Un tribunal impone una fianza de 108 millones a Boliden si quiere evitar la sanción de la Junta

El largo y complejo proceso judicial para aclarar quién debe pagar la multimillonaria factura por las tareas de limpieza del vertido tóxico en el valle del Guadiamar (Sevilla) está, seis años después del desastre medioambiental, más cerca de su resolución. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), en un auto del pasado 1 de julio, obliga a Boliden, la multinacional propietaria de la balsa minera que reventó, a depositar una fianza de 108 millones de euros para suspender de forma cautelar una reclamación administrativa de la Junta de Andalucía.

La Junta optó este año por abri...

El largo y complejo proceso judicial para aclarar quién debe pagar la multimillonaria factura por las tareas de limpieza del vertido tóxico en el valle del Guadiamar (Sevilla) está, seis años después del desastre medioambiental, más cerca de su resolución. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), en un auto del pasado 1 de julio, obliga a Boliden, la multinacional propietaria de la balsa minera que reventó, a depositar una fianza de 108 millones de euros para suspender de forma cautelar una reclamación administrativa de la Junta de Andalucía.

La Junta optó este año por abrir la vía administrativa una vez que los juzgados desestimaron actuar por la vía penal (noviembre de 2001) y la vía civil (octubre de 2003) contra la multinacional. El Ejecutivo andaluz y el Ministerio de Medio Ambiente invirtieron unos 240 millones de euros en la retirada de seis millones de metros cúbicos de lodos tóxicos y agua ácida del valle del Guadiamar (unas 4.600 hectáreas en el entorno del Parque Nacional de Doñana), así como en la descontaminación del suelo y la restauración de la zona afectada.

A finales de 2002, para recuperar parte del dinero gastado, el Gobierno sancionó a Boliden con 45 millones de euros, la mayor multa por daños ambientales de la historia española. La multa fue recurrida por la empresa ante el Tribunal Supremo. Tras cerrarse las vías penal y civil, la Junta optó también por una reclamación administrativa y en marzo culminó el proceso. El Ejecutivo autonómico estima que asumió con carácter subsidiario unas tareas que correspondían a la multinacional y reclamó a la matriz (Boliden BV), 89,8 millones por la limpieza del vertido.

Interés general

Boliden recurrió de inmediato al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía al estimar que "ya había sido objeto de un proceso político-administrativo en España" por el desastre ecológico, en referencia a la multa del Gobierno. El director ejecutivo de la compañía de origen sueco, Jan Johansson recalcó entonces que "la Junta de Andalucía intentó llevar el caso a un tribunal civil, donde fue ya rechazado" y tildó de "deplorable" la actuación del Gobierno andaluz.

En el auto, adelantado ayer por la agencia Europa Press, el Tribunal andaluz acuerda admitir el recurso de Boliden y suspender de forma cautelar la reclamación administrativa de la Junta "siempre y cuando la entidad recurrente [Boliden] preste caución que comprenda el importe de 89,8 millones de euros más un 20 por ciento sobre esa cantidad para gastos y costas". Es decir, obliga a la multinacional a depositar una fianza de 108 millones de euros para suspender la reclamación de la Junta.

En el auto, el tribunal defiende que si no se suspende la reclamación de la Junta mientras se decide sobre el recurso de la multinacional "ocasionaría graves perjuicios a la actora [Boliden]". Pero también estima que "los perjuicios de la suspensión para el interés general quedan salvaguardados si se exige la presentación de una caución que garantice el cobro de las cantidades reclamadas". Para evitar tener que depositar la fianza, a Boliden sólo le queda interponer un recurso de súplica ante el mismo tribunal. Si, como es frecuente, el TS JA rechaza ese recurso de súplica, la multinacional sólo tendrá dos posibilidades: o pagar la fianza, o dejar que la Junta empiece a ejecutar la reclamación mientras el tribunal decide sobre su recurso.

El proceso judicial tiene, aún, otro frente abierto. En enero, Boliden Apirsa (la filial española que era propietaria de las minas de Aznalcóllar) presentó una demanda contra la constructora española Dragados, a la que reclama 130 millones de euros. Boliden se basa en la sentencia que cerró la vía penal por el desastre ecológico. Aquella sentencia no encontró responsabilidad penal por la rotura de la balsa minera pero achacó el accidente a fallos en el diseño de la balsa que construyó Dragados.