La SEPI englobará las dos empresas de Izar y cifra en 1.900 millones la reestructuración

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ha propuesto concentrar la actividad militar en una empresa que podrá realizar un 20% de actividad civil. Asimismo, propone agrupar el resto del negocio civil en una nueva empresa participada mayoritariamente por capital privado y con parte de público, incluida la SEPI, que actuará como holding de ambas compañías. Ayer el presidente de la SEPI, Enrique Martínez Robles, cifró en 1.900 millones de euros el coste global de la reestructuración. Y Bruselas ultima los pasos para reclamar la devolución de las primeras ayudas.

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La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ha propuesto concentrar la actividad militar en una empresa que podrá realizar un 20% de actividad civil. Asimismo, propone agrupar el resto del negocio civil en una nueva empresa participada mayoritariamente por capital privado y con parte de público, incluida la SEPI, que actuará como holding de ambas compañías. Ayer el presidente de la SEPI, Enrique Martínez Robles, cifró en 1.900 millones de euros el coste global de la reestructuración. Y Bruselas ultima los pasos para reclamar la devolución de las primeras ayudas.

Según el nuevo plan industrial para Izar enviado por la SEPI a los sindicatos, el negocio militar incluirá los astilleros de Ferrol, Cartagena, Puerto Real, Cádiz, San Fernando-Sistemas y Fene-Reparaciones. Esta actividad estará dividida en cuatro líneas de negocio: construcción naval, reparaciones, propulsión y sistemas. La cartera de pedidos inicial de esta nueva empresa se sitúa en 3.800 millones de euros.

Para avanzar en esta reestructuración de los astilleros públicos, la actual Izar deberá entrar en un proceso de liquidación "voluntaria y ordenada" que permita terminar los trabajos pendientes. La SEPI defiende en el plan un nuevo marco de relaciones laborales a partir de 2005 que se pactará con los sindicatos con medidas laborales de adaptación a la nueva situación.

Sobre los astilleros civiles, la SEPI propone mantener la actividad en todos y, como no se puede ampliar capital en ellos, propone que se vendan a la iniciativa privada y la SEPI se quedará con una participacion minoritaria. Estas ventas se harán en las mismas condiciones de concurrencia y transparencia con que se han hecho las privatizaciones del grupo público.

En cuanto a las medidas laborales, el plan aboga por prejubilaciones a través de un expediente de regulación de empleo (ERE), bajas voluntarias y traslados a título individual. Ayer UGT lo calificó de positivo, aunque lo consideró "incompleto y con carencias significativas".

Ayer el presidente de la SEPI, en la comparecencia en el Congreso, avanzó que el Gobierno ha calculado que la reestructuración de Izar tendrá un coste global de 1.900 millones. "Son por ahora previsiones presupuestarias", dijo el máximo responsable del grupo público. Este cálculo incluye costes laborales que se deriven de la reconversión, así como los relacionados con la recapitalización del grupo, inversiones y otras necesidades adicionales.

En concreto, en el año 2005, SEPI destinará 1.657 millones de euros a este asunto, de los que 1.300 millones irán a cubrir los gastos de las medidas que se articulen para compensar a los trabajadores afectados por la reestructuración, mientras que los 370 millones restantes serán para recapitalización (aportaciones de capital a empresas mixtas, con capital mayoritariamente privado) y otras necesidades. En el año 2006 se destinarán 230 millones más, que completarán todo el proceso de reformas del grupo.

Por otra parte, Bruselas inició anteayer los últimos pasos legales para conminar a Izar a que devuelva las ayudas ilegales percibidas. Aunque el acuerdo no se hizo público, el Ejecutivo comunitario envió una "carta de emplazamiento" al Gobierno español, lo que supone la apertura de un procedimiento de infracción, para que los astilleros públicos devuelvan 150 millones de euros, resultantes de unos incentivos fiscales de 111 millones (más 39 de intereses) concedidos en 1999.

El comisario de Asuntos Económicos, Joaquín Almunia, pidió por escrito a la Comisión Europea que tenga en cuenta "las graves consecuencias económicas y sociales" del expediente sobre Izar.