Reforma pragmática

El anteproyecto de ley sobre la reforma del divorcio, que hoy debe aprobar el Gobierno, tiene cordura y sintoniza con el sentir de los ciudadanos, aunque algún punto como el de la custodia compartida de los hijos puede suscitar controversia. Agilizar al máximo los trámites, a través de la supresión de la fase previa de la separación, debe servir para desatascar la marea de demandas que aguardan en los tribunales civiles. Facilitar una solución acelerada aliviará sufrimientos inútiles de parejas que soportan una burocracia pesada, ahorrará costes y tal vez contribuirá a mitigar más de un caso d...

El anteproyecto de ley sobre la reforma del divorcio, que hoy debe aprobar el Gobierno, tiene cordura y sintoniza con el sentir de los ciudadanos, aunque algún punto como el de la custodia compartida de los hijos puede suscitar controversia. Agilizar al máximo los trámites, a través de la supresión de la fase previa de la separación, debe servir para desatascar la marea de demandas que aguardan en los tribunales civiles. Facilitar una solución acelerada aliviará sufrimientos inútiles de parejas que soportan una burocracia pesada, ahorrará costes y tal vez contribuirá a mitigar más de un caso de violencia doméstica. Ojalá sea así.

La España de hoy está muy lejos de la que vivió con crispación en 1981 la legalización del divorcio prohibido por la dictadura franquista. Es una realidad que nuestras pautas sociales han cambiado notablemente, como también lo es que cada vez hay más separaciones y menos bodas. En los dos últimos años nuestro país ha experimentado un incremento de casi un 33% de demadas de separación y divorcio y un descenso en torno al 3% de matrimonios. No son porcentajes alarmantes si se comparan con los demás países de la Unión Europea. España está entre los de mayor índice de nupcialidad, acompañado de Dinamarca, Portugal, Grecia e Irlanda, y entre los de menor tasa de divorcios junto con Italia y Grecia.

Con la nueva normativa, las parejas podrán solicitar directamente el divorcio, sin recurrir a la fase previa de la separación como hasta ahora, a partir de los tres meses de matrimonio. Si es de mutuo acuerdo se estima que pueden obtener la ruptura en un plazo de dos meses y de medio año cuando sea con pleito. El texto suprime además el requisito de presentación de causas de culpabilidad por parte de uno de los cónyuges, al entenderse que nadie debe verse civilmente obligado a convivir con otra persona si no quiere. Más discutible resulta que la patria potestad pueda ser compartida por los padres, lo que ha provocado la protesta de algunas asociaciones de mujeres.

La reforma del Gobierno no tiene por qué despertar grandes resistencias entre los grupos conservadores ni tampoco el empleo de la artillería más pesada de la jerarquía católica como suscitó este verano el plan socialista para legalizar los matrimonios entre homosexuales. Acelerar la legalización de las rupturas no debe entenderse como un intento de acabar con el matrimonio. Es simplemente buscar el pragmatismo y atender peticiones que ya venían siendo reclamadas por diversos sectores de la sociedad.