¿Quién da más?

Gane quien gane las elecciones, los ciudadanos disfrutarán de rebajas en el impuesto de la renta de las personas físicas (IRPF); de más ordenadores en las escuelas; de esperas más cortas en los hospitales; de más policías y más guardias civiles en las calles; del carné de conducir por puntos; de más horario escolar; de más ayuda a ancianos... Los programas que han defendido Mariano Rajoy, del PP, y José Luis Rodríguez Zapatero, del PSOE, coinciden en numerosas propuestas para elevar el bienestar social de los ciudadanos y difieren en otros aspectos fundamentales respecto a la organización terr...

Gane quien gane las elecciones, los ciudadanos disfrutarán de rebajas en el impuesto de la renta de las personas físicas (IRPF); de más ordenadores en las escuelas; de esperas más cortas en los hospitales; de más policías y más guardias civiles en las calles; del carné de conducir por puntos; de más horario escolar; de más ayuda a ancianos... Los programas que han defendido Mariano Rajoy, del PP, y José Luis Rodríguez Zapatero, del PSOE, coinciden en numerosas propuestas para elevar el bienestar social de los ciudadanos y difieren en otros aspectos fundamentales respecto a la organización territorial o la política de empleo. Lo que sigue resume las diferencias y similitudes de ambos programas y la opinión de los expertos sobre las principales propuestas.

La tercera reforma fiscal que vivirá el país en poco más de ocho años estará marcada por los incentivos al ahorro y a la inversión, y la mejora de trato fiscal a las familias con personas dependientes a su cargo, o con más de dos hijos. Las familias no serán las únicas beneficiadas: PP y PSOE se comprometen a rebajar el Impuesto de Sociedades, en una cuantía aún sin determinar por el PP, y cercana a los cinco puntos en el caso del PSOE. Los socialistas redondean su propuesta con la creación de un IVA reducido para algunos productos culturales y los alimentos básicos.

Las propuestas fiscales del PP y del PSOE no han sido muy bien acogidas por los sindicatos. Los líderes de UGT y Comisiones Obreras (CC OO) están molestos porque consideran que estas medidas tendrán como resultado un descenso considerable de los ingresos para las arcas del Estado, que, se temen, podría ser compensado con una subida de los impuestos indirectos (los que paga toda la población independientemente de sus ingresos). CC OO ya expresó sus reservas a los socialistas cuando éstos les presentaron sus iniciativas en materia fiscal, y siempre se han mostrado críticos con la política laboral del Gobierno del PP.

Toni Ferrer, secretario de Acción Sindical de UGT, considera que las propuestas del PP representan la continuidad de unas políticas, "que ya nos ha hecho perder siete puntos en gasto social", y espera que el PSOE garantice, si llega al Gobierno, la equidad, la progresividad y la suficiencia.

La declaración de intenciones de ambos partidos en materia social y de empleo se centra en potenciar las guarderías y el apoyo a la natalidad a través de ayudas y deducciones a las madres y a las empresas que las contraten. La máxima es la conciliación de la vida familiar y el trabajo. Los socialistas quieren que los padres dispongan de un permiso de dos semanas, al margen del que ya disfrutan las madres. El PP contempla exenciones para las empresas que ayuden a sus empleados a costear los gastos de los centros de educación infantil.

En cuanto al mercado de trabajo, tanto el PP como el PSOE están de acuerdo en que los trabajadores prolonguen, si lo desean, su vida laboral más allá de los 65 años. Aunque los socialistas establecen como asunto de máxima urgencia la reducción de la temporalidad de los contratos y el aumento del salario mínimo interprofesional. Frente a estos propósitos de aportar más calidad en las contrataciones, el PP se inclina por medidas más efectistas. Su objetivo es la cantidad: dos millones de empleos en cuatro años.

Las urnas decidirán quién va a dictar las políticas de vivienda y quién tendrá que enfrentarse a los principales problemas del mercado inmobiliario: el precio del suelo, la escasez de vivienda en alquiler y el raquítico porcentaje de vivienda protegida.

Las fórmulas de cada uno de los partidos para amortiguar el auge de precios en el mercado inmobiliario son valoradas por las asociaciones del sector de forma positiva, pero alertan de que para conseguirlo hay que atacar el problema de raíz y cuanto antes. Eso implica, según José Manuel Galindo, secretario general de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid, "que se tomen medidas para que las administraciones locales dejen de financiarse con la venta de terrenos edificables, y que se potencien las políticas de apoyo al alquiler frente a la compra".

"Si a la política de precios máximos de las viviendas protegidas, que no dan para cubrir los costes, le sumas el precio del suelo el resultado está servido: la construcción de VPO no representa ni un 10% del total", asegura Orencio Osuna, secretario general de la Asociación de Gestores de Cooperativas y Comunidades de Viviendas.

