El Tribunal de Cuentas embarga a la ex presidenta de la Junta de Personal gaditana

El Tribunal de Cuentas ha ordenado el embargo de la pensión por incapacidad que recibe Rosario Carrero, ex presidenta de la Junta de Personal del Ayuntamiento de Cádiz y ex militante del Sindicato de Trabajadores Públicos (STP). Carrero fue denunciada por supuesto uso indebido de los fondos económicos de este organismo, financiado con aportaciones de los trabajadores municipales y por el Ayuntamiento gaditano.

El Tribunal mantiene abierta una investigación sobre gastos supuestamente realizados por Carrero y de los que no presentó justificantes.

El acta de liquidación provisional ...

El Tribunal de Cuentas ha ordenado el embargo de la pensión por incapacidad que recibe Rosario Carrero, ex presidenta de la Junta de Personal del Ayuntamiento de Cádiz y ex militante del Sindicato de Trabajadores Públicos (STP). Carrero fue denunciada por supuesto uso indebido de los fondos económicos de este organismo, financiado con aportaciones de los trabajadores municipales y por el Ayuntamiento gaditano.

El Tribunal mantiene abierta una investigación sobre gastos supuestamente realizados por Carrero y de los que no presentó justificantes.

El acta de liquidación provisional de las cuentas, enviada al Consistorio por el Tribunal el pasado mes de diciembre, limitaba a dos personas, Carrero y su compañero en la Junta de Personal Vicente Zamora, la posible responsabilidad por el uso del fondo social. La auditoría desvelaba gastos sin justificación entre enero de 1999 y diciembre de 2002 por valor de 114.107,78 euros.

Carero negó en todo momento su culpabilidad y atribuyó los gastos a las actividades de la Junta de Personal, una justificación que no ha aceptado el Tribunal de Cuentas.

El embargo fue ejecutado el pasado lunes por la oficina del Instituto Nacional de la Seguridad Social por orden del Tribunal de Cuentas, que dictó el bloqueo parcial de los haberes mensuales de Carrero hasta cubrir el montante gastado, supuestamente, de manera irregular. De esta forma, el Tribunal actúa tras la denuncia presentada por el Ayuntamiento de Cádiz. En un arqueo ordinario de las cuentas municipales, el interventor detectó gastos sin justificación en la partida de ayudas al Fondo Social de los trabajadores municipales, circunstancia que fue informada al organismo de control de los fondos públicos.

Sobre Carrero pesa un segundo proceso, el referido a la denuncia de dos antiguos compañeros de trabajo, sindicalistas de Comisiones Obreras y Autonomía Obrera, que la acusan de realizar denuncias falsas y calumnias.

Carrero les culpó de haberle propinado una brutal paliza en su propio domicilio. Más tarde, el informe del forense desveló que la supuesta víctima sufre un trastorno de la personalidad y tiende a la fantasía y a la fabulación. La denuncia fue archivada.

El abogado de los denunciantes, Felipe Menéndez, pidió ayer "que se investiguen todos los bienes de Rosario Carrero".