Reformas Zapatero
Adolfo Suárez reunía las condiciones biográficas y psicológicas adecuadas para hacer lo que hizo, una reforma que se transformó en ruptura; las de González resultaron apropiadas para abordar con pragmatismo la construcción del Estado autónomo y de bienestar, y las virtudes y defectos de Aznar, funcionales para abordar el problema del terrorismo de ETA, que se había convertido en principal preocupación de los ciudadanos. El carácter y trayectoria de Zapatero le avalan como alguien capaz de llevar a término algunos cambios que sus antecesores no se atrevieron a plantear. Por ejemplo, el de la te...
Adolfo Suárez reunía las condiciones biográficas y psicológicas adecuadas para hacer lo que hizo, una reforma que se transformó en ruptura; las de González resultaron apropiadas para abordar con pragmatismo la construcción del Estado autónomo y de bienestar, y las virtudes y defectos de Aznar, funcionales para abordar el problema del terrorismo de ETA, que se había convertido en principal preocupación de los ciudadanos. El carácter y trayectoria de Zapatero le avalan como alguien capaz de llevar a término algunos cambios que sus antecesores no se atrevieron a plantear. Por ejemplo, el de la televisión pública, o el de ciertos usos y costumbres de la vida política: lo que suele entenderse como mejora de la calidad de la democracia.
La desgubernamentalización de RTVE (y de las cadenas autonómicas) es un compromiso central de Zapatero. Esta semana se ha constituido el comité de sabios encargado de presentar una propuesta de nuevo modelo de radio y televisión públicas: un modelo que justifique su financiación con fondos públicos. Porque evidentemente no se trata de dar con un modelo que evite pérdidas, algo tan absurdo como pensar en una sanidad o una educación públicas que produzcan beneficios. Está descartado, por tanto, que su objetivo sea la audiencia a cualquier precio, incluyendo la degradación de la telebasura. Lo que en ningún caso puede seguir siendo es un instrumento al servicio del poder en plaza pagado por todos los ciudadanos. La creación de la comisión de notables es un buen punto de partida, pero al final el Gobierno tendrá que optar, asumiendo la renuncia a un instrumento de propaganda.
En cuanto a las reformas políticas, Zapatero se ha apresurado a aceptar la petición de Rajoy de un encuentro para discutir sobre la Constitución, los Estatutos y la financiación autonómica. Tratándose de cuestiones relativas a las reglas de juego, poco podría avanzarse en tales reformas sin el consenso entre los dos grandes partidos, como ha venido ocurriendo desde los años ochenta. Con el añadido de que desde hace 15 años ambos partidos han aumentado su porcentaje conjunto en todas las sucesivas elecciones, desde el 65% de 1989 hasta el 80% actual. La disposición del PP a discutir las reformas planteadas supone un signo de realismo y una rectificación de su postura respecto a la que tuvieron en el Gobierno.
También afectan a las reglas de juego las propuestas de reforma de la legislación electoral adelantadas esta semana por la vicepresidenta Fernández de la Vega. Tales reformas se plantean en el programa electoral con gran prudencia, como apertura "de un debate con la sociedad y con los demás grupos parlamentarios". La primera medida programática, desbloqueo de las listas, no fue mencionada por la vicepresidenta. De las otras, la que ha generado más polémica es la enunciada como "paridad de sexos en la composición de las listas electorales". En el Congreso actual las mujeres suponen el 36% del total (28% en la anterior legislatura). La idea de aplicar medidas compensatorias que eliminen la situación real de desventaja de las mujeres para participar en política tardó en abrirse camino, pero su eficacia está ya demostrada por algunas experiencias internacionales. La reforma legal deberá ir, en todo caso, acompañada por medidas que eliminen las desventajas reales que encuentran las mujeres para hacer compatible en situación de igualdad la maternidad y el pleno desarrollo profesional.
Las leyes de paridad aprobadas por los parlamentos de Baleares y Castilla-La Mancha han sido recurridas por considerar que vulneran el principio constitucional de igualdad ante la ley y de no discriminación "por razón de nacimiento, raza, sexo..." del artículo 14 de la Constitución. No deja de ser hiriente que en aras de la no discriminación se obstaculicen normas que tratan de garantizar la igualdad. En Alemania el principio está incorporado a los estatutos de algunos partidos, pero no hay una ley general, como sí ocurre en Noruega, por ejemplo. En Francia los partidos pagan con pérdida de subvenciones el incumplimiento de la paridad. Cualquiera que sea la vía, es hora de poner término a la desigualdad por razón de sexo.
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