El Consejo de Estado apoya la ley integral, pero plantea modificaciones
El Consejo de Estado aprobó en la tarde de ayer un dictamen, que remitió al Ministerio de Justicia, en el que apoya en su conjunto el anteproyecto de ley orgánica integral contra la violencia sobre la mujer, aunque hace numerosas recomendaciones. La conclusión del dictamen señala lo siguiente: "Una vez consideradas las observaciones formuladas en el cuerpo de este dictamen", puede el ministro de Justicia "elevar a la aprobación del Consejo de Ministros el anteproyecto de ley orgánica".
El dictamen, al que ha tenido acceso este diario, plantea que la protección ofrecida a las mujeres se ...
El Consejo de Estado aprobó en la tarde de ayer un dictamen, que remitió al Ministerio de Justicia, en el que apoya en su conjunto el anteproyecto de ley orgánica integral contra la violencia sobre la mujer, aunque hace numerosas recomendaciones. La conclusión del dictamen señala lo siguiente: "Una vez consideradas las observaciones formuladas en el cuerpo de este dictamen", puede el ministro de Justicia "elevar a la aprobación del Consejo de Ministros el anteproyecto de ley orgánica".
El dictamen, al que ha tenido acceso este diario, plantea que la protección ofrecida a las mujeres se amplíe a los hijos y otros miembros de la familia. Igualmente reclama un mayor sosiego en la tramitación, así como la modificación del artículo primero de la ley.
El texto del Consejo de Estado subraya que las "variadas observaciones" que plantea "están destinadas a mejorar una iniciativa que, por su alcance innovador, habrá de ser considerada en otras instancias, nacionales e internacionales, en que se promuevan medidas legislativas o administrativas análogas".
Dada la gravedad de la materia que aborda, el dictamen, de 81 folios, recomienda que, "además del análisis del fenómeno al que responde la iniciativa", haya "una mayor reflexión sobre los instrumentos más adecuados para abordarlo de la manera más eficaz".
Para el Consejo de Estado, la mera existencia del anteproyecto ha contribuido a extender el necesario debate social sobre la violencia que sufren las mujeres, "pero una tramitación acelerada, como la que está recibiendo, tiene el riesgo de frustrar" la toma de conciencia social del problema "impidiendo o limitando una participación activa" de sectores que "por su experiencia o por su autoridad están llamados a enriquecerlo".