Madrazo confía en resolver el problema de la vivienda en 6 años
Afirma que el tripartito defenderá la Ley de Suelo sin fisuras
El consejero de Vivienda, Javier Madrazo, confía en que la futura Ley de Suelo resuelva el grave problema de la vivienda que sufren miles de vascos en un plazo de seis años. El Consejo de Gobierno aprobó ayer el anteproyecto de ley elaborado por el departamento que dirige Javier Madrazo y de inmediato lo remitirá al Parlamento. Los cálculos del consejero son que la Cámara apruebe la ley antes del fin de esta legislatura. Y para despejar dudas sobre la lealtad del PNV hacia el anteproyecto, se esforzó en resaltar que el tripartito unido lo defenderá en el Parlamento.
El anteproyecto pret...
El consejero de Vivienda, Javier Madrazo, confía en que la futura Ley de Suelo resuelva el grave problema de la vivienda que sufren miles de vascos en un plazo de seis años. El Consejo de Gobierno aprobó ayer el anteproyecto de ley elaborado por el departamento que dirige Javier Madrazo y de inmediato lo remitirá al Parlamento. Los cálculos del consejero son que la Cámara apruebe la ley antes del fin de esta legislatura. Y para despejar dudas sobre la lealtad del PNV hacia el anteproyecto, se esforzó en resaltar que el tripartito unido lo defenderá en el Parlamento.
El anteproyecto pretende acabar con el problema de la vivienda de dos maneras: atajando la especulación del suelo y potenciando la construcción de vivienda de protección oficial (VPO), cuyo precio es asequible para una gran mayoría de la población. Las dificultades para agilizar la salida de suelo al mercado es lo que alienta la especulación y encarece la vivienda. En las capitales vascas, donde los precios de los pisos están por las nubes, el impacto de lo que cuesta el suelo sobre el coste final de la vivienda ronda el 50%. Los terrenos se revalorizan sin cesar año tras año debido, sobre todo, a que sus propietarios no tienen prisa por sacarlos al mercado, con lo que esperan la mejoría económica para ponerlos más caros aprovechando que la demanda está ahí y sigue tirando.
La puesta en marcha de la figura del agente urbanizador debería terminar con esa especulación. Al menos es lo que espera el consejero, que es consciente de que reducir el coste de la vivienda pasa por disponer de terreno barato. El único cometido del agente urbanizador será sacar suelo. Una vez que un ayuntamiento decida que un determinado solar hay que construir vivienda, adjudicará a una empresa (a través de concurso público) la urbanización de la zona. Cuando esa fase esté concluida, el dueño del solar dispondrá de un año para edificar. En el caso de que no lo haga, el ayuntamiento podrá encomendar el trabajo a un agente edificador.
Control de precios
Una vez que se ha acelerado la puesta en el mercado de más suelo, se trata de construir en él viviendas de precios asequibles. El anteproyecto contempla la reserva del 70% de cada terreno urbanizable para levantar viviendas públicas (60% de VPO y 10% de vivienda tasada). Así, a partir de la entrada en vigor de la ley, de cada 100 viviendas que se construyan en Euskadi en los terrenos urbanizables, 70 serán protegidas, es decir, que el Gobierno controlará su precio evitando que se dispare. En los suelos urbanos (aquellos en los que ya se puede edificar), el 20% se debe destinar a VPO y el 10% a vivienda tasada, cuyo precio nunca podrá exceder en más de un 30% al coste de un piso de protección oficial. El objetivo es pasar de las 7.000 viviendas protegidas que se levantan cada año en Euskadi a las 10.000 en 2006, lo que situaría el listón de la VPO en el 50% de las casas que se construyen (ahora la cuota de mercado es el 38%, la más alta del país).
Otra de las innovaciones recogidas en el anteproyecto es el establecimiento de un índice mínimo de edificabilidad para aprovechar un bien escaso como es el suelo. Este índice, que limitará la construcción de viviendas unifamiliares y de chalés y primará la construcción de bloques de pisos, será de 0,4 y 0,25 metros cuadrados de techo construido por cada metro cuadrado de suelo en los municipios de más de 3.000 habitantes y en los de menos población, respectivamente.
Todas las medidas van encaminadas a producir más inmuebles para atender las actuales necesidades. Alrededor de 80.000 personas están inscritas en el registro de demandantes de vivienda de Etxebide, el organismo del Gobierno que se encarga de regular los sorteos de vivienda protegida. Pero esta demanda tiene un denominador común: el 85% de los demandantes de primera vivienda no puede pagar más de 150.000 euros. La solución pasa, según el departamento, por una producción estable de viviendas protegidas, que se mantenga al margen de los vaivenes y dientes de sierra del mercado libre, que unos años sube mucho la producción y otros disminuye.
El anteproyecto salvó ayer su primer examen al obtener el visto bueno del Consejo de Gobierno. Ahora se enfrentará a la tramitación parlamentaria. Madrazo se esforzó ayer en resaltar que el anteproyecto será defendido sin fisuras por el tripartito (EB, PNV y EA) en la Cámara. El mensaje de Madrazo ha estado acompañado del respaldo recibido por parte del presidente del PNV, Josu Jon Imaz. Con su apoyo, Imaz resta trascendencia a las críticas que realizó al anteproyecto el sábado el parlamentario del Partido Nacionalista Vasco y uno de los hombres fuertes del grupo nacionalista en la Cámara, José Antonio Rubalkaba.
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