Defensa se opone a desclasificar el informe del CNI que avisaba del riesgo de atentados
El Gobierno decidirá mañana si desvela los documentos sobre las supuestas armas de Sadam
El Consejo de Ministros decidirá mañana si desclasifica los 29 documentos secretos que ha solicitado la comisión de investigación del 11-M creada en el Congreso. El Ministerio de Defensa se opone a la desclasificación de uno de los textos clave: la nota informativa del CNI, de 27 de octubre de 2003, que advertía de la necesidad de tomar en serio las amenazas de Bin Laden contra España. Defensa aduce que ese informe contiene datos facilitados por servicios de inteligencia extranjeros y ése es el límite que marca la legislación vigente para desclasificar secretos.
En el Centro Nacional de...
El Consejo de Ministros decidirá mañana si desclasifica los 29 documentos secretos que ha solicitado la comisión de investigación del 11-M creada en el Congreso. El Ministerio de Defensa se opone a la desclasificación de uno de los textos clave: la nota informativa del CNI, de 27 de octubre de 2003, que advertía de la necesidad de tomar en serio las amenazas de Bin Laden contra España. Defensa aduce que ese informe contiene datos facilitados por servicios de inteligencia extranjeros y ése es el límite que marca la legislación vigente para desclasificar secretos.
En el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) hay temor sobre el alcance de la desclasificación de informes que mañana decida el Gobierno. Preocupa que su decisión pueda deteriorar las relaciones con otros servicios de inteligencia extranjeros. Según fuentes del CNI, dichos servicios no expresan directamente su malestar, pero lo dejan patente en forma de interrupciones del flujo de información o aplazamiento injustificado de operaciones conjuntas.
El criterio del Gobierno es no desclasificar documentos de servicios secretos de otros países, lo que excluye los del Mosad israelí, la CIA estadounidense o el Mi6 británico, que han sido pedidos por la comisión del 11-M.
La ley del CNI, de 6 de mayo de 2002, excluye expresamente del conocimiento de la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso aquellas materias clasificadas "relativas a las fuentes y medios del Centro Nacional de Inteligencia y aquellas que procedan de servicios extranjeros u organizaciones internacionales en los términos establecidos en los correspondientes acuerdos y convenios de intercambio de información clasificada".
Servicios extranjeros
El problema se plantea con aquellos documentos elaborados por el CNI que incluyen datos facilitados por otros servicios. Éste es el caso, según fuentes de Defensa, de la "nota informativa" de 27 de octubre de 2003, que advertía de la necesidad de tomar en serio las amenazas de Bin Laden contra España.
Aunque hay otros informes que también aludían al peligro de atentados islamistas, ésta fue la más completa "evaluación de riesgo" que realizó el CNI en los meses previos al 11-M; la que con más rotundidad establecía una relación entre el protagonismo de España en la guerra de Irak y la posibilidad de represalias terroristas contra intereses españoles o en territorio español.
El Gobierno también tiene decidido, según las fuentes consultadas, no desclasificar las directivas de inteligencia de 2003 y 2004, pedidas por el PSOE. Estas directivas marcan los objetivos anuales del CNI, por lo que difundirlas supondría "dejar desnudo" al centro, según fuentes del mismo, y poner al descubierto dónde concentra sus esfuerzos.
En realidad, lo único de estas directivas que puede ser útil a la comisión es saber que el terrorismo de carácter islamista no figuraba en las prioridades de 2003, pese a los atentados del 11-S de 2001 en EE UU, y se incluyó en fecha tan reciente como enero de 2004, dos meses antes del 11-M.
El Gobierno está estudiando la posibilidad de que los documentos que no sean desclasificados puedan ser conocidos de alguna forma por el Congreso. En el caso de las directivas de inteligencia, el canal habitual es la Comisión de Secretos Oficiales, aunque esta fórmula tropieza con el hecho de que sus miembros no forman parte de la comisión de investigación. También se baraja la posibilidad de que, en aplicación de una resolución del presidente de la Cámara y del antecedente de la Comisión Gescartera, puedan ser consultados por un comisionado de cada grupo en la Secretaría General Técnica del Congreso. Pero este sistema, si se aplica estrictamente la ley del CNI, no serviría para informes de servicios secretos extranjeros.
Un problema muy diferente lo plantean los tres informes del CNI sobre el supuesto arsenal de armas de destrucción masiva de Irak. Estos documentos, fechados el 3, 5 y 6 de febrero del año pasado, demuestran que el centro de inteligencia español nunca avaló la rotundidad con la que el entones presidente José María Aznar daba por hecho que Sadam disponía de un arsenal de armamento no convencional.
Promesa de Zapatero
El jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, que recibió estos informes de manos del anterior director del CNI, Jorge Dezcallar, prometió repetidamente desclasificarlos si ganaba las elecciones porque ya no afectaban a la seguridad nacional. La promesa cayó en el olvido, pero ahora el Gobierno se la ha encontrado sobre la mesa, ya que la comisión del 11-M los ha solicitado a iniciativa del Grupo Mixto.
El problema político radica en cómo desclasificar unos documentos sólo tangencialmente relacionados con el 11-M y no hacerlo con otros que afectan directamente a la investigación.
El portavoz del PP en la comisión, Vicente Martínez Pujalte, advirtió ayer de que su partido "no entendería que se levantara el secreto sobre unos documentos, pero no sobre otros".
Sin embargo, el pasado 18 de marzo, el Gobierno de José María Aznar, ya en funciones, desclasificó parcialmente un documento del CNI, el que daba por "casi segura" la autoría de ETA, y totalmente otro que descalificaba la reivindicación de un grupo integrista en un diario en árabe editado en Londres. En cambio, mantuvo en secreto, e incluso negó su existencia, otros dos documentos del CNI elaborados antes de las elecciones del 14 de marzo: uno hacía referencia a la reacción de los presos de ETA ante la matanza y otro a la eventual colaboración de etarras y terroristas islamistas.
El Gobierno también deberá decidir mañana si desclasifica estos dos informes, así como el párrafo censurado del documento de 11 de marzo que hizo público José María Aznar, tal como ha reclamado la comisión del 11-M.
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