobre la gestión de los Gobiernos de CiU revela que en los últimos meses de 2003 se prorrogaron concesiones administrativas sobre transportes por carretera y servicios de ITV, por ejemplo, que estaban todavía a varios años de vencer, y que se adjudicaron licencias de radio cuatro días antes de los últimos comicios. Todo esto en un contexto de "desorden" y "descoordinación" general del que da fe el hecho de que la Generalitat desconocía cuánta gente trabajaba en el sector público empresarial y cuánto cobr...

Los últimos días del pujolismo fueron de una "actividad frenética" nunca vista. El informe sobre la gestión de los Gobiernos de CiU revela que en los últimos meses de 2003 se prorrogaron concesiones administrativas sobre transportes por carretera y servicios de ITV, por ejemplo, que estaban todavía a varios años de vencer, y que se adjudicaron licencias de radio cuatro días antes de los últimos comicios. Todo esto en un contexto de "desorden" y "descoordinación" general del que da fe el hecho de que la Generalitat desconocía cuánta gente trabajaba en el sector público empresarial y cuánto cobraban.

El desbarajuste y la "poca racionalidad" de la estructura organizativa de la Generalitat se hacen especialmente evidentes en el sector público empresarial. La "gran proliferación" de empresas y entidades públicas (64 en total), consorcios (40), fundaciones (13) y organismos comerciales y financieros (6), y la inexistencia de un censo exhaustivo no permiten conocer todas las participaciones que tiene el Gobierno catalán y no hay sistemas de información que incluyan todo el sector. "El resultado es que nadie sabe ni cuánta gente trabaja en ellos ni cuánto cobran". Ésta es una de las "demoledoras" conclusiones del informe de gestión aprobado ayer por el Gobierno catalán y remitido al Parlament.

El informe, un detallado trabajo, consta de un primer documento general de 352 folios; otro sobre la gestión de los departamentos de Trabajo e Industria y Comercio y Turismo (de 122 folios), elaborado por Berta Llobera; un tercero sobre la gestión del Departamento de Universidades, elaborado por Virginia Astigarraga (de otro centenar de páginas), y un cuarto sobre la Intervención General. En total, 2.000 folios.

El trabajo está estructurado en tres apartados y un capítulo de conclusiones y recomendaciones. El primer apartado es un informe de la Intervención General de la Generalitat sobre la estructura organizativa de la Administración catalana. El segundo, elaborado por el Departamento de Gobernación, se refiere a la situación del personal de la Generalitat, con un claro aumento de la contratación de personal interino (trabajadores que ocupan plazas reservadas a funcionarios de carrera). Y en el tercero, hecho por Presidencia, se detallan una serie de ejemplos concretos vinculados a la contratación de servicios informáticos, concesiones, conciertos educativos y subvenciones.

Encargo de Maragall

El documento forma parte del encargo que hace un año efectuó el presidente Pasqual Maragall al consejero de Economía y Finanzas, Antoni Castells, para conocer con exactitud la situación financiera y administrativa que heredó el tripartito tras 23 años de pujolismo. La Generalitat ya dio a conocer los resultados de la macroauditoría sobre las finanzas públicas a mediados de mayo: la afloración de casi 7.700 millones de euros de deuda y un déficit de 1.177 millones en 2003.

Ayer se presentó el informe de gestión -con medio año de retraso debido a reiterados aplazamientos- por todo lo alto, en un acto al que asistieron, además de Castells, el secretario del Gobierno catalán, Ernest Maragall; el secretario del Departamento de Presidencia, Ramón García Bragado; el secretario general de Economía, Martí Carnicer, y el interventor general de la Generalitat, Josep Maria Portabella.

Tanto Castells como Maragall quisieron dejar claro desde el principio que el informe no es ningún "ajuste de cuentas" con el Ejecutivo de CiU y que el objetivo del documento "no es la detección de actividades delictivas o fraudulentas". Pero sí reconocieron el "uso habitual" de prácticas de "gravedad", cuyo resultado es la "manifiesta ineficiencia en la gestión y el uso poco apropiado de los recursos humanos y financieros" de la Administración catalana. "La nota es un suspenso claro en la gestión", enfatizó ayer el consejero Castells.

La descoordinación y la estructura "fuertemente compartimentada" de la Generalitat es especialmente apreciable en el ámbito de los organismos autónomos administrativos. El 31 de diciembre de 2003 la Generalitat tenía 23 organismos, cuya actividad "podía ser perfectamente asumida por una subdirección general", con el correspondiente ahorro de costes. "Sólo está plenamente justificada la existencia de siete u ocho organismos".

En el capítulo de personal, el informe señala un notable aumento del personal interino en el periodo 2001-2003 debido a la falta de convocatoria de oposiciones. El resultado es que los trabajadores interinos suponen un tercio de todo el personal de la Generalitat, que alcanza los 150.000 personas. El análisis de la gestión informática evidencia que la adjudicación para la prestación de servicios a la empresa T-Systems (Deutsche Telekom) ha representado un derroche de dinero y la canalización de servicios a empresas subcontratadas sin la convocatoria de concursos.

Por último, el informe de gestión destaca el "poco rigor" en la justificación de las subvenciones, cuyo sistema de gestión "hacía muy fácil el fraude", y la "proliferación" de contratos menores negociados sin publicidad y que "podían haberse agrupados en lotes para hacer concursos".