Fraude y delito (I)
Las recientes reformas fiscales, en renta y sociedades, creo que son buenas, aunque puedan introducirse mejoras, a la vista del nuevo Gobierno. Lo prudente es que tengan algún tiempo de asentamiento, puesto que hay alguna reforma que debería atacarse antes.
Mucho se ha criticado el delito fiscal y siempre hemos apoyado la lucha contra el fraude fiscal. Se ha avanzado y los funcionarios de la inspección de Hacienda (en general, muy profesionales) han hecho en los últimos años un esfuerzo encomiable: hay miles de expedientes bien investigados y fundamentados que han sido enviados a las fi...
Las recientes reformas fiscales, en renta y sociedades, creo que son buenas, aunque puedan introducirse mejoras, a la vista del nuevo Gobierno. Lo prudente es que tengan algún tiempo de asentamiento, puesto que hay alguna reforma que debería atacarse antes.
Mucho se ha criticado el delito fiscal y siempre hemos apoyado la lucha contra el fraude fiscal. Se ha avanzado y los funcionarios de la inspección de Hacienda (en general, muy profesionales) han hecho en los últimos años un esfuerzo encomiable: hay miles de expedientes bien investigados y fundamentados que han sido enviados a las fiscalías y a los juzgados.
Hay que hacer el inciso de que la legislación actual no facilita su labor. No permite que la inspección pueda practicar la liquidación, pueda sancionar y además cobrar los intereses de demora. Hay que recordar que el bien jurídico protegido es la Hacienda Pública y que se repare el perjuicio, pero nos hemos empeñado en judicializar miles de expedientes, lo cual ha llevado a colapsar las fiscalías y los juzgados (ya con exceso de trabajo). Por mucho que trabajen los fiscales no dan abasto y tampoco los juzgados.
La cifra de cuota defraudada puede superar los 1.200 millones, a la que habría que sumar las sanciones e intereses de demora
En la Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid (por cierto, la única especializada) hay sólo ocho fiscales, a los que hay que reconocer profesionalidad, esfuerzo y sacrificio, para más de 900 procesos (200 en diligencias de investigación y casi 700 judicializados). En Barcelona y Cataluña debe haber cifras similares. Situación que se repite en la Fiscalía Anticorrupción (con grandes y difíciles procesos) y en las fiscalías y juzgados del resto de España.
Es muy posible que la cifra de cuota defraudada supere los 1.200 millones de euros, a lo que habría que sumar las sanciones y los intereses de demora. ¿Cómo es posible que no se imponga el pragmatismo, se cumplan los principios constitucionales y se repare cuanto antes los perjuicios a la Hacienda Publica (que somos todos) ?
También se necesitaría adaptar con pragmatismo la legislación a la realidad económica y empresarial actual.