El Consejo de Estado ofrecerá al Ejecutivo mejorar el texto de la ley integral
El informe solicitado por el Ejecutivo socialista al Consejo de Estado sobre el anteproyecto de ley orgánica integral contra la violencia ejercida sobre la mujer, ofrecerá mejorar jurídicamente el texto, pero no está previsto que lo haga antes de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) apruebe su informe el 24 de junio próximo.
Fuentes del Consejo de Estado informaron a este periódico de que el anteproyecto de ley está siendo examinado técnicamente por el letrado mayor, de modo que los consejeros no comenzarán a estudiarlo hasta la semana próxima, cuando ya se conozca, al menos...
El informe solicitado por el Ejecutivo socialista al Consejo de Estado sobre el anteproyecto de ley orgánica integral contra la violencia ejercida sobre la mujer, ofrecerá mejorar jurídicamente el texto, pero no está previsto que lo haga antes de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) apruebe su informe el 24 de junio próximo.
Fuentes del Consejo de Estado informaron a este periódico de que el anteproyecto de ley está siendo examinado técnicamente por el letrado mayor, de modo que los consejeros no comenzarán a estudiarlo hasta la semana próxima, cuando ya se conozca, al menos, el borrador de informe que elaborará el vocal del CGPJ José Luis Requero.
Tales fuentes señalaron que, en todo caso, el informe del Consejo de Estado, de acuerdo con su definición constitucional de "supremo órgano consultivo del Gobierno", no emitirá juicios políticos sobre la iniciativa legislativa gubernamental, aunque sí tratará de "ofrecer las mejoras jurídicas que el anteproyecto de ley se merece".
Entre esas mejoras, las citadas fuentes mencionaron la necesidad de modificar el artículo 1.2 del anteproyecto, "que el propio Gobierno cambiará, porque es un disparate". Señala: "Se entenderá por violencia ejercida sobre la mujer la utilizada como instrumento para mantener la discriminación, la desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres". El mismo precepto describe las conductas violentas objeto de la ley "cuando el principal factor de riesgo lo constituya el hecho de ser mujer".
Otras víctimas
En el Consejo de Estado se contempla la posibilidad, reconocida en otros ámbitos jurídicos, de incluir a los menores como potenciales víctimas. Y se tiene en cuenta el riesgo de que una ley necesaria, como la que se proyecta, "sea cuestionada por algún juez por vulneración del principio de igualdad, lo que obligaría a un pronunciamiento del Tribunal Constitucional".
En cuanto a la invocación que la exposición de motivos del anteproyecto hace de convenios internacionales sobre protección a la mujer, las fuentes citadas indicaron que "muchos de esos instrumentos describen situaciones de la mujer que no son las de la España actual, y que muchas veces están pensando en países árabes o de otras latitudes en los que la discriminación de la mujer es estructural y asumida por la propia mujer, con experiencias como la ablación del clítoris o el uso obligado del velo".
Desde el Consejo de Estado se ve necesaria la ley, aunque existen dudas sobre la velocidad de su elaboración.