El Gobierno se defiende

El Consejo de Ministros acordó ayer desclasificar dos informes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) para tratar de demostrar que el Gobierno no mintió en sus informaciones sobre los atentados del 11-M. Es una decisión insólita. Cuando estaba en la oposición, el PP prometió desclasificar los papeles del antiguo Cesid relativos a la guerra sucia contra ETA, pero cuando llegó al Gobierno, en 1996, se echó atrás y sólo accedió a hacerlo cuando así se lo impuso un tribunal. Lo ahora desclasificado no revela ningún secreto de Estado, pero supone desplazar la responsabilidad del Gobierno ...

El Consejo de Ministros acordó ayer desclasificar dos informes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) para tratar de demostrar que el Gobierno no mintió en sus informaciones sobre los atentados del 11-M. Es una decisión insólita. Cuando estaba en la oposición, el PP prometió desclasificar los papeles del antiguo Cesid relativos a la guerra sucia contra ETA, pero cuando llegó al Gobierno, en 1996, se echó atrás y sólo accedió a hacerlo cuando así se lo impuso un tribunal. Lo ahora desclasificado no revela ningún secreto de Estado, pero supone desplazar la responsabilidad del Gobierno hacia su servicio secreto. El mensaje es: puede que nos equivocáramos al pensar que era ETA, pero la culpa fue del CNI. Lo mismo que han hecho Bush y Blair con sus servicios secretos respecto a las inexistentes armas de destrucción masiva.

El portavoz Zaplana argumentó que sería muy preocupante que los ciudadanos pensaran que su Gobierno les ha engañado. Lo sería, pero también lo es sembrar dudas sobre la competencia profesional del CNI cuando más necesarios son sus servicios. No tiene sentido polemizar sobre los datos concretos -de horario y demás- que contienen esos papeles; lo que se le ha reprochado al Gobierno no es haber defendido en un primer momento la tesis que señalaba a ETA, en consonancia con el CNI (y con casi todo el mundo), sino hacerlo con un énfasis intimidatorio impropio de un ministro que no tenía pruebas, aunque, por serlo de Interior, transmitía la impresión de tenerlas, y haber seguido avalando esa hipótesis como la más probable cuando había motivos obvios para cuestionarla.

Puede ser que el Gobierno no mintiera deliberadamente, pero, vista su gestión de la información en conjunto, sí cabe decir que siempre se equivocó a su favor: que todo lo que hizo, incluyendo el tipo de mensajes de los medios públicos y los contactos con directores de periódicos, tendía a alejar como "miserable" o indocumentada la posibilidad de que hubiera sido el terrorismo islámico. Es decir, una posibilidad que podía afectar a las expectativas electorales del PP. La forma unilateral como el Gobierno planteó la respuesta, sin ni siquiera pensar en una reacción consensuada con los líderes de la oposición, alimentó la sospecha de que trataba de capitalizar de manera sectaria la indignación contra los terroristas.

Los papeles del CNI no pueden sustituir a un reconocimiento por parte del Gobierno de su propia responsabilidad en la creación de ese estado de ánimo. La desclasificación autoexculpatoria proyecta la imagen, no nueva, de un Gobierno que hasta el final se niega a responder de sus actos y busca quien lo haga por él.