Ajuste de cuentas

El ministro de Economía, Pedro Solbes, hizo público recientemente, antes de presentar la revisión de cuentas de este ejercicio y las previstas para 2005, un informe que desvelaba compromisos de gasto del anterior Gobierno del PP hasta ahora desconocidos y partidas con riesgo de déficit en el futuro. De esas cifras, el Ejecutivo socialista asumirá una parte este año, lo que arrojará un déficit adicional equivalente al 0,78% del producto interior bruto (PIB). Si se añade este porcentaje a la previsión del 0,4% de déficit del Estado, la cifra final será cercana al 1,2% del PIB.

Solbes decl...

El ministro de Economía, Pedro Solbes, hizo público recientemente, antes de presentar la revisión de cuentas de este ejercicio y las previstas para 2005, un informe que desvelaba compromisos de gasto del anterior Gobierno del PP hasta ahora desconocidos y partidas con riesgo de déficit en el futuro. De esas cifras, el Ejecutivo socialista asumirá una parte este año, lo que arrojará un déficit adicional equivalente al 0,78% del producto interior bruto (PIB). Si se añade este porcentaje a la previsión del 0,4% de déficit del Estado, la cifra final será cercana al 1,2% del PIB.

Solbes declaró que "el Gobierno desea poner fin a la opacidad y dar la máxima transparencia" a las cuentas públicas. Una vez dicho esto, el vicepresidente pasó a la acción desgranando compromisos de gasto que no figuraban en los Presupuestos de 2004 y otros apartados que pueden constituir déficit futuro. Solbes, que aprobó las cuentas del Gobierno del PP en su etapa como comisario europeo de Asuntos Económicos, ha encontrado ahora gastos no contabilizados. Los compromisos que se asumirán este año ascienden a 6.140 millones de euros, aunque, sumados los que esperan para el futuro, podrían suponer 30.000 millones al déficit. ¿Es bueno que cada nuevo Gobierno revise y haga públicas las cuentas del anterior?

Opiniones

"Por principio, no es bueno", explica Ángel Laborda, director de coyuntura de la Fundación de Cajas de Ahorros. "Los políticos no están para revisar las cuentas de los Gobiernos que les precedieron, para eso hay organismos públicos, como el Tribunal de Cuentas, que son los que deberían hacer esta tarea. Dejar esto en manos de los políticos, sean del partido que fueren, no es serio y aumenta el escepticismo de la gente", sostiene. "No creo", añade Laborda, "que Solbes haya buscado revancha con esto. Lo que ha hecho es un ejercicio de transparencia necesario, aunque insisto en que esto deben hacerlo los organismos competentes".

Emilio Ontiveros, consejero delegado de Analistas Financieros Internacionales (AFI), coincide en que debe ser el Tribunal de Cuentas el que haga estas revisiones, pero que para ello necesita una agilidad y rapidez de la que ahora carece. "El plan de Solbes no es un ajuste de cuentas ni una revisión, es un ejercicio necesario de transparencia", dice Ontiveros. "Estas revisiones hay que hacerlas y lo ideal sería que los organismos competentes las hagan, pero esta vez eso no ha sido posible", añade. "Tal vez lo único objetable de esto es que se hizo mucho ruido con el asunto. Espero que si se avanza en el plan de transparencia, la próxima vez sea el Tribunal de Cuentas el que revise las partidas y el que presente a cada inicio de una nueva legislatura las cuentas claras y al día", dice Ontiveros.

El Ministerio de Economía ha repartido las partidas bajo revisión en cuatro capítulos. El primero de ellos es el de operaciones que afectan al déficit público de 2004, entre las que se incluyen el pago de la deuda histórica a Andalucía, la inclusión del déficit de RTVE y un aval del Estado a un crédito concedido a Argentina. El segundo contempla las operaciones realizadas que entrañan riesgo de mayor déficit, es decir, gastos que ya se han realizado, pero que por criterios contables no tenían por qué reconocerse como déficit público y, sin embargo, el Gobierno teme que un cambio en esas condiciones obligue a considerarlos así. Dentro de este segundo capítulo aparecen las aportaciones al GIF (órgano gestor de la red de ferrocarriles) y las dotaciones a las sociedades estatales de aguas. El tercer capítulo se refiere a las operaciones con mayor riesgo de déficit futuro: la deuda de AENA y los astilleros Izar o la empresa pública minera Hunosa.

"Aclarar estas partidas es un deber de transparencia democrática", dice Tony Ferrer, secretario de acción sindical de UGT. "Tenemos un Tribunal de Cuentas muy lento y no existe ni siquiera una oficina presupuestaria vinculada a las Cortes. La transparencia de las cuentas es un déficit democrático que el Gobierno debe comenzar a resolver", sostiene Ferrer.

Miguel Ángel García, director del gabinete económico de CC OO, cree que siempre es conveniente hacer un revisión del estado de las cuentas cuando se asume una nueva función; lo que no se debe hacer, en su opinión, "es buscar revancha" ni "buscar propaganda" con ello. "Espero que el secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, aproveche la oportunidad para establecer las normas necesarias para que siempre haya transparencia en las cuentas públicas y no se use con fines partidistas", añade.

El secretario general del PP, Mariano Rajoy, ha visto sólo fines partidistas en la iniciativa de Solbes. El jefe de la oposición dijo que lo que resume la acción del Gobierno socialista es la "voluntad de generar déficit, acompañada por la voluntad de echarle la culpa del déficit y de todo al anterior Gobierno".

"No es serio; puede ser negativo para la economía española; no es verdad. Simplemente, las cuentas del Estado están avaladas y visadas por Eurostat, que es un organismo que dependía del actual vicepresidente económico del Gobierno cuando era comisario europeo", recordó Rajoy. El líder de la oposición tampoco está de acuerdo con la revisión del déficit para 2004, por lo que ha pedido debatir esta cuestión en septiembre con el presidente José Luis Rodríguez Zapatero.