El Gobierno prepara medidas para frenar el consumo energético en 14 millones de hogares

La factura energética de los 13,5 millones de hogares españoles se ha disparado. En 2002, último año con estadísticas fiables, el gasto medio por hogar se situó en 1.600 euros al año, un 14,3% más que en 2000. El Gobierno, obligado a reducir la contaminación por el Protocolo de Kioto y alarmado por la escalada del precio del petróleo, prepara medidas para frenar el consumo. Aunque está por decidir su rango legal, fuentes del Ejecutivo adelantan que habrá nuevas normas de edificación, medidas para favorecer el transporte público y campañas informativas sobre electrodomésticos.

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La factura energética de los 13,5 millones de hogares españoles se ha disparado. En 2002, último año con estadísticas fiables, el gasto medio por hogar se situó en 1.600 euros al año, un 14,3% más que en 2000. El Gobierno, obligado a reducir la contaminación por el Protocolo de Kioto y alarmado por la escalada del precio del petróleo, prepara medidas para frenar el consumo. Aunque está por decidir su rango legal, fuentes del Ejecutivo adelantan que habrá nuevas normas de edificación, medidas para favorecer el transporte público y campañas informativas sobre electrodomésticos.

Para preparar las nuevas normas, especialistas del Instituto de Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), del Ministerio de Industria y del Ministerio de Medio Ambiente están elaborando informes sobre la situación en sectores diversos. Sobre los hogares ya hay datos. Y son preocupantes. Según el informe que ya obra en poder de Industria, el consumo energético de los hogares se ha disparado en los últimos años (14,3% en 2002 respecto a 2000, y casi el doble en cinco años) debido a la instalación de nuevos equipos y también por hábitos de consumo inadecuados.

La consecuencia de todo ello es que no sólo los hogares pagan más (la factura media es de 1.600 euros anuales por energía, de los cuales 900 euros corresponden al combustible del coche), sino que el sector residencial supone ya un 25% de las emisiones contaminantes, casi tanto como la industria (34%) y más que el transporte de viajeros y mercancías (27%).

Emisiones por familia

Cada familia española, según los datos que maneja el Gobierno, es responsable por consumo doméstico de energía, incluido el coche privado, de la emisión de cinco toneladas de CO2 al año (67,5 millones de toneladas anuales en el conjunto de los hogares). Y lo inquietante es que, si no se toman medidas, la tendencia sigue siendo al aumento. Justo lo contrario de lo que sucede en la industria, que en los últimos años ha logrado controlar consumos y reducir emisiones.

En este contexto, el Gobierno estudia medidas para controlar el derroche energético. Fuentes del Gobierno explican que las áreas donde se plantean nuevas normas son la edificación -con nuevas especificaciones de construcción que garanticen la eficiencia energética-, la movilidad urbana, la venta de electrodomésticos -con campañas informativas sobre calidades, eficiencia y uso- y la promoción de energías renovables a través, por ejemplo, de la instalación de paneles solares en los edificios.

La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, ya ha explorado con la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) la promoción de energías limpias, como la solar, a través de la firma de convenios para su instalación, aunque los promotores de vivienda han advertido de que el precio de los pisos puede encarecerse de forma sustancial.

Pero pese a las desconfianzas, desde el IDAE, el organismo que dirige Francisco Javier García Breva, se destaca que España, donde se han construido cuatro millones de nuevos hogares en los últimos cinco años "sin criterio alguno de sostenibilidad", ha perdido una gran oportunidad para mantener un parque de viviendas energéticamente eficientes con un potencial de ahorro respecto a los edificios tradicionales de hasta el 70%.

Escalada de precios

La preocupación del Gobierno, aumentada si cabe por la última escalada de los precios del petróleo (que a su vez son referencia para el gas natural, que consumen cinco millones de hogares y las centrales de ciclo combinado de las empresas eléctricas), puede traducirse también en modificaciones de la tarifa de la luz.

El ministro de Industria, Comercio y Turismo, José Montilla, lo insinuó en el foro organizado por el Consejo Mundial de la Energía al sostener que las medidas para fomentar el ahorro energético "deberían tender hacia la penalización del derroche", porque "el despilfarro es lo único insostenible". Una tarifa eléctrica más cara en determinados tramos horarios o que tenga en cuenta determinados niveles de consumo para la familia media son opciones que se barajan para hacer frente al consumo desbocado.

A la vuelta del verano, además, el IDAE espera tener listo el Plan de Acción de la denominada Estrategia de Eficiencia Energética (E4), que implica medidas de control en el consumo de energía no sólo de la industria -a la que ya se han asignado techos de emisión de gases contaminantes hasta 2008-, sino también para las explotaciones agrícolas, los comercios, las oficinas, los hogares y el transporte.