La fiscalía del Constitucional pide que se reabra la comisión del 'Prestige'

La fiscalía del Tribunal Constitucional (TC) ha pedido a la Sala Primera que anule el acuerdo tomado hace un año por el pleno del Parlamento gallego, con los únicos votos favorables del PP, para disolver la comisión creada en la Cámara a fin de investigar la catástrofe del Prestige. El fiscal se declara partidario de conceder el amparo solicitado al TC por los diputados del PSdeG-PSOE.

El fiscal, José María Caballero, en un escrito firmado el 24 de febrero y conocido ayer, sostiene que los parlamentarios socialistas y nacionalistas tenían derecho a abandonar temporalmente la comi...

La fiscalía del Tribunal Constitucional (TC) ha pedido a la Sala Primera que anule el acuerdo tomado hace un año por el pleno del Parlamento gallego, con los únicos votos favorables del PP, para disolver la comisión creada en la Cámara a fin de investigar la catástrofe del Prestige. El fiscal se declara partidario de conceder el amparo solicitado al TC por los diputados del PSdeG-PSOE.

El fiscal, José María Caballero, en un escrito firmado el 24 de febrero y conocido ayer, sostiene que los parlamentarios socialistas y nacionalistas tenían derecho a abandonar temporalmente la comisión investigadora "como legítima medida de presión política para forzar la comparecencia de ciertos cargos públicos".

En diciembre de 2002, entre oleadas de chapapote que azotaban la costa y una multitudinaria rebelión en la calle, el PP gallego accedió a crear una comisión parlamentaria de investigación sobre el siniestro del petrolero solicitada por los grupos opositores. La concesión de los populares gallegos desagradó al Gobierno, que prohibió a cualquiera de sus altos cargos y funcionarios comparecer ante la comisión. El PP gallego acató la medida pese a que los servicios jurídicos de la Cámara autónoma dictaminaron que no había impedimentos legales para solicitar el testimonio de representantes de la Administración del Estado. Cuando los populares se negaron también a reclamar la comparecencia de algunos cargos de la propia Xunta, socialistas y nacionalistas decidieron abandonar temporalmente la comisión.

El reglamento de la Cámara gallega sólo permitía disolver una comisión de esa índole cuando ésta finalizase sus trabajos o al terminar la legislatura. Ansiosos por dar carpetazo al asunto, aprovechando la postura de fuerza de PSdeG-BNG, los populares optaron por un procedimiento de urgencia. El presidente del Parlamento, el popular José María García Leira, dictó una resolución por la que ampliaba las causas previstas en el reglamento para disolver una comisión investigadora. Introducida la reforma, el PP impuso su mayoría absoluta para que el pleno acordase, el 5 de marzo del año pasado, dar por concluida la indagación.

Ese procedimiento ha sido el impugnado por la fiscalía del TC, que entiende que la presidencia del Parlamento gallego se excedió en sus atribuciones al aprobar una resolución que, en la práctica, suponía variar las reglas de funcionamiento de la institución. El ministerio público recuerda que los reglamentos parlamentarios cumplen una función "íntimamente ligada a la naturaleza representativa y al pluralismo político" y sólo pueden ser reformados mediante el acuerdo explícito del pleno de la Cámara. El fiscal alega que el abandono temporal de los diputados opositores tampoco justificaba cerrar la investigación, ya que sólo pretendía forzar a que se requiriese el testimonio de cargos públicos.