El Ararteko critica el aislamiento de presos de ETA tras los atentados del 11-M
El Ararteko criticó ayer que algunos presos de la organización terrorista ETA han sufrido un endurecimiento en sus condiciones carcelarias tras los atentados del 11-M, perpetrados por grupos radicales islamistas. Los internos etarras recibieron la calificación de primer grado sin haber cometido ninguna falta y sin que tampoco se hubiese apreciado una evolución negativa en su conducta, según aseguró ayer en el Parlamento la titular del Ararteko, Mertxe Agúndez.
El primer grado conlleva, entre otras cosas, el aislamiento de los reclusos e incluso el traslado de algunos a prisiones más ale...
El Ararteko criticó ayer que algunos presos de la organización terrorista ETA han sufrido un endurecimiento en sus condiciones carcelarias tras los atentados del 11-M, perpetrados por grupos radicales islamistas. Los internos etarras recibieron la calificación de primer grado sin haber cometido ninguna falta y sin que tampoco se hubiese apreciado una evolución negativa en su conducta, según aseguró ayer en el Parlamento la titular del Ararteko, Mertxe Agúndez.
El primer grado conlleva, entre otras cosas, el aislamiento de los reclusos e incluso el traslado de algunos a prisiones más alejadas de su lugar de origen. La calificación en primer grado se mantiene aún para varios reclusos.
Agúndez compareció ante la Comisión de Instituciones e Interior para presentar el informe anual de la institución del año pasado. La oficina del Ararteko tuvo conocimiento de la situación a raíz de las quejas formuladas por presos de la banda y, sobre todo, tras las reuniones que mantiene con cierta frecuencia con las asociaciones de apoyo y ayuda a esos internos.
Agúndez aprovechó además su presencia ante la comisión parlamentaria para advertir sobre las deficiencias que sufren las tres cárceles que existen en Euskadi y en particular la de Nanclares de la Oca, en Álava, que cuenta con 700 presos cuando su capacidad máxima asciende a 550.
La asunción de las competencias en materia penitenciaria por parte de la comunidad autónoma ayudaría a mejorar la situación, según Agúndez, quien apeló al diálogo entre las administraciones vasca y central para facilitar la transferencia.