Prioridades

La aprobación por el último pleno del Congreso de los Presupuestos Generales del Estado ha venido acompañada de la de otra norma de especial significación: la Ley Integral contra la Violencia de Género. Si los Presupuestos expresan en el lenguaje nada eufemístico de las cifras las prioridades del Gobierno, la ley para proteger a las mujeres, primer proyecto legislativo remitido por el Ejecutivo a las Cortes, constituye una prueba de su decisión política de encabezar una rebelión social contra una lacra que sigue causando numerosas muertes en el entorno familiar.

Los Presupuestos General...

La aprobación por el último pleno del Congreso de los Presupuestos Generales del Estado ha venido acompañada de la de otra norma de especial significación: la Ley Integral contra la Violencia de Género. Si los Presupuestos expresan en el lenguaje nada eufemístico de las cifras las prioridades del Gobierno, la ley para proteger a las mujeres, primer proyecto legislativo remitido por el Ejecutivo a las Cortes, constituye una prueba de su decisión política de encabezar una rebelión social contra una lacra que sigue causando numerosas muertes en el entorno familiar.

Los Presupuestos Generales del Estado se han enfrentado, por primera vez, con el veto del Senado, consecuencia de los votos en contra del PP, flanqueado en esta ocasión por algunos grupos nacionalistas. Es un hecho que pone de manifiesto la fragilidad de la mayoría gubernamental en la Cámara alta, pero que apenas tiene efecto alguno en la gobernabilidad, ya que el veto fue levantado ayer por el Congreso con una mayoría de 180 votos. Y ello a pesar de que el PP amagara ayer con someter la decisión del Congreso al dictamen del Tribunal Constitucional. El PP hubiera puesto en un aprieto mucho mayor al Gobierno si en lugar del veto hubiera planteado en el Senado enmiendas en profundidad.

Con la Ley contra la Violencia de Género, que entra en vigor a principios de 2005, el Ejecutivo cumple uno de sus principales compromisos electorales. Su aprobación unánime por 325 votos favorables le otorga un enorme crédito político. Es importante que el PP le haya dado finalmente su apoyo, a pesar de las pegas que ha puesto a su procedimiento y de que esté en desacuerdo con el tratamiento penal específico previsto para los agresores. Es sin duda el flanco más cuestionable de la nueva norma y que puede crear algún problema a la hora de su aplicación por los jueces. Pero ninguna duda cabe de que las medidas de discriminación positiva en favor de la mujer que la ley establece en muchos ámbitos -judicial, administrativo, laboral, asistencial- constituyen un instrumento idóneo en manos de los poderes públicos para luchar contra esta violencia execrable.