El Gobierno del PP licitó un 20% de las obras del trasvase antes de las elecciones

El equipo de Elvira Rodríguez, anterior ministra de Medio Ambiente, trabajó con rapidez para licitar las obras del trasvase del Ebro. Casi un cuarto del presupuesto previsto para el acueducto salió a concurso antes de las elecciones del 14 de marzo. La decisión de paralizar las obras del acueducto de más de 900 kilómetros, muestra de la "nueva forma de gestionar los recursos hídricos" anunciada por la nueva ministra, Cristina Narbona, supondrá el pago de indemnizaciones a las constructoras que ya estaban trabajando en cuatro de sus tramos. Para eludirlo, Medio Ambiente puede ofrecerles otras o...

El equipo de Elvira Rodríguez, anterior ministra de Medio Ambiente, trabajó con rapidez para licitar las obras del trasvase del Ebro. Casi un cuarto del presupuesto previsto para el acueducto salió a concurso antes de las elecciones del 14 de marzo. La decisión de paralizar las obras del acueducto de más de 900 kilómetros, muestra de la "nueva forma de gestionar los recursos hídricos" anunciada por la nueva ministra, Cristina Narbona, supondrá el pago de indemnizaciones a las constructoras que ya estaban trabajando en cuatro de sus tramos. Para eludirlo, Medio Ambiente puede ofrecerles otras obras.

Nunca antes en la construcción pública española se había producido la paralización de una obra de la envergadura del trasvase planeado por el PP. Además de la tarea de llevar a cabo las soluciones alternativas que ha propuesto, Narbona habrá de negociar en qué condiciones se anula el proyecto ahora considerado caduco.

Trasagua, la empresa pública creada para construir el nuevo acueducto, había convocado hasta el día de las elecciones generales la licitación de obras y estudios por valor de 767 millones de euros. Esta cifra supone cerca del 20% de los más de 4.000 millones de euros del presupuesto global de la obra. De todo lo licitado, 144 millones se habían comprometido para el pago de contratos de variada naturaleza. Por el primero de los adjudicados, un estudio general de las infraestructuras del trasvase, firmado en 2002, se pagaron más de dos millones de euros a la empresa de ingeniería Iberinsa. El dinero gastado en éste y el resto de proyectos y trabajos ya entregados a la Administración es irrecuperable, aunque no se les vaya a dar ningún uso.

Los contratos del trasvase licitados pero todavía no adjudicados hubieran supuesto un gasto de 623 millones de euros. Su anulación sólo puede provocar indemnizaciones por los gastos en los que hayan incurrido las empresas para la presentación de la oferta. Fuentes del sector de la construcción señalan que la petición de un resarcimiento en estos casos no es habitual.

"Si no hay adjudicación y firma del acuerdo no hay contrato, y por tanto, la Administración puede anular las licitaciones invocando el interés general", explica Francisca Villalba, profesora de Derecho Administrativo de la Universidad de Granada. Así ocurre con el más caro de los contratos del trasvase del Ebro sacado a concurso: el suministro de 555 kilómetros de tuberías, válvulas y carretes de desmontaje por 542 millones. Se suspende el proceso y basta.

Posible permuta de obras

La firma del contrato cambia la situación. El principio que rige la anulación de un acuerdo es el de la negociación entre las partes contratantes, pero se parte de la premisa de que las empresas adjudicatarias tienen un derecho adquirido que se lesiona con la paralización del trasvase. La permuta de una obra anulada por otra de similar cuantía prevista por el equipo de Narbona (2.200 millones de inversión sólo en la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia) es posible en estos casos si satisface a la constructora.

En caso de que no se llegue a un acuerdo, habrá de fijarse una indemnización que incluya dos conceptos: la cantidad gastada por la constructora hasta el momento de la paralización de la obra y el lucro cesante, o cantidad que deja de ganar por el incumplimiento del compromiso de la Administración. La empresa debe probar lo que ha gastado en personal y material y el ministerio decide con qué cantidad debe resarcirle. Si la constructora no está de acuerdo, se solicita un dictamen al Consejo de Estado. Sin embargo, la resolución de este órgano independiente no vincula a la Administración, que decide de nuevo el importe de la indemnización. El único recurso que le queda entonces a la empresa es la vía judicial.

Los abogados especializados en Derecho Administrativo afirman que las constructoras no recurren las decisiones de los ministerios que más invierten en infraestructuras porque "no quieren morder la mano que les da de comer". Pero esto no es siempre cierto. En 2000, las concesionarias de autopistas, participadas entre otras empresas por las grandes constructoras, recurrieron, y ganaron, contra la decisión del Gobierno de congelar los peajes.

La paralización de las obras se produce en todo caso en el estadio inicial del trasvase. De los 913 kilómetros de tuberías, acueductos, sifones, túneles y estaciones de bombeo del trazado previsto sólo se estaba trabajando en 31,5 kilómetros del trazado.