El único apartado que no ha sido objeto de las críticas del contrincante es el de Sanidad. Simplemente porque las propuestas más destacadas son tan similares, que un ataque a las promesas del oponente significaría tirar piedras sobre su propio tejado. Hay coincidencia en los plazos para atajar las listas de espera para algunas prestaciones concretas, en nuevos servicios de atención bucodental, en las facilidades para los enfermos crónicos y en algunos aspectos relacionados con la reproducción asistida. Como las competencias están cedidas a las autonomías, habrá que saber cómo se financiarán y si éstas tienen capacidad para asumir el coste de los buenos deseos. Patricio Jiménez, presidente de la Confederación de Sindicatos de Médicos, cree que son promesas exageradas y de imposible cumplimiento "al menos hasta que se aumente el gasto sanitario en dos o tres puntos del PIB" (Producto Interior Bruto). Desde su punto de vista, no hay ni infraestructura, ni medios, ni personal suficiente.

Si se pregunta a las asociaciones del ramo si son necesarios más policías y guardias civiles para garantizar la seguridad ciudadana, la respuesta es sí, pero no. El Sindicato Unificado de Policía (SUP) y el Sindicato Unificado de Guardias Civiles (SUGC) están de acuerdo en que aumentar el número de agentes puede surtir efecto en el electorado, pero no es una prioridad. Para garantizar la seguridad, indican, sólo habría que cubrir las plazas que quedan vacantes cada año (de 3.000 a 3.500). Los dos sindicatos coinciden en que hay agentes de sobra, pero están mal distribuidos: "faltan en las ciudades y sobran en otros sitios". Lo que sí consideran efectivo y urgente es trabajar por una mayor coordinación, que desemboque a medio plazo en la unificación efectiva de ambos cuerpos, de forma que se termine con lo que consideran un sinsentido: "dos cuerpos y dos estructuras en abierta competencia".

La presente legislatura ha terminado con un mal trago. El PSOE acusó al PP de instrumentalizar el Pacto de Estado de la Justicia, que nació con vocación de agilizar los procesos, modernizar la Justicia y despolitizar la vida judicial, y decidió abandonarlo. Al margen de propuestas de ambos partidos de aumentar el número de jueces, la polémica se ha centrado en la propuesta socialista de convertir a los tribunales superiores de justicia autonómicos en la última instancia procesal en su ámbito territorial, y limitar el papel del Supremo a la unificación de doctrina. Una medida fuertemente criticada desde el PP, que sí acepta algunas reformas en el Tribunal Supremo para agilizar los tiempos de respuesta de los recursos de amparo.

Tampoco hay consenso entre las dos principales asociaciones judiciales. La Asociación Profesional de la Magistratura (mayoría y conservadora) cree que si se aplica este modelo se pueden originar desigualdades a la hora de impartir justicia. Su portavoz, José Manuel Suárez, asegura que "no se entendería que en lugares distintos, ante las mismas situaciones, haya sentencias totalmente dispares". Una opinión que no comparte Miguel Carmona, portavoz de Jueces para la Democracia (progresista): "Los tribunales de justicia autonómicos son órganos del Estado, y, por tanto, garantizan la igualdad, y además, para eso estaría el Supremo, para vigilar que esas situaciones no se produjeran".

Unas 4.000 personas perdieron la vida en las carreteras en 2003. Para rebajar la siniestralidad, el PP y el PSOE incluyen en sus programas medidas para mejorar la seguridad vial, entre las que destaca el establecimiento de un carné por puntos. Este sistema se aplica con éxito en otros países europeos. Diego Azúa, portavoz del Real Automóvil Club de España, considera que el nuevo sistema será efectivo: "La medida tendrá como consecuencia un cambio de percepción del conductor, que será más consciente de lo que se juega cuando infringe las normas de tráfico. Sin embargo, asegura, "todavía queda por saber cómo se van a establecer las equivalencias entre infracciones y puntos, y qué modelo se puede implantar".

Las competencias están cedidas a las comunidades, salvo en el caso de Ceuta y Melilla. La intención del PP es desarrollar las leyes aprobadas en la pasada legislatura (la Ley de Calidad y la Ley Orgánica de Universidades). El PSOE quiere hacer una reforma de las mismas, contando con todas las partes. Pero, a tenor de las medidas de ambos partidos, gane quien gane, los alumnos serán esolarizados desde los 3 años, estudiarán otros idiomas, no tendrán problemas para enfrentarse a las Nuevas Tecnologías y tendrán más oportunidades para estudiar en otros países.