El equipo de Aznar borró los ordenadores de Presidencia al abandonar el poder

El presidente José Luis Rodríguez Zapatero, que hoy comparece ante la comisión de investigación del 11-M en el Congreso, no podrá informar sobre la gestión de la crisis que hizo La Moncloa antes de su toma de posesión, el pasado 17 de abril. Su antecesor en el cargo, José María Aznar, dejó vacía la memoria de todos los ordenadores de la Presidencia del Gobierno. Una empresa especializada fue contratada por 12.000 euros para que eliminase los archivos informáticos, incluidas las copias de seguridad.

El borrado de todos los archivos informáticos de la Presidencia del Gobierno ha impedido ...

El presidente José Luis Rodríguez Zapatero, que hoy comparece ante la comisión de investigación del 11-M en el Congreso, no podrá informar sobre la gestión de la crisis que hizo La Moncloa antes de su toma de posesión, el pasado 17 de abril. Su antecesor en el cargo, José María Aznar, dejó vacía la memoria de todos los ordenadores de la Presidencia del Gobierno. Una empresa especializada fue contratada por 12.000 euros para que eliminase los archivos informáticos, incluidas las copias de seguridad.

El borrado de todos los archivos informáticos de la Presidencia del Gobierno ha impedido comprobar, por ejemplo, si se levantó o no acta del Gabinete de Crisis que se reunió en La Moncloa el 11 de marzo, pocas horas después de los atentados, o qué información recibió y qué instrucciones dio Aznar desde ese momento hasta las elecciones.

El borrado de los archivos informáticos no fue rutinario, sino a conciencia. No se limitó a formatear los discos duros, lo que podría haber hecho cualquier usuario. Se borraron también las copias de seguridad.

El anterior equipo de La Moncloa, integrado por el núcleo de confianza de Aznar, contrató para esta tarea a una empresa especializada, que pasó una factura de unos 12.000 euros al nuevo equipo de Rodríguez Zapatero.

Fuentes gubernamentales admiten que es imposible conocer el valor de la información perdida, ya que no existe un inventario de la misma. Reconocen que los documentos de carácter administrativo fueron entregados en el traspaso de poderes, en soporte papel. Pero alegan que faltan informes políticos sobre asuntos que afectan a la política de Estado como la lucha antiterrorista, y no creen que todos los archivos desaparecidos puedan considerarse privados.