Un testigo sitúa a Fabra en una cena con Vilar a la que negó haber asistido

El fabricante Ginés Márquez declaró ayer ante la juez que el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, asistió a una cena, en la fábrica de Vicente Vilar, el empresario que denunció al también líder del PP provincial por el supuesto pago de cantidades millonarias a cambio de favores, a la que el político negó haber asistido. Poco después de esa cena, que Vilar califica como el "pistoletazo" de salida de su relación con Fabra, Márquez pagó 25 millones que después le fueron devueltos. El diputado popular Ricardo Costa y el chófer de Fabra también declararon en Nules.

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El fabricante Ginés Márquez declaró ayer ante la juez que el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, asistió a una cena, en la fábrica de Vicente Vilar, el empresario que denunció al también líder del PP provincial por el supuesto pago de cantidades millonarias a cambio de favores, a la que el político negó haber asistido. Poco después de esa cena, que Vilar califica como el "pistoletazo" de salida de su relación con Fabra, Márquez pagó 25 millones que después le fueron devueltos. El diputado popular Ricardo Costa y el chófer de Fabra también declararon en Nules.

El chófer reconoció su participación en una sociedad junto a la esposa de su jefe

En su declaración ante la titular del juzgado número 1 de Nules, el pasado febrero, el presidente de la Diputación dijo no conocer a Ginés Márquez y al ser preguntado si participó en la citada cena, Fabra contestó: "No me he reunido con nadie (...) No he estado en ninguna cena con ellos en Naranjax (la fábrica de Vicente Vilar)".

Sobre la reunión, también fue preguntado ayer el diputado autonómico del PP, Ricardo Costa, quien admitió haber asistido, aunque dijo no recordar si su jefe de filas se encontraba entre los comensales. Tanto Costa como Márquez acudieron a declarar como testigos en el procedimiento abierto a Fabra por uno o varios delitos contra la Administración Pública. La apertura de estas diligencias, decretada de oficio, supuso que el empresario denunciante, Vicente Vilar, fuera también imputado por los mismos delitos.

La cita sobre la que trataron los interrogatorios tuvo lugar a finales del año 1999 en la propia fábrica de Vilar. Según la versión de este empresario fitosanitario, a ella acudieron Fabra y Costa, además de dos empresarios, uno de ellos Márquez, representantes de una firma portuguesa interesada en la compra de Naranjax por 2.400 millones de las antiguas pesetas. Esta reunión fue, según Vilar, el "pistoletazo" de salida de su relación con Fabra, quien, posteriormente, comenzó, según su versión, a exigirle pagos por las gestiones políticas realizadas para agilizar las autorizaciones para la fabricación de productos fitosanitarios. En su declaración, Vicente Vilar señaló que la asistencia de Carlos Fabra al encuentro se debió a que iba a ser él quien dirigiera las gestiones.

Aunque Costa y Márquez reconocieron haber acudido a la convocatoria, ninguno de los dos recuerda haber hablado de la posible venta de Naranjax sino, según dijo Márquez, de cuestiones generales del sector fitosanitario y sus problemas por la tardanza con la que se otorgaban las autorizaciones de los productos.

Ginés Márquez, según fuentes del caso, también admitió haber realizado un pago de 25 millones de pesetas (150.253 euros) a Naranjax, sin que mediara contrato, recibo o factura alguna. Según dijo, pagó un adelanto por el pedido de un producto. La versión del testigo contradice la de Vilar, quien dijo que ese dinero fue utilizado para formalizar uno de los pagos efectuados a Fabra y que Márquez estaba al corriente de su relación con el político.

La juez de Nules tomó también ayer declaración a José Del Campo, el chófer del presidente de la Diputación de Castellón, quien negó, en contra de lo que había dicho Vilar, haber realizado varios viajes a la fábrica para recoger sobres con dinero. Sin embargo, Del Campo sí reconoció su participación en una sociedad, Explotación Minera Vanesa, junto a la esposa de Fabra, María Amparo Fernández. Tal como publicó EL PAÍS, Del Campo fundó en 1995 una empresa minera y, en 2001, vendió el 30% de sus acciones a la esposa de Carlos Fabra. Esta sociedad está participada también por otras firmas de destacados empresarios azulejeros.

La sesión de ayer fue la primera toma de declaración de testigos en la que participó el fiscal anticorrupción desde que, en el mes de junio, asumiera el caso. Fue precisamente Carlos Saiz, el fiscal designado por Cándido Conde-Pumpido, quien preguntó al chófer por el cobro de dos cheques de 12.000 y 8.000 euros que Del Campo dijo desconocer. Saiz también le interrogó, según fuentes del caso, sobre las ocho cuentas bancarias que su esposa ha abierto durante el último año, cuestión que el chófer de Fabra desconocía